Solicitan a Fiscalía investigar a presidenta del INS, exgerente y a Leslye Bojorges por irregularidades
Los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa dictaminaron afirmativamente un informe con el que recomiendan a la Fiscalía General de la República investigar a la presidenta ejecutiva del INS, Gabriela Chacón; al exgerente de la institución, Luis Fernando Monge; y al diputado Leslye Bojorges, por su presunta relación con irregularidades en la aseguradora.
A partir del informe de mayoría del foro, se responsabiliza a Monge por el despido masivo de 400 funcionarios del INS en abril de 2025.
Esto en el marco del proceso seguido por el foro legislativo, que concluyó que los despidos masivos carecieron de sustento técnico y no consideraron evaluaciones de desempeño positivas de los funcionarios cesados.
En las audiencias se reveló que la institución despidió a una mujer en estado de lactancia y a varios trajadores a pocos días se acogerse a su pensión. Estos funcionarios fueron reinstalados en el cargo una vez conocida la omisión.
El informe afirma que los despidos ejecutados en el INS se encuentran bajo el ámbito de responsabilidad de Monge, por lo que resulta jurídicamente improcedente alegar desconocimiento sobre las decisiones adoptadas o sus fundamentos.
El texto enfatiza en que Monge evidencia contradicciones entre el discurso utilizado para justificar los despidos y las circunstancias de su propia destitución.
A Monge el INS lo destituyó como gerente general en diciembre de 2025.
Aumentos del INS con fines electorales
En el caso de Chacón, se le señala por presuntamente condicionar y aplazar aumentos salariales hasta después de las elecciones de 2026.
Se indicó, bajo juramento, que la presidenta ejecutiva del INS habría ordenado aplazar la aplicación de aumentos salariales correspondientes a 2025, los cuales ya contaban con estudios técnicos concluidos y aprobados, con el fin de ejecutarlos en enero de 2026 y generar un impacto político favorable al Gobierno de Rodrigo Chaves Robles y su eventual continuidad con Laura Fernández Delgado.
Además, se desprende la existencia de un presunto mecanismo irregular en la asignación de recursos institucionales, particularmente en patrocinios y procesos de compra, descrito como un "cuadro de carinitos", relacionados directamente con Casa Presidencial.
Bojorges pidió póliza
En cuanto a Bojorges León, se le señala por presuntamente solicitar beneficios, como una póliza, a la presidenta del INS tras sufrir un accidente en la Autopista General Cañas, en setiembre de 2024.
Los diputados concluyeron que existen elementos suficientes para considerar un posible uso indebido de la investidura parlamentaria para incidir en decisiones administrativas, lo que podría configurar delitos como tráfico de influencias o abuso de poder.
Bojorges es implicado en el caso Richter, por vínculos con imputados en el caso "Madre Patria" por por presunto fraude registral y lavado de dinero. A partir de intervenciones telefónicas del primer caso, se logró verificar llamadas entre Bojorge y Chacón, en medio de la solicitud del beneficio.
Durante las audiencias, también trascendió que el INS despidió a un funcionario que se negó a ejecutar la póliza solicitada por Bojorges.
De acuerdo con los firmantes, hechos documentados podrían configurar delitos como abuso de autoridad, tráfico de influencias, incumplimiento de deberes, prevaricato administrativo o influencia contra la Hacienda Pública, según determine el órgano investigador.
Además, la comisión pide ampliar la investigación a los funcionarios William Emilio Fernández Hernández y Bernal Ávalos Muñoz.
Sugerencia al Plenario y al Gobierno
Votaron a favor del informe los diputados Dinorah Barquero, Katherine Moreira y Francisco Nicolás (PLN); Vanessa Castro (PUSC); Sofía Guillén (Frente Amplio) y la independiente Kattia Cambronero.
Únicamente votó en contra el oficialista Manuel Morales.
Los diputados recomendaron al Consejo de Gobierno la destitución de Gabriela Chacón y, al Congreso, la aprobación del informe y la generación de insumos de control político para dar seguimiento al caso.
Tras la votación, el expediente pasa al Plenario Legislativo para su votación y eventual traslado a la Fiscalía General.