De izquierda a derecha, Mario Zamora, Ministro de Seguridad y Luis Liberman, Vicepresidente de la República. CRH
Cinco de los actuales ministros del gobierno de la Presidenta Laura Chinchilla tienen causas abiertas en la Fiscalía. A ellos se debe sumar también al Segundo Vicepresidente de la República.
El primero de los funcionarios es el Ministro de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), Roberto Gallardo, quien tiene una denuncia en este ente que fue presentada en el 2011, por el delito de incumplimiento de deberes.
La investigación por esta causa se encuentra en Fiscalía en la etapa preparatoria, donde se realiza la recabación y análisis de pruebas.
El Ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, enfrenta dos denuncias que fueron presentadas en el 2012, una de ellas por el delito de desobediencia y la otra por abuso de autoridad. Ambas están, nuevamente, en la etapa de recabación de pruebas.
Por su parte el Ministro de Educación Pública, Leonardo Garnier, fue denunciado el año anterior por el delito de tráfico de influencias esto por el caso de la empresa Procesos. Por este mismo caso tiene una denuncia el Vicepresidente Liberman y ambos son investigados pues enviaron cartas de recomendación a favor de la esposa del entonces Ministro de Hacienda para que lograra una contratación de servicios de asesoría de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE). El caso, en principio, lo manejó la Fiscalía de Probidad y Transparencia, pero una vez que se involucró el Vicepresidente de la República, Luis Liberman, el caso se eleva a la Fiscalía General. Tiene un año de estar ahí y no avanza. La Fiscalía, como en los otros casos, se ha limitado a decir que está en “recabación y análisis de pruebas”. En este caso hay un dictamen de la Procuraduría del 27 de junio de 2012 que señala, claramente,que el vicepresidente Luis Liberman, el ministro de Educación, Leonardo Garnier y otros funcionarios, “violaron principios éticos de integridad, imparcialidad, rectitud y objetividad al firmar cartas de recomendación a la empresa Procesos, propiedad de la exasesora presidencial Florisabel Rodríguez”.
Asimismo a la Ministra de Salud, Daisy Corrales, también se le investiga por los delitos de desobediencia a la autoridad e incumplimiento de deberes mientras que al Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Pedro Castro, se le sigue una investigación por supuesto prevaricato.
Bajo investigación
Por otro lado, hay ex -ministros bajo investigación, como ocurre con Francisco Jiménez, exministro de Transportes, quien es investigado por prevaricato. El caso se encuentra en la etapa preparatoria en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por el caso de la Trocha Fronteriza y la posible responsabilidad que tendría este exfuncionario en el tema.
A esto se le suman los 5 diputados investigados en la Fiscalía tales como el liberacionista Jorge Angulo, Oscar Alfaro y Antonio Calderón, además el legislador evangélico Justo Orozco y recientemente se mencionó el nombre de Víctor Emilio Granados. Se agrega ahora Walter Céspedes, por una carta enviada al Ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides.
Además a esto también se le suma los 39 alcaldes del país que tienen acumuladas diversas denuncias en Fiscalía, incluso muchos de ellos llevan una lista grande de causas que aún no han sido resueltas.
Por otra parte, la Fiscalía de la República mantiene actualmente también una serie de investigaciones activas por diversos delitos contra 18 funcionarios y exfuncionarios del gobierno, todos miembros del Partido Liberación Nacional (PLN).
Comentarios
Pero… ya les llegará su hora, recuerden a “fuenteovejuna”. Luego serán los “gemidos y lamentos”. Están olvidando la historia, (a todo chancho le llega su navidad)
Por estas cosas es que los costarricenses estamos “Desencantados” con la clase politica que siempre se “sale con la suya” al final de todas estas causas no menos del 95%-98 % seran desestimadas, no procederan, quedaran infundadas por falta de pruebas, o expirad-as.
Del 2%-5% restande que procedan algun otro tribunal se encargara de anular la pena impuesta y absolver a los acusados.
Conciudadanos, los zorros nos cuidan el gallinero, y salen impunes.
Y encima tenemos la mala costumbre de estar culpando a nuestras queridas entidades, constantemene escuchamos comentarios “que el ICE es malisimo” “la caja una cochinada” “el MOPT aqui y recope alla” nuestras instutuciones publicas es lo mas preciado que tenemos en manos de chimpances corruptos.
Lo triste y lo dañino para la institucionalidad cívica y política del país es que la Red de Cuido Político del Gobierno Neoliberal de Laura Chinchilla No Pertimitirá que ninguno sea juzgado y mucho menos sentenciado por los actos corruptos que cometieron.