La Nación actúa contrario a lo que predica en sus editoriales

Colaboraron María Siu y Erick Carvajal

La Nación, que enfrenta una causa por presunta defraudación, ha recurrido a métodos criticados por el propio diario con tal de evadir el juicio.

Los representantes de La Nación S.A pedirán la prescripción del caso por presunta defraudación fiscal que se lleva en su contra pero además recurrirán a la invalidación de una prueba. Eso lo harán ante los Tribunales del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea, en una audiencia a la que asistirán la Procuraduría General de la República y la Fiscalía. No es la primera vez que lo hacen, ya en ocasiones anteriores la defensa de La Nación ha pedido que se declare la prescripción del caso y de igual forma han buscado una conciliación, que les permitiría pagar una suma y evitar el proceso penal.

Hasta ahora, ambas posibilidades les han sido negadas, pero lo volverán a intentar esta semana, según confirmó crhoy.com el Director del Área Penal de la Procuraduría, José Enrique Castro y una fuente del Ministerio Público, quien pidió no revelar su nombre.

Además, uno de los tres imputados por el caso La Nación está pidiendo a un Tribunal que invalide una de las pruebas con las que contaría el Ministerio Público para la acusación.

La Nación, en su EDITORIAL del 14 de mayo de 2011, criticaba precisamente ese tipo de solicitudes, al decir que “Costa Rica es un país legalista (…) Esa inclinación, sin embargo, conduce a una peligrosa confusión entre la realidad material y la realidad establecida por los tribunales. En ocasiones, los jueces se ven obligados a absolver a quienes la realidad condena (…) La prueba declarada espuria no necesariamente es una prueba falsa (…) La prueba existe, pero no puede ser tomada en cuenta”. El recurso de invalidación de la prueba, utilizado entonces por el expresidente Miguel Angel Rodríguez y criticado por el medio, es el que pretenden ahora usar sus representantes para evitar un juicio por defraudación fiscal que, según el Viceministro de Ingresos, Álvaro Ramos, hoy supera los dos mil millones de colones.

Consultado al respecto de este caso, el Ministro de Comunicación, Francisco Chacón, aseguró que el caso La Nación lo debe “resolver el Ministerio de Hacienda en el ejercicio de sus potestades legales y tomando en cuenta las particularidades del caso. La Presidencia de la República no ha intervenido, ni intervendrá en este caso, ni en un ningún caso en concreto. Como es de rigor, en la determinación que tome el Ministerio de Hacienda, deberá tomar en cuenta las disposiciones de carácter general contenidas en la Directriz 030-P del 12 de abril del 2012.”

Ya el Ministerio de Hacienda negó la posibilidad de conciliar el año pasado (el 19 de abril de 2012) en una carta que el entonces Viceministro de Ingresos, Rowland Espinoza, envió al Procurador a cargo del caso, Juan José Soto. Precisamente a inicios de 2012 La Nación pedía, en un editorial, que el Ministerio de Hacienda efectuara una “mejor labor de fiscalización y control para reducir la evasión, y algunas de las reformas (…) para corregir las falencias que le hemos apuntado al proyecto, que también son muchas, producto de la complacencia con muchos grupos de interés y la debilidad del Poder Ejecutivo para resistirlas”.

El Ministerio Público tiene casi nueve años de tener este caso sobre un escritorio, sin pedir la elevación a juicio o solicitar la desestimación y al respecto el director penal de la Procuraduría dijo:- “Yo esperaría que el Ministerio Público se esté cuidando la espalda por durar tanto en una investigación… no vaya a provocar la prescripción, pero eso habría que preguntárselos a ellos”. Pero cuando se le consulta a la Fiscalía al respecto, su respuesta es que no se referirán al caso.

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