Currículos de directivos del BN colocados por Chaves evidenciaron falta de idoneidad que Sugef confirmó
Sugef confirmó que 4 directivos del BN designados por Chaves no cumplían requisito de idoneidad
La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) ratificó que cuatro directivos del Banco Nacional de Costa Rica (BN) nombrados en mayo por la administración de Rodrigo Chaves incumplían requisitos establecidos en la normativa que rige para las entidades financieras.
El por tanto de una resolución de Sugef señala que la vicepresidenta, el secretario y dos directores más designados por el Gobierno no alcanzaban los umbrales mínimos de idoneidad para ocupar el cargo y, aun así, fueron nombrados. Ellos ya fueron removidos mediante un fallo de la Sala Constitucional.
Desde el 6 de junio anterior —hace más de cuatro meses—, CR Hoy dio a conocer las aparentes anomalías en la designación de los cuatro miembros de la junta directiva del BN, tras revisar los currículos de vida aportados y la normativa vigente.
En específico, el Gobierno habría irrespetado el Acuerdo 15-22 del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), titulado Reglamento sobre idoneidad y desempeño de los miembros del órgano de dirección y de la alta gerencia de entidades y empresas supervisadas.
El reglamento establece exigencias para los miembros de la alta gerencia y del órgano de dirección, que en el caso del BN corresponde a la junta directiva. Los miembros deben contar, al menos, con tres años de experiencia en cargos directivos, de alta gerencia o en un nivel inmediato inferior.
Las hojas de vida que fueron remitidos al BN por parte de Presidencia (a los cuales este medio obtuvo acceso), mostraban que no todos los nombrados cumplían con dichos requisitos.
María del Milagro Solórzano León es la que más se alejaba del perfil requerido. Su hoja de vida indica que es abogada y notaria, y que ha ejercido principalmente en bufetes privados.
Ha pasado por los bufetes Artavia y Barrantes, Pignataro Abogados, Jiménez & Pacheco, Agora Abogados, Vitanova- Real Estate and Immigration Law, Chuken & Abogados y Rodríguez.
Su única vinculación con entidades financieras se remonta a prácticas profesionales en la década de 1990 en el Banco Nacional, así como en los extintos Bancrecen y Elca Seguros, donde laboró como agente de seguros.
El secretario Rolando Saborío, por su parte, ha sido consultor económico y financiero independiente desde 2016 e integró comités de riesgo del Banco Popular. También trabajó en la Bolsa Nacional de Valores y fue corredor de bolsa.
Sin embargo, el reglamento exige haber ocupado cargos de alta jerarquía por lo menos en tres años, condición que no queda acreditada en su hoja de vida.
En el caso de María Brenes Quesada, su experiencia bancaria se limita a haber sido directora general de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad del BN entre octubre de 2022 y octubre de 2024. También fue asesora en el Banco Central y analista de crédito a inicios de los 2000.
El resto de su trayectoria, se ha dedicado a cargos en la Superintendencia General de Valores (Sugeval) y algunas direcciones en la Bolsa Nacional de Valores desde 2014, pero no ha ocupado cargos de alta gerencia directamente en bancos.
La normativa señala que para designar a miembros de la junta directiva, se debe considerar que la persona tenga conocimientos acordes con el tamaño del grupo o conglomerado, entidad o empresa supervisada.
Anabelle Chaves, otra de las nuevas directivas, no ha estado vinculada al sector bancario desde que en 2006 dejó la junta directiva del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito), entidad que cerró en 2017 debido a serios problemas estructurales y financieros. Desde entonces, ha trabajado en el sector privado, fuera del ámbito financiero regulado.
En el caso de Noylin Cruz, quien fue electa vicepresidenta en su momento, su experiencia se reduce a siete meses como suplente en la junta directiva del Banco Popular (de agosto de 2024 a mayo de 2025).
También laboró entre 2001 y 2006 en el Departamento Financiero Contable de la cooperativa Coocique R. L., y posteriormente trabajó en empresas auditoras privadas, una de las cuales auditó al Banco Nacional y a Bancrédito.
Cabe recordar que, según la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, en caso de ausencia o impedimento transitorio del presidente, este debe ser reemplazado con todas sus atribuciones, facultades y deberes. En ese supuesto, Cruz no cumplía con el mínimo de experiencia para ejercer la presidencia, en caso de asumirla temporalmente.
El reglamento del Conassif permite considerar idónea a una persona que no cumpla estrictamente los umbrales mínimos, si la entidad justifica adecuadamente su nombramiento.
Días después de divulgar las aparentes irregularidades, el BN confirmó que remitiría la documentación a la Sugef para verificar si los nuevos miembros de la junta directiva —nombrados por el gabinete de Chaves Robles— incumplían los requisitos para ocupar los cargos asignados.
La Dirección Jurídica y la Secretaría General del banco trasladaron los expedientes con los atestados y hojas de vida de los esos directivos, luego de que CR Hoy reveló las aparentes faltas a los criterios de idoneidad y experiencia exigidos para estos altos cargos.
A partir de ese análisis, la Sugef emitió la resolución que ratifica la carencia de cumplimiento de estas cuatro personas.
"A la luz de lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el citado Acuerdo CONASSIF 15-22, se resuelve:
- Determinar, a la luz de la documentación presentada, la falta de idoneidad de Noylin Cruz Suárez, María del Milagro Solórzano León, Anabelle Chaves Soto y Rolando Saborío Jiménez, en su calidad de miembros de la Junta Directiva General del Banco Nacional de Costa Rica", cita el por tanto firmado por la superintendente Hazel Valverde Richmond el pasado 9 de octubre y publicado por la diputada Andrea Álvarez.
Todos ellos ya habían sido removidos a raíz de una resolución de la Sala Constitucional, que ordenó reinstaurar a los siete exdirectivos destituidos por la Presidencia el pasado 28 de mayo, tras un cuestionado procedimiento disciplinario.
El entonces vicepresidente Stephan Brunner promovió la destitución debido al desacuerdo del Gobierno con el nombramiento de Rosaysella Ulloa como gerente general de la entidad, efectuado el 3 de septiembre de 2024.
El Poder Ejecutivo procedió con las destituciones sin contar con el informe de la Sugef, requisito establecido en la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. Ese mismo 28 de mayo, tras cesar a los exdirectivos, el Consejo de Gobierno nombró una junta directiva temporal, la cual fue juramentada por Chaves Robles en menos de dos horas.
Seis de esos directivos temporales fueron ratificados de forma definitiva por el Consejo de Gobierno el 21 de agosto. Posteriormente, la Sala IV dio la razón a varios recursos interpuestos contra el actuar del Gobierno y ordenó reinstalar a los destituidos en mayo.