Inicia juicio por caso Altamar: pastor colombiano pasaba ganancias de grupo narco como diezmos
La tarde de este lunes 20 de abril inició el juicio del caso conocido como Altamar en el Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada (JEDO), donde un grupo de 16 personas, entre colombianos y costarricenses, es juzgado por aparentemente conformar una estructura criminal que se encargaba de brindar un servicio subcontratado para una organización mayor.
Se presume que daban seguridad, almacenaban y trasladaban hacia el territorio nacional cargamentos de marihuana y otras drogas provenientes del Valle del Cauca, en Colombia. Entre los acusados destaca el caso de un pastor evangélico apellidado Cortés Franco, a quien se le acusa de que supuestamente recibía depósitos de dinero y los hacía ver como si fueran por concepto de diezmo.
Las ganancias por viaje oscilaban entre los $60.000 y $200.000. Sin embargo, como parte del pago también recibían marihuana, la cual era comercializada en la Zona Sur.
El colombiano se aprovechaba de sus funciones dentro de una iglesia para cometer el delito. El extranjero no era el líder del grupo, pero sí tenía un rango jerárquico suficiente como para encargarse del manejo monetario de la banda.
El debate está programado desde este lunes y hasta el jueves 30 de octubre.
La estructura
Todas estas personas fueron detenidas en enero de 2023 tras una serie de 18 allanamientos simultáneos realizados en Golfito, Corredores, Heredia, Puntarenas, Quepos y Alajuela por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Este grupo está vinculado con el decomiso de 5,5 toneladas de marihuana y otra gran cantidad de cocaína proveniente de Colombia, transportada en lanchas que ingresaban por el Pacífico Sur. Además, se cree que la organización contaba con la colaboración de un oficial del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG), quien presuntamente les avisaba sobre operativos policiales.
Asimismo, también se les relaciona con un operativo realizado por Guardacostas en enero de 2022, específicamente en la localidad de Corcovado. En aquel entonces, se incautaron 1.600 kilos de marihuana y 40 kilos de cocaína.
El pastor
El predicador evangélico ya había sido condenado por tráfico de drogas en 2010 y, pese a esta situación, no fue expulsado por las autoridades de Migración.
Cortés Franco fue capturado junto a otros colombianos el 27 de setiembre de 2008, cuando fueron sorprendidos por las autoridades en aguas del mar Pacífico frente a La Peña de Punta Burica, con aproximadamente cuatro toneladas de droga en su poder.
El fiscal general, Carlo Díaz, fue consultado por CR Hoy y en ese momento explicó lo siguiente:
"Cuando las personas extranjeras terminan de cumplir las sentencias, son puestas a la orden de la Policía de Migración, y ellos son quienes, en última instancia, toman la decisión. En este caso, hay que consultarles cuál fue el motivo por el cual no fue expulsado. Tengo entendido que esta persona estaba gestionando su nacionalidad costarricense", comentó Díaz.
Por su parte, la Dirección General de Migración y Extranjería explicó que era responsabilidad del Ministerio de Justicia comunicar a esa institución el ingreso y egreso al sistema penitenciario de las personas extranjeras indiciadas, con un mínimo de 30 días de anticipación al cumplimiento de la condena.
Esto con el fin de que la Dirección General tramite su deportación o la cancelación de su permanencia provisional, según corresponda.
"Al ser un caso que data de 2008, es probable que en ese momento la coordinación con los centros penitenciarios y Migración no se diera como en la actualidad, y esta persona terminó su condena sin que haya constancia de que Migración fuera notificada para realizar el proceso correspondiente", indicaron.
Sin embargo, posteriormente Migración explicó a CR Hoy que corroboraron la información respecto a Cortés Franco y señalaron que el Ministerio de Justicia sí informó a tiempo, el 8 de octubre de 2019, sobre la situación de este extranjero.
"Por tal razón, la DGME se encuentra en un proceso de revisión en qué casos pasados falló la coordinación, y reiteramos que actualmente el flujo informativo entre ambas instituciones se maneja de forma efectiva", indicaron.
Cortés Franco mantenía una relación sentimental con otra de las personas detenidas, una mujer de apellidos Beita Chacón, con quien se casó el 16 de octubre de 2011, según registros del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). El matrimonio se realizó en San Isidro del General, en Pérez Zeledón.
Condena previa
Según una resolución del Tribunal de Casación de Cartago, del 20 de enero de 2011, la acusación presentada contra Cortés Franco, al igual que contra los demás detenidos, establecía que unos se encargaban del transporte de la droga, mientras que otros los abastecían de combustible.
"Estos últimos eran quienes transportaban esa cantidad importante de droga, cuantificada en casi cuatro toneladas, desde Colombia, siendo todos los imputados interceptados por las autoridades costarricenses", determinó el tribunal.
Los jueces explicaron que la sentencia se sustentó no solo en prueba material —la droga encontrada en alta mar—, sino también en testimonios de oficiales de la Policía de Control de Drogas (PCD) y Guardacostas.
"La serie de indicios, entre ellos no solo la localización de la droga cerca de las embarcaciones en que fueron ubicados los acusados, sino otros aspectos tales como la tenencia de claves en su poder y las informaciones recibidas por las autoridades que coincidieron con la localización de los justiciables", señalaron.
Según la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal Penal de Pérez Zeledón, un oficial de Guardacostas recibió un documento vía fax proveniente del Centro de Operaciones de Panamá, firmado por el Servicio de Inteligencia de ese país, en el que se indicaba que una embarcación colombiana, de nombre D., tipo metrera, se iba a interceptar con otra embarcación costarricense en aguas nacionales para realizar un trasiego de drogas.
Los jueces establecieron en ese momento que no imponían la pena máxima, al considerar que 15 años "es suficiente para que reflexionen sobre el ilícito cometido y dirijan su conducta futura de una manera provechosa y conforme a las leyes de este país, tanto para ellos como para su familia, atendiendo los fines de prevención especial positiva de la pena".
Beneficio en la condena
El Ministerio de Justicia otorgó al pastor colombiano un beneficio carcelario luego de ser condenado a 15 años de prisión por tráfico de drogas, mediante sentencia dictada por el Tribunal Penal de Pérez Zeledón el 30 de junio de 2010.
El Instituto Nacional de Criminología concedió el beneficio penitenciario en el Centro de Atención Semi-institucional de Pérez Zeledón, mediante acuerdo tomado en la sesión ordinaria 4865, celebrada el 1 de junio de 2015, artículo 5, donde permaneció hasta el cumplimiento de su condena el 26 de noviembre de 2019.
