Candidatos a diputados chavistas acumulan 50 causas penales; Marta Esquivel tiene 14 denuncias
Marta Esquivel llega a Tribunales para audiencia de medidas cautelares
Un grupo de los candidatos a diputados ya oficializados por el chavista Partido Pueblo (PPSO) acumulan un total de 50 causas penales abiertas ante el Ministerio Público.
Así lo confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público a CR Hoy.
Dentro de los aspirantes con causas en investigación figuran 10 exjerarcas del Gabinete de Rodrigo Chaves, exdirectivos imputados en el Caso Barrenador, el abogado personal del presidente Chaves y un "influencer".
La lista la lidera Marta Esquivel Rodríguez, expresidenta de la CCSS y candidata a diputada por el primer lugar de Heredia, con 14 causas penales en investigación; le sigue el exministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, y la exministra de Educación, Anna Katharina Müller Castro.
Entre los investigados, en la Fiscalía General y la Fiscalía Adjunta de Probidad Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) están:
Marta Esquivel Rodríguez, expresidenta de la CCSS, exministra de Mideplán y candidata a diputada por el primer lugar de Heredia, con 14 causas penales:
- 5 por Nombramientos ilegales
- 3 por Incumplimiento de deberes
- 2 por Prevaricato
- 1 por Tráfico de Influencias
- 1 por Malversación
- 1 por Peculado
- 1 por Abuso de autoridad
Nogui Acosta Jaén, exministro de Hacienda y aspirante a una curul por el primer lugar de San José, cuenta con 11 acusaciones penales:
- 3 por Influencia contra la Hacienda Pública
- 3 por Prevaricato
- 2 por Nombramientos ilegales
- 1 por Incumplimiento de deberes
- 1 por Fraude a la Hacienda Pública
- 1 por Apropiación y retención indebida
Anna Katharina Müller Castro, exministra de Educación y candidata por el sexto lugar de San José, con 8 causas abiertas:
- 3 por Nombramientos ilegales
- 3 por Incumplimiento de deberes
- 1 por Peculado
- 1 por Tráfico de influencias
Stephan Brunner Neibig, exprimer vicepresidente y aspirante por el tercer lugar de San José, con 5 causas abiertas:
- 1 por Recepción de contribuciones privadas ilegales (remitida a la Sala Tercera)
- 2 por Tráfico de influencias
- 1 por Recepción de contribuciones privadas ilegales
- 1 por Incumplimiento de deberes
José Miguel Villalobos Umaña, abogado del presidente Rodrigo Chaves y primer lugar por Alajuela, con 1 causa penal:
- 1 por Abuso de autoridad
Robert Barrantes Camacho, influencer conocido como "Robert Junior", candidato por el segundo lugar de Cartago. Cuenta con 2 causas penales abiertas:
- 1 por Abuso de autoridad
- 1 por Peculado
Royner Mora Ruiz, exministro del Deportes y aspirante por el primer lugar de Puntarenas. Tiene dos causas abiertas:
- 1 causa por Prevaricato
- 1 por Tráfico de influencias
Esmeralda Britton González, expresidenta de la Junta de Protección Social (JPS) y candidata por el octavo lugar de San José:
- 1 causa penal por Administración irregular
Cindy Quesada Hernández, exministra de la Condición de la Mujer y candidata suplente por Cartago. Tiene 1 causa penal:
- 1 causa por prevaricato
Juan Manuel Quesada, expresidente ejecutivo del AyA y aspirante por el segundo lugar de Heredia:
- 1 acusación penal por Tráfico de influencias
Nayuribe Guadamuz Rosales, exministra de Cultura y candidata por el primer lugar por Guanacaste. Con una causa abierta:
- 1 por Nombramientos ilegales
Raúl Zamora Trejos, candidato por el onceavo lugar por San José:
- 1 por Artículo 273 del Código Electoral (Financiamiento Partidario)
María Isabel Camareno Camareno, exdirectiva de la CCSS, imputada en el Caso Barrenador, y aspirante por el segundo lugar de Puntarenas:
- 1 causa por Tráfico de influencias
Osvaldo Artavia Carballo, expresidente del Inder y primer lugar por Limón:
- 1 acusación penal por Tráfico de influencias
Financiamiento electoral indebido
Stephan Brunner, ahora ex primer vicepresidente de la República, figura en varias causas abiertas en la Fiscalía General, incluyendo el expediente 22-000210-0276-PE por presuntos delitos electorales relacionados con el financiamiento de la campaña presidencial de Rodrigo Chaves, bajo la bandera del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
El pasado 23 de junio, el fiscal general Carlo Díaz Sánchez presentó la acusación formal contra Brunner, Chaves, el canciller Arnoldo André, y tres diputados oficialistas: Julio "Waldo" Agüero, Luz Mary Alpízar y Paola Nájera.
El informe preliminar elaborado por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP) atribuyó posibles delitos por la utilización de dos estructuras paralelas —ajenas al PPSD— para gestionar fondos de campaña. Una de ellas fue el fideicomiso Costa Rica Próspera, vinculado a ATA Trust Company S.A., empresa asociada al canciller André Tinoco. La otra estructura habría sido operada por el empresario Jack Loeb y Sofía Agüero Salazar, exasistente de Chaves e hija del diputado Agüero.
Brunner también fue cuestionado por promover una millonaria póliza de riesgos para altos jerarcas del Gobierno, conocida como la "póliza de la vergüenza", gestionada con el Instituto Nacional de Seguros (INS) por más de ₡248 millones anuales, a través del Ministerio de Hacienda. La Procuraduría General dictaminó que correspondía a la Contraloría General de la República (CGR) resolver sobre su legalidad.
Caso Barrenador
Marta Esquivel fue nombrada como ministra de Planificación
La exministra de Planificación (Mideplan), Marta Esquivel Rodríguez, es imputada en el Caso Barrenador, relacionado con supuestos contratos con sobreprecios entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y cooperativas privadas para la administración de 138 Ebáis.
Esto ocurrió cuando Esquivel presidió la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y su junta directiva.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) investiga los delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. El 23 de septiembre de 2023 se realizaron 28 allanamientos y 8 detenciones, incluyendo a Esquivel, entonces presidenta ejecutiva de la CCSS.
El 10 de octubre, el Juzgado Penal de Hacienda la suspendió del cargo por seis meses, medida que se prorrogó por un año más. Pese a esto, fue nombrada como ministra por el presidente Chaves, quien le otorgó inmunidad al integrarla al gabinete. Esta inmunidad quedó sin efecto tras su renuncia.
Mega caso fiscal
El exministro de Hacienda, Nogui Acosta, enfrenta un proceso judicial por haber sustentado el llamado "megacaso fiscal" contra el empresario Leonel Baruch Goldberg en información proveniente de la red social TikTok.
En junio de 2023, ante una interpelación en la Asamblea Legislativa, Acosta admitió que la denuncia por evasión fiscal contra la empresa Beta Matrix S.A. se basó, en parte, en un video de esa plataforma. Inicialmente, había declarado que la denuncia llegó por canales anónimos en el sistema digital de Hacienda, sin mencionar la red social.
Además, Hacienda omitió que ya existía un informe previo en donde el caso era desestimado, e incluso se comprobaba que no existía ningún delito tributario qué perseguir, así como que existía una solicitud de desestimación.
Allanamientos
Esmeralda Britton González.
Esmeralda Britton González, expresidenta de la Junta de Protección Social (JPS), figura como investigada en el caso que provocó los allanamientos en la institución estatal el 31 de enero de 2024.
Además de Britton, están siendo investigados Fernández López, Torres Marín, Alcázar Román, Díaz Miranda, Villalobos Ocampo, Chaves Murillo, Ortiz Sánchez, Bustamante Venegas, Robleto Jiménez, Solano Chinchilla, Quesada Varela y Canales Guillén.
La FAPTA dirigió un allanamiento en las instalaciones de la Junta de Protección Social como parte de la investigación que se tramita en el expediente 20-000116-0175-PE.
Específicamente se procedieron a realizar diligencias en la Secretaría de Actas, el Archivo Central y el Departamento de Informática.
De acuerdo con el Ministerio Público, se investigan presuntos delitos de legislación o administración en provecho propio, así como también supuestos casos en contra de la Hacienda Pública.
Cuestionado en el AyA
Juan Manuel Quesada, expresidente del AyA, recibió cuestionamientos por empleados de la institución por un supuesto uso inadecuado de recursos públicos.
En junio, el Sindicato de Trabajadores de Acueductos y Alcantarillados (Sitraa) denunció que la institución gastó casi $93.000 en adquirir un nuevo vehículo para el traslado del presidente ejecutivo de este órgano, Juan Manuel Quesada.
La molestia se debe a que, según apuntan, este dinero se destina pese a varias dificultades que enfrentan trabajadores.
Además, otro de los elementos que causa malestar es que, como parte del pago, el AyA entregó un Toyota Land Cruiser modelo 2017 que aseguran que estaba en excelentes condiciones.
Previamente, en setiembre de 2024, dicho sindicato acusó al AYA de invertir casi ₡50 millones en la oficina de la gerencia general de la institución, cuando existen actualmente 3 lugares del país que se mantienen sin agua desde hace meses e incluso años.
