Presidente de la Corte reitera necesidad de recursos congelados por Hacienda para combatir el crimen
Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, reiteró la urgencia de contar con las plazas y los recursos económicos destinados a combatir la delincuencia organizada, pero que el Ministerio de Hacienda mantiene congelados.
Se trata de alrededor de ₡8.688 millones aprobados en dos ocasiones por la Asamblea Legislativa, pero que la administración de Rodrigo Chaves se negó a transferir.
Este dinero cubriría 176 plazas para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y 99 para el Ministerio Público, además de gastos necesarios para el pago de alquileres y la adquisición de equipo de transporte.
Pese a la urgencia, para el jerarca judicial la reunión de este lunes con la presidenta Laura Fernández no era el momento adecuado para reiterar la petición.
"Enfrentar el crimen organizado requiere de recursos. Nosotros no tenemos todos los recursos que quisiéramos tener para seguir actuando y tener mejores resultados, pero a pesar de eso hemos venido realizando nuestra función de manera eficiente", detalló el magistrado.
Aguirre indicó estar consciente de las limitaciones que plantean algunas leyes, como la regla fiscal; sin embargo, el Poder Judicial tiene un faltante de alrededor de 1.200 plazas, entre ellas la necesidad de unos 200 nuevos jueces para dar abasto.
Estos problemas representan limitaciones importantes para el Poder Judicial, que incluso afrontará 2027 con unos ₡2.000 millones menos, debido a que Hacienda dispuso rebajar el presupuesto anual de toda la institución para el próximo año.
En primera instancia, fue el exministro Nogui Acosta —hoy diputado de la República— quien negó los recursos. Luego, el exjerarca Rudolf Lücke mantuvo la postura negativa. Ahora, la decisión estaría en manos del expresidente Rodrigo Chaves, convertido en ministro de Hacienda bajo la administración de Laura Fernández.
Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia. CRH
La no transferencia de ese dinero tendrá un impacto "demoledor", según ha advertido el presidente de la Corte. La retención de los recursos responde a una enmienda legislativa que buscaba reincorporar fondos que, durante todo 2025, el Gobierno se negó a girar al OIJ y al Ministerio Público para la contratación de personal adicional.
En el presupuesto de 2026, una decisión del Congreso permitió reasignar fondos para nuevas plazas, infraestructura y equipo, con el objetivo de fortalecer tanto a la policía judicial como a la Fiscalía.
La falta de plazas impacta directamente las investigaciones relacionadas con corrupción, narcotráfico, crimen organizado y violencia de género.