Buscan dar inmunidad a jerarcas de la Defensoría: “Hay que cubrir institución del discurso autoritario”

 

Un grupo de once diputados presentó un proyecto de ley que pretende elevar a rango constitucional a la Defensoría de los Habitantes y otorgar al defensor y al defensor adjunto las mismas inmunidades y prerrogativas que tienen los jerarcas de los demás Supremos Poderes de la República.

Según el proponente principal, el diputado liberacionista Danny Vargas Serrano, la intención es proteger a la Defensoría y a sus autoridades del "discurso autoritario" que —afirma— desde el Poder Ejecutivo ha golpeado a otras instancias democráticas, como la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República y, más recientemente, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Vargas argumentó que en la mayoría de los países del mundo la figura de la Defensoría de los Habitantes tiene rango constitucional, lo que permite blindar su independencia institucional.

"Es importante que se permita a la Defensoría tener esa independencia y autonomía, y darle protección, máxime en épocas en las que se escuchan discursos autoritarios que enfrentan a los poderes y a los frenos y contrapesos, y que desafían todo lo que representa autoridad", expresó Vargas.

La iniciativa, tramitada bajo el expediente 25.261, propone incluir tres párrafos en el artículo 48 de la Constitución Política para reconocer a la Defensoría como un órgano independiente adscrito a la Asamblea Legislativa.

El proyecto busca establecer en la Constitución el nombramiento, periodo, reelección e inmunidad del jerarca y su adjunto, así como fijar la potestad de la Asamblea Legislativa para removerlos. Además, mantiene las condiciones legales vigentes de que tanto el nombramiento como la remoción se realizarán por mayoría absoluta del total de diputados, con periodos de cuatro años y una única reelección consecutiva.

"Si una parte de las competencias exclusivas y excluyentes constitucionalmente asignadas al Poder Legislativo —como la de control— le fue encargada a la Defensoría de los Habitantes mediante su función tutelar de legalidad y defensa de derechos humanos, la consecuencia lógica es que el órgano que ejerce parte de esas funciones constitucionales también ostente rango constitucional", señala la exposición de motivos del proyecto.

Además de Vargas, la iniciativa fue firmada por los liberacionistas Katherine Moreira Brown, Óscar Izquierdo Sandí, Kattia Rivera Soto, Alejandra Larios Trejos, Rosaura Méndez Gamboa y Paulina Ramírez Portuguez; la jefa del Frente Amplio, Rocío Alfaro Molina; el jefe de la Unidad Social Cristiana, Alejandro Pacheco Castro; y las diputadas independientes María Marta Padilla Bonilla y Johana Obando Bonilla.

Alfaro coincidió en que el plan busca proteger a la Defensoría, pero destacó que también pretende fortalecer su capacidad de respuesta ante las demandas ciudadanas.

"La Defensoría tiene un papel democratizador; se constituye como una herramienta de defensa de la ciudadanía. Brindarle rango constitucional es protegerla de los vaivenes políticos, pero también permitir exigirle mayor capacidad de respuesta ante las necesidades de la gente", señaló Alfaro.

Por su parte, Pacheco afirmó que el objetivo es que quien ejerza el cargo de defensor o defensor adjunto pueda trabajar sin temor.

"Es un proyecto importante. Si le damos rango constitucional a la Defensoría, la entidad no quedará a merced del gobierno de turno. Es vital otorgar inmunidad al defensor para que pueda denunciar sin miedo", indicó.

Trámite distinto

El procedimiento para tramitar una reforma constitucional es distinto al de un proyecto de ley ordinario en la Asamblea Legislativa.

Estas iniciativas solo pueden presentarse durante el periodo de sesiones ordinarias y deben contar con al menos diez firmas de respaldo.

La propuesta debe leerse tres veces en el plenario durante un mismo cuatrienio, tras lo cual se vota su admisión para estudio. Una vez admitida, se requiere de 38 votos para conformar una comisión especial encargada exclusivamente de analizar el proyecto.

Esa comisión emitirá un dictamen al plenario, que deberá discutirlo y votarlo en primer debate de primera legislatura. Si el proyecto se aprueba, debe enviarse en consulta obligatoria a la Sala Constitucional.

Superada la consulta, la propuesta se vota en segundo debate de primera legislatura, sin importar si ambos debates coinciden en la misma legislatura.

Posteriormente, el proyecto se remite a la Presidencia de la República, para que sea incluido en el mensaje sobre el Estado Político de la Nación que se presenta al inicio de cada legislatura.

Finalmente, el texto debe discutirse y aprobarse en tres debates, los cuales pueden realizarse dentro de una misma legislatura.