El Banco Central cree que habría un debilitamiento de la banca estatal. CRH.
El Banco Central de Costa Rica (BCCR) dio la espalda al proyecto de Ley de Pensión Universal Solidaria, que pretende dar un aporte económico a los adultos mayores de 65 años, que no tengan acceso a ninguno de los regímenes de jubilación, pues el ente emisor considera que pondría en desventaja a la banca estatal.
El proyecto valorado en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa propone financiar este nuevo fondo con un 10% anual de las utilidades de todos los bancos públicos del Estado, el cual sería administrado por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
El monto establecido para dicha pensión y sus reajustes serían iguales al 60% del salario mínimo que rige del decreto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, según plantea la iniciativa.
La Junta Directiva del BCCR considera que este plan iría en contra del artículo 2 de la Ley para Pomover un Sistema de Intermediación Financiero Estable, Eficiente y Competitivo.
La determinación se toma luego de que la División Económica del Banco Central señaló que la aprobación de un nuevo uso o destino para las utilidades de los bancos estatales implicaría una reducción del monto disponible para incrementar el capital; lo cual podría no solo ponerles en desventaja con respecto a otras entidades bancarias, sino eventualmente afectar negativamente su desempeño, con posibles incidencias sobre la estabilidad del sistema financiero.
Anteriormente, la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) había externado que la forma de financiamiento del nuevo sistema, no era acertada e incluso habló de un riesgo a largo plazo con el financiamiento, ya que las utilidades de la banca no representan una base constante y creciente.
“El Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, ha incurrido en numerosas deficiencias en su gestión, hechos que son públicos y notorios, por lo que el traslado de nuevas responsabilidades a la CCSS, incrementaría indudablemente el riesgo operacional; no hay evidencia de la viabilidad técnica del nuevo régimen ya que no se analizan variables económicas, financieras, demográficas, actuariales y de gestión”, consideró la SUPEN.
Comentarios