No hay responsables y en la Fiscalía, durante 5 años, todo sigue en "etapa de investigación"

Caso de la trocha: ¿y los responsables?

mayo 10, 2016   12:02 am | Pablo Rojas [email protected]
  • Sustento de emergencia nacional fue rechazado por la CIJ
  • "Posiblemente constituya el saqueo más grande en cuanto a finanzas públicas", dice académico

Si ya de por sí la ruta nacional 1856 –conocida como trocha fronteriza- es una de las obras más polémicas de los últimos gobiernos, el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) reafirmó que fue una carretera planeada sin contemplar eventuales daños ambientales y hecha sin una verdadera emergencia, como lo justificó en su momento el gobierno de Laura Chinchilla Miranda (2010-2014).

A la fecha, se han gastado miles de millones de colones en el camino que es prácticamente intransitable y la Fiscalía no ha sido capaz de señalar a uno solo de los responsables del despilfarro.

El regocijo por el triunfo tico que garantizó la soberanía de Isla Portillos y la ausencia de daños ambientales en territorio nicaragüense por la construcción de la vía, cuyo costo final se trazó en 50 mil millones de colones, se empañó luego de que la CIJ subrayara inconsistencias en el decreto de emergencia. Con ello, un país que se hace llamar ‘amigo del ambiente’ obvió un requisito vitalFallo CIJ AQUÍ

“No se ha presentado evidencia de hostilidades en el Río San Juan (…) la Corte considera que, en las circunstancias de este caso, Costa Rica no ha demostrado la existencia de una emergencia que justificara la construcción de la carretera sin la realización de una evaluación de impacto ambiental (…) Además, cuando Costa Rica se embarcó en la construcción de la carretera, la situación en el territorio en disputa estaba ante este Tribunal, que poco después emitió medidas provisionales. (…) Costa Rica no ha mostrado una amenaza inminente de confrontación militar en las regiones atravesadas por el camino. Por último, el Tribunal señala que el Decreto Ejecutivo proclamar una emergencia fue emitida por Costa Rica el 21 de febrero de 2011, después habían comenzado las obras en la carretera”. Fallo de la Corte Internacional de Justicia, Diciembre 2015 

Pone a los 2 Estados en orden con cosas que podemos llamar ‘ocurrencias’. La primera fue Edén Pastora que se ubicó en un territorio que no le correspondía con base en un mapa de Google Earth y la segunda ocurrencia fue haber construido la trocha sin ningún tipo de estudio. Hay algo muy grave: se condena a Costa Rica porque nunca se acredita la existencia de una emergencia que exima a las autoridades de los estudios pertinentes”, indicó Nicolás Boeglin, académico y profesor de Derecho Internacional.

El fallo desnudó los argumentos del gobierno de Chinchilla para construir la obra. “Es un proyecto que posiblemente constituya el saqueo más grande en cuanto a finanzas públicas. Sin emergencia, no hay como justificar que se haga una trocha. Ni se sabe quién sugirió su construcción”, dijo. ¿Y los responsables? Siguen sin aparecer.

Fiscalía en deuda

Boeglin señaló al Ministerio Público por la impunidad existente en este y otros casos que tienen que ver con presunta corrupción. “Se archivan o toman demasiado tiempo para presentar una acusación penal (…) En ese caso que involucra altos funcionarios, puede pasar algo similar”, agregó.

Desde hace más de 3 años las Fiscalía realizó allanamientos a las empresas involucradas en el caso, así como al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) con la “intención” de investigar las supuestas irregularidades y definir quiénes eran los responsables del despilfarro de fondos públicos en un proyecto mal hecho y sin sentido. Pese a eso, los documentos siguen en manos de la Fiscalía sin que haya logrado resolver el caso. A la fecha todo sigue en “etapa de investigación”.

Mauricio Álvarez, de la Federación Ecologista de Costa Rica (Fecon), dijo que Chinchilla y René Castro, excanciller y exministro de Ambiente y Energía, deberían responder ahora por ‘irrespetar’ la soberanía natural al no contemplar impactos ambientales.

“Cuando interpusimos un recurso de inconstitucionalidad (por este tema) se nos trató como traidores y ahora la CIJ nos dio la razón. Es un precedente para disociar los estudios de impacto ambiental de la planificación de todas las obras de infraestructura. Hoy la trocha no existe y somos señalados por no respetar leyes internacionales”, expuso Álvarez.

Álvaro Sagot, abogado-ambientalista, secundó lo dicho por Álvarez y manifestó que Chinchilla y Castro deben rendir cuentas por su actuar durante la gestión para enfrentar este conflicto. “Por esa situación, tanto el decreto de emergencia, como en el inicio del conflicto, ambos están involucrados“, referenció.

Conavi y sus planes

La oficina de prensa del Consejo Nacional de Vialidad -Conavi- dijo que están trabajando por secciones y que tenían contemplada la pronta colocación de puentes modulares, iniciando primero en Chorreras.

Esto se complementaría con estabilización de los taludes, construcción de alcantarillas y la elaboración de cunetas.

Según explicaron, como es una ruta ‘tan larga’ se optó por dividirla en 5 tramos para su reparación y las labores antes mencionadas están proyectadas para concretarse primero en la sección I.

A marzo anterior, restaban por ejecutar unos 5.932 millones de colones correspondientes al Fondo Nacional de Emergencia para la construcción de la carretera. Dicho fondo está vigente desde 2011 y hasta 2016. El Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno se puso como meta cumplir la rehabilitación del 40% de la ruta.

Mientras eso sucede, las investigaciones en el Ministerio Público y en la Procuraduría General de la República (PGR) siguen con un rumbo incierto y no existe un plazo determinado para su finalización.

La pasada administración estimaba que para finalizar la vía se requerían de 50 mil millones de colones.[/learn_more]

“El mismo sentir de hace 3 años”

Para Mario Cambronero, vecino de Chorreras de Cutris de San Carlos, la trocha representa un sueño inconcluso, que suma años con la ilusión apagada. Muchos de sus puentes no se pueden transitar a pie o caballo, mucho menos en carros.

“Hay partes donde pusieron los contenedores, que no tienen paso u otros un paso momentáneo (…) Se rescata solo un puente ‘bailey’ que pusieron, el resto todo se está cayendo (…) El sentir es el mismo de hace 3 años, cuando la maquinaria abandonó los trabajos, de que la plata se está malgastando“, reveló Mario Cambronero, vecino de Chorreras, en una entrevista concedida en agosto anterior.

La desazón sigue: “Camino a Boca San Carlos ni tan siquiera a caballo se puede pasar. De Chorreras hacia ahí se puede pasar por un puente peatonal que pusieron por un recurso de amparo, de ahí para abajo no hay camino y los vecinos tienen que jugársela a como puedan: pasar las bestias haladas, se quedan en los pegaderos, el ganado tiene que pasar nadando y prácticamente no hay camino“.

Caso judicial en deuda

La ruta apagó la ilusión de los vecinos. Archivo CRH

La ruta apagó la ilusión de los vecinos. Archivo CRH

El expediente judicial que investiga irregularidades en la construcción de la ruta cumplirá 4 años. Sin una acusación planteada hasta la fecha y –tampoco- sin determinar el perjuicio económico que sufrió el Estado con la malograda obra.

El Ministerio Público confirmó que recibieron 5 informes de la Sección de Delitos Económicos del OIJ y otros 5 de la Sección de Fraudes de esa misma policía.

A partir de los informes presentados deberán realizarse algunas diligencias de investigación. Se sigue trabajando en la revisión de evidencia y análisis detallado de los informes contables, prueba testimonial y material e informes de la Sección de Fraudes del OIJ. Hay 44 personas imputadas”, expresó esa entidad.

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