Ante críticas, sector cooperativo sale a “educar” sobre su aporte con reforma fiscal

El sector cooperativista salió a defenderse por cuestionamientos, en torno a lo que las cooperativas pagan en impuestos y a cuánto deberían ser gravadas en el proyecto de reforma fiscal, que discute la Asamblea Legislativa.

El Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) aseguró que existe una "campaña de desinformación" por parte de "enemigos históricos del movimiento cooperativo", sobre los aportes que del sector. Por esa razón lanzaron una "estrategia de educación". La semana pasada el órgano decidió que el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (Cenecoop) ejecutará la campaña.

"El sector cooperativo no plantea defenderse del Plan Fiscal, dado que se llegó a un acuerdo con el Gobierno para que las cooperativas paguen más, pasando de ¢8.200 millones en el 2017 a ¢20.000 millones en el primer año de la aplicación de la ley", aseguró Conacoop en un comunicado de prensa.

Aunque el proyecto de plan fiscal establecía una obligación para que las cooperativas pagaran rentas como empresas o pequeñas empresas, según su giro de negocios, el gobierno de Carlos Alvarado cedió a la pretensión del sector y finalmente las excluyó. Sin embargo los asociados que integran las cooperativas sí tendrán que pagar una renta por la inversión o los ahorros que realicen en ellas.

Desde el Congreso surgieron voces contra este pacto, como la de la diputada de Liberación Nacional, Yorleni León, quien señaló al Ministerio de Hacienda. La jerarca Rocío Aguilar afirmó que la exclusión obedeció a que era "políticamente inviable", e incluirlas hubiese significado prácticamente quedarse sin plan fiscal.

Conacoop recordó que la negociación se dio en agosto. "En los últimos días se ha desarrollado una campaña de desinformación con el propósito de afirmar falsamente que las cooperativas no realizan ningún pago sobre sus excedentes con la omisión, de que con este Plan Fiscal, se pagaría más con el afán de contribuir en la mejora de las finanzas públicas", señaló.

El pasado 10 de setiembre la comisión legislativa que analiza el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (expediente 20.580) acordaron que los excedentes o utilidades de asociaciones solidaristas y cooperativas pagarán un 10%. Pero inician con una tarifa del 7% y llegan a 10% en 3 años. Hoy pagan 5%.

"Con el proyecto se duplica el aporte por excedentes y se crea un nuevo impuesto que gravará a los certificados de ahorro cooperativo. Ambos impuestos se aplicarán de manera progresiva. Estos nuevos impuestos harán que pasemos de ¢8.200 millones por excedentes en el 2017 a ¢20.000 millones el primer año de aplicación de la Ley", reiteraron los cooperativistas liderados por este órgano rector.

Pulso en el Congreso

Según el grupo, la campaña tiene busca "educar y evitar la desinformación". Es pagada por cooperativas costarricenses. "El cooperativismo siempre ha sido solidario y que nuestro interés es contribuir al bienestar de todos los que vivimos en Costa Rica", justificaron. Aprovecharán redes sociales, medios de prensa y sus propias redes para informar.

El Partido Acción Ciudadana (PAC) ya anunció que no dará el brazo a torcer y se mantendrá firme en que no se le cobre renta a las cooperativas. Pero en el Plenario podrían venir cambios.

Varios diputados han estado promoviendo que el cobro sea incluido en esta última etapa de discusión del proyecto en el plenario legislativo. La socialcristiana Maria Inés Solís preparó una moción para establecer el cobro. El sector mantiene fuertes movimientos y lobby para evitarlo.

Las cooperativas también están obligadas por ley, a constituir reservas y a pagar cargas parafiscales anualmente del orden del 25,5% de sus excedentes de operación.

"Debilitar a las cooperativas nacionales, sin duda, tendrá un impacto importante en indicadores socioeconómicos como empleo, producción, salud, vivienda, ahorro y educación", aseguró Conacoop.

Tiempos convulsos para el cooperativismo

Durante más de un año el cooperativismo ha sido sacudido por denuncias, revelaciones de posible corrupción y desórdenes en el manejo, tanto de fondos para cooperativas como en el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop).

El 26 de marzo del año pasado, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron allanamientos y detuvieron a líderes del sector.

La Fiscalía mantiene abierta una investigación que involucra a 6 miembros de diferentes organizaciones del sector cooperativista. El caso tiene como imputados a Freddy González Rojas, expresidente de Infocoop y exsecretario del Conacoop; Milton Siles Zúñiga, presidente de Coodepas; Rómulo León, presidente de Cooprena y Alfredo Rojas Durán, quien fungía como gerente de financiamiento de Infocoop; Rosyerene Rodríguez, directora ejecutiva de Onward Costa Rica y Álvaro Gómez Ferreto, exgerente general de Coocafé.

Según los señalamientos de la Fiscalía, informados tras las detenciones, los sospechosos habrían manipulado elecciones, hicieron reformas irregulares de reglamentos y falsificaron de actas "para lograr la manipulación de nombramientos en Infocoop y el Conacoop, con lo cual tuvieron el control para el otorgamiento de créditos millonarios".

En junio pasado la administración de Carlos Alvarado decidió ampliar la intervención sobre Infocoop, hasta junio del 2019. En diciembre del 2017, empresarios y líderes del sector y de Conacoop, atacaron al entonces gobierno de Luis Guillermo Solís por la intervención.

En diciembre de este año comenzará a regir un acuerdo del Consejo de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), con el cual la supervisión de unas 38 cooperativas de ahorro y crédito dejaría de estar únicamente en manos del Infocoop y pasará a ser un asunto de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

La decisión fue tomada tras razonar que existe una creciente demanda de los asociados de esas entidades por facilidades crediticias que ha motivado cambios en sus estrategias de financiación.