Procuraduría tiene en sus manos el futuro de Uber
La Procuraduría General de la República tiene en su poder la operatividad de Uber, después de que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) le solicitara al "abogado del Estado" un análisis jurídico sobre si puede bloquear páginas en Internet, sistemas de pago electrónico o aplicaciones tecnológicas.
De ésta forma, la Procuraduría rendiría una interpretación legal sobre este tema, que será valorada por la Aresep, quien considera que bloquear una aplicación o una página de Internet es violatorio a derechos fundamentales y que para hacerlo requiere de una orden judicial.
En teoría, las actuaciones ilegales en transporte de personas se pueden sancionar por medio de la Ley de Tránsito (multa inmediata) o la Ley de Aresep (multa administrativa, luego de cumplir el proceso de prueba, derecho de defensa). No obstante, no se podrá emitir ninguna sanción hasta tanto la Sala Constitucional resuelva una acción de inconstitucionalidad que se encuentra en estudio.
Por lo anterior, el Regulador General, Roberto Jiménez, aboga por urgentes cambios a la ley para fomentar la fiscalización en campo, principalmente en transporte público, de manera que se faculte a sus funcionarios a imponer multas de forma inmediata, y no esperar a realizar el trámite administrativo que tarda varios años.
La Aresep facilitará un borrador de proyecto de ley al Poder Ejecutivo, para ser presentado a la Asamblea Legislativa en las próximas semanas, precisamente para fortalecer sus acciones.