El Ministerio Público debe procesar a personas detenidas en embarcaciones con bandera nacional aunque estén en aguas internacionales. (Foto ilustrativa)
El Ministerio Público está en la obligación de procesar a personas detenidas en embarcaciones con bandera nacional, aunque estén en aguas internacionales, debido a que en la legislación penal, constitucional o de orden procesal de Costa Rica; no existe mecanismo alguno que permita al Ministerio Público renunciar a la jurisdicción.
Esto debido a que el 23 febrero se recibió una consulta de autoridades estadounidenses alusivo a la detención de cuatro costarricenses por narcotráfico en aguas internacionales.
El Fiscal General, apegado a la Ley y conforme a las directrices de patrullaje conjunto, indicó que la posibilidad de renuncia a la jurisdicción no existe, y que como consecuencia de ello debían remitir a los detenidos, así como la prueba que los involucrara.
Hoy en Limón se recibió tanto prueba como a las cuatro personas detenidas, y de momento no existen factores de convicción básicos que permitan al Ministerio Público abrir una causa contra las personas. No obstante, el caso continúa bajo investigación.
Los costarricenses fueron detenidos dentro de una embarcación denominada “Papi”, cuya bandera es nacional, y ahora deben someterse de manera necesaria al régimen jurídico de Costa Rica, tal y como lo establece el artículo sexto del Acuerdo de Patrullaje conjunto entre los Estados Unidos de América y Costa Rica, el cual señala expresamente que Costa Rica tiene preferencia para juzgar a las personas que se detienen en barcos de bandera nacional.
Adicionalmente, la Convención de Derechos del Mar establece que en los hechos delictivos conocidos en aguas internacionales, que ocurran en un barco con bandera de un Estado determinado, es el Estado al que pertenece la bandera el que debe juzgar a las personas detenidas.
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