Uso de casa-club del PLN podría ser delito penal

Datos proporcionados a crhoy.com por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) revelan que no encuentran documentación que compruebe la existencia de un contrato por arrendamiento o alquiler, recibos, facturas o comprobantes de pago por el local utilizado por el Partido Liberación Nacional (PLN) como club en el cantón central de San José. “No existe la documentación que ustedes han solicitado”, dijo a crhoy.com un funcionario del departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE. El funcionario además señaló que no aparecen reportes sobre este “arrendamiento” ni en los informes contables ni en el reporte final entregado por el Partido Liberación Nacional al TSE. Eso significaría que el uso de la propiedad por parte del PLN se “constituiría en una donación en especie”.

Según establece el Código Electoral en el artículo 274, esto sería un delito penal. El texto establece claramente que “Se impondrá una pena de 2 a 4 años a quien, en nombre o por cuenta de una persona jurídica nacional o extranjera, contribuya, done o realice aportes, en dinero o en especie, a favor de un partido político”. Una sociedad de la cual es Presidente el diputado Oscar Alfaro Zamora, habría facilitado el club ubicado en Cantón Central de San José sin mediar contrato ni pago por ello.

El local, conocido durante la campaña política como “La Casa de la Victoria”, pertenece a la sociedad Chicharrín, S.A., presidida por el diputado Oscar Alfaro Zamora, tal y como informó ayer Diario Extra. Conversamos con el diputado Alfaro al respecto, pero aseguró que va a buscar los documentos y que nos llamará cuando los encuentre.

“Estoy haciendo las averiguaciones del caso, analizando la situación cuando ya tenga aclarado esto, con todo gusto me pueden contactar para hablar del tema, tengo que verlo bien para dar la apreciación correcta” expresó el diputado.

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Ministerio Público debe iniciar investigación
Así señaló el abogado penalista Juan Diego Castro, quien asegura que -de no existir contrato ni facturas ni ninguna declaración formal al respecto- este podría ser un delito penado por la ley y, por lo tanto, el Ministerio Público debería de iniciar una investigación.

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