Los afectados esperan que el Juzgado Penal de Pavas no acepte el sobreseimiento solicitado por la Fiscalía. Foto tomada de poder-judicial.go.cr
Una fuerte polémica gira en torno a la construcción de un residencial en Santa Ana, llamado “Las Vistas”, pues mientras los clientes acusan a los desarrolladores del proyecto de fraude (porque nunca se edificaron las viviendas), la Fiscalía de Pavas solicitó el sobreseimiento definitivo. A criterio de dicho despacho, los hechos ocurridos no constituyen delito sino un incumplimiento de contrato.
Según la Oficina de Prensa del Ministerio Público en la Fiscalía de Pavas existen 19 denuncias que se tramitaban en un solo expediente, contra Óscar Brenes Fonseca y Óscar Brenes Pozuelo, sin embargo, luego del análisis hecho por ellos, no existe delito sino un incumplimiento de contrato por lo que debe ser tratado en la vía civil.
Óscar Brenes Fonseca, uno de los empresarios denunciados en este caso, comentó que el proyecto nunca se llegó a concretar porque la propiedad donde se iba a construir fue anotada en el Registro Nacional y esto retrasó todos los procesos. Aseguró que al término de un año ya se había arreglado con un 80% de las familias, pero que hubo otras que no quisieron conciliar.
Según se indica en una de las denuncias, presentada por Marilaura Salom, una de las afectadas, el 30 de octubre del 2009, se firmó uno de los contratos para la compra, desarrollo y construcción de un departamento en el Proyecto Las Vistas.”…El monto de la supuesta inversión fue de 186.854 dólares americanos, en el cual teníamos que dar la suma en calidad de adelanto de 37.370 dólares y el resto (149.483) contra entrega. Ese mismo día les pagamos la suma de 8.500 dólares mediante transferencia bancaria a la cuenta que el Grupo Brenes Pozuelo indicó como propia…”.
Brenes señaló que, efectivamente, después de un año de estar anotado el lote donde se iba a realizar el residencial éste fue liberado, sin embargo, muchas de las personas que estaban anotadas para el proyecto decidieron no continuar. Manifestó que arreglaron con unas 50 personas, pero hubo 19 que no quisieron.
El desarrollador dijo que les ofrecieron terrenos que tienen en Guanacaste o incluso vehículos a cambio del dinero que habían dado sin embargo no se pudo llegar a un acuerdo. “Hubo otras personas que sí aceptaron una casa en otro lugar que estábamos contruyendo”, indicó.
En la denuncia presentada en la Fiscalía de Pavas, Salom indicó que inició pagando mensualmente, 1.520 dólares, del 15 de diciembre del 2009 hasta el 16 de junio del 2011, “…siempre con la esperanza que nos dieran nuestro aparamento. Decidimos realizar otra visita al proyecto en agosto del 2010 y para nuestra sorpresa no había nada construido. La razón que nos dieron durante el 2010 era que “por motivo de las fuertes lluvias” habían tenido problemas para iniciar…”.
“…Que el terreno donde se desarrollaría el proyecto residencial no tenía siquiera los permisos de construcción de la municipalidad. Únicamente sacaron permisos para construir una tapia y una caseta de guarda, los cuales se vencieron durante el 2011 y que 9 meses después de la fecha de entrega estipulada en el contrato, lo único que se vió fue maquinaria demoliendo un rancho, sin haber señalamientos topográficos ni demarcación de linderos, ni bodega de materiales, ni ningún otro elemento para la construcción…”, se indica en la denuncia.
Ante esto Brenes dijo que desde el principio del proyecto fueron responsables dando a sus clientes toda la información, incluso que la propiedad estaba anotada. “Era un proyecto completamente viable, inclusive las instituciones financieras nos iban a financiar pero donde se pone la anotación ningún banco te presta un cinco con una anotación de un juicio ordinario”, dijo.
Brenes dijo que en la municipalidad de Santa Ana les habían dado los permisos de la construcción de la tapia, del movimiento de tierra. “De un movimiento de tierra gigantesco que se realizó”, dijo.
Tanto Brenes como los 19 afectados que interpusieron la acusación ante la Fiscalía de Pavas están a la espera de la decisión del juez, para ver si otorga o no el sobreseimiento en este caso.
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