El cultivo de la piña tiene un lado amargo.
El sector agroindustrial de la piña ha generado, desde hace ya muchos años, un impacto importante en el país, esto no sólo en el ámbito ambiental sino también social y laboral. Sin embargo, tras constantes noticias a través del tiempo y los esfuerzos de los sectores ambientalistas por cesar los incumplimientos en dichos aspectos, la labor del Gobierno ha sido lenta y como enfatizan estos sectores, no han prestado la atención que merece el conflicto.
La producción de piña genera un gran deterioro en el suelo, según datos de la organización ambiental COECO-Ceiba, en Costa Rica existen 400 mil hectáreas de tierra cultivable de las cuales el sector piñero ocupa entre 42 y 45 mil y demostró un crecimiento de exportación del 10,1% con 789 millones de dólares vendidos para el año anterior.
Su impacto en el medio ambiente es extenso: el uso de plaguicidas genera contaminación en mantos acuíferos, el rastrojo de la piña provoca la propagación de la mosca stomoxys calcitrans perjudicial para el ganado, por ser un monocultivo la tierra pierde propiedades y además provoca mucha erosión que lleva sedimentos a los ríos.
Según la directora de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), Shirley Soto, existe regulación que restringe las acciones de las compañías piñeras sin embargo es reciente y necesita de constante monitoreo, pues la norma rige para aquellas piñeras que comenzaron a operar a partir de 1995.
“Este tipo de cultivo tiene que pasar por el SETENA (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) que regula de qué forma compensa ese daño, tiene que evaluar cuál era el ecosistema base de ahí (…) de qué forma se asegura que no salgan afectadas las especies (…) hay que respetar una zona de corredor para la protección de los animales”, dijo Soto, quien además mencionó que todas las compañías deberían tener un permiso de uso de suelo, que indica que en esa zona se les permite la actividad.
A pesar de esto, Soledad Castro, del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción de Piña (FRENASAPP), indicó que no se nota la normativa en general y estricta para estas empresas, pues “ha habido un crecimiento muy rápido”, y además señaló que se debe co que no existen políticas que establezcan cómo se manejará ese crecimiento.
“Realmente tiene que haber un interés de construir políticas públicas que planifiquen adecuadamente hacia dónde se quiere dirigir el sector agro del país (…) cómo se va a manejar el tema de conservación de bosques, de mantos acuíferos y cómo las zonas que se van a a dedicar a agricultura a qué cultivos y baje qué condiciones”, mencionó Castro.
En materia laboral el Ministerio de Trabajo reportó el año anterior una sola denuncia contra una compañía piñera por incumplimientos al contrato laboral y derechos humanos, no obstante la afectación llegó a al menos 100 empleados, para inicios de este 2013 ya se presentó otra denuncia por parte de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).
“Lo más serio del conflicto es que no se puede separar lo ambiental de lo laboral, lo social. Todo está entremezclado, si se soluciona el tema de los plaguicidas o del uso de agroquímicos que están haciendo desmedido igual quedan un montón de conflictos ambientales, sociales y laborales”, dijo Castro.
En cuanto a los esfuerzos del Gobierno por atender la situación ambiental, Elidier Vargas de la DIGECA, comentó que dicha dirección constantemente realiza los estudios pertinentes para evitar agroquímicos altamente nocivos y que recientemente prohibieron el ingreso de cuatro plaguicidas al país.
“Hemos venido tratando de dar una lucha para que el rastrojo se incorpore al suelo, el desecho vegetal de este cultivo. Lo enriquece como materia orgánica y es una practica que hay que seguir mejorando”, dijo Vargas, refiriéndose a otro de los esfuerzos por reducir el impacto, también indicó que esto provocaría la eliminación de la mosca stomoxys calcitrans.
Para Castro, hace falta un verdadero interés y mano firme por parte de las autoridades, “el tema no ha sido solucionado, es algo más amplio que solo el cultivo de piña (…) incluso a Sala Constitucional ha hablada sobre cómo se deben tomar medidas, desde la administración pasada, aún así ha sido poca la respuesta”, comentó Castro.
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