Las cuadrillas de la CNFL trataban ayer de restablecer el servicio eléctrico en la zona. Foto CRH.
La multa contra el conductor que destruyó nueve postes en La Uruca, el martes pasado, ni siquiera ha llegado al Juzgado de Tránsito, el cual abre hasta el próximo lunes, y la Policía de Tránsito no pudo hacerle la alcoholemia ya que el chofer no se encontraba en el hospital San Juan de Dios cuando el oficial llegó a realizarle la prueba.
Luis Fernando Andrés, jefe del Departamento de Redes Eléctricas de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), explicó ayer que el gasto de las obras ya asciende a los 50 millones de colones, sin tomar en cuenta el daño en cableado de empresas como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y suplidoras de televisión por cable.
German Marín, director de la Policía de Tránsito, comentó que la prueba de alcoholemia no se le pudo realizar al chofer, identificado como Franklin Vargas Salazar, entre los 23 y 25 años, ya que cuando el oficial que atendió el accidente llegó al hospital San Juan de Dios, el conductor ya no estaba en el centro médico.
La Oficina de Prensa del Poder Judicial confirmó que el parte no ha llegado al Juzgado de Tránsito porque está cerrado y abren hasta el lunes, entonces será hasta ese momento que se inicie el trámite.
Luis Fernando Chaverri, director del Departamento Jurídico de la CNFL, explicó que en estos casos se contacta a la persona responsable para tratar de llegar a un arreglo de pago, pero si no acepta el caso se sigue en la vía judicial.
Chaverri comentó que existe un departamento de investigaciones que realiza un informe de todo el suceso, donde se consigna el nombre del chofer, el dueño registral del vehículo y lo sucedido. Al mismo tiempo se hace una valoración de los daños para determinar el monto a cobrar.
No solamente se incluye el valor de los postes, que en este caso específico, según Fructoso Garrido, director de Distribución del Servicio Eléctrico de la CNFL, oscilan entre los 3 y 5 millones de colones.
“También se cobra el valor de los cables, las horas hombre e incluso la energía no vendida”, comentó Chaverri.
El Director Jurídico de la CNFL indicó que de llegar a un arreglo de pago a las personas se les dan plazos entre los seis y 12 meses para pagar “cuando se les da un año es por un asunto excepcional”, dijo.
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