Legalidad en la huelga ¿renovaría las fuerzas de los sindicatos?
Casación solo podría establecer jurisprudencia para casos futuros

La legalidad declarada en los movimientos de huelga de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), del Patronato Nacional de la Infancia (Pani) y del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA) renovaría las fuerzas de los sindicatos.
Estas sentencia se conocieron en el día 58 del movimiento indefinido y dichos criterios fueron celebrados por los agremiados.
Con la legalidad en las manos, los gremios se empoderan e intensifican sus llamados a seguir en huelga. Manuel Rodríguez, Secretario General de Satrapequia, manifestó que seguirán en la lucha contra el proyecto 20.580, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Albino Vargas, Secretario General de la Asociación de Empleados Públicos y Privados (Anep), también aplaudió los criterios en segunda instancia; por medio de sus redes sociales.
La declaratoria de que la huelga en Recope es LEGAL demuestra que la lucha contra el combo fiscal es éticamente correcta y moralmente justa.
La Unión Sindical sigue promoviendo los movimientos regionales; en el caso de San José, la Anep ha seguido haciendo movilizaciones, eso sí, con menor asistencia y afectación en las vías; sin embargo, ayer, luego de conocer la sentencia de Recope, un grupo de manifestantes rodearon el Museo de Jade, en Cuesta de Moras, en donde se realizaba el Consejo de Gobierno.
Hoy, su llamado a huelga aspira a ser multitudianaria – como en los primeros días – será en el Parque de La Democracia, a las 5 de la tarde y con antorchas.
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No puede revertir sentencias
El presidente de La República, Carlos Alvarado, le ordenó a la Procuraduría, presentar un Recurso de Casación Excepcional ante la Sala II, como medida de impugnación de la declaratorio en Recope; sin embrago, este tribunal no podrá revertir lo que ya establecieron los jueces de trabajo.
Además, declaró su "indignación" por la legalidad.
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A lo que Albino Vargas respondió con un tuitt en el que afirma que el mandatario se expresa un "visceral antisindicalismo".
La experta en derecho laboral, Paola Gutiérrez, explicó que, aunque fue una decisión oportuna por parte del Ejecutivo, no hay ninguna herramienta jurídica que pueda traerse abajo las declaratorias en segunda instancia.
Guitiérrez fue clara en que las decisiones de los jueces de apelación podrían incidir en las sentencias futuras; además ya ha notado similitudes en la redacción de los documentos.
Volviendo a la legalidad en Recope, la experta difiere de los criterios, incluso considera hubo interpretación proteccionista que deja – peligrosamente – a las huelgas por la libre.
En primera instancia – en donde se declaró ilegal – el juez determinó que los combustibles si son un servicio esencial, pero en apelación se revirtió ese criterio.
Otro aspecto que tuvo un giro completo fue el uso de la violencia, en la segunda instancia se puntualizó que, "de lo analizado, hasta aquí, no es posible achacar al grupo de manifestantes actos contrarios a la pacificad del movimiento".
Los criterios en segunda instancia son relevantes para aquellos gremios que se mantienen en huelga (como los educadores), pues han dicho que la sentencia final será determinante para decidir si se estable el diálogo con el gobierno.


