En todas mis charlas siempre utilizo esta frase: “La lucha del Estado contra el crimen organizado es una lucha de burro amarrado contra tigre suelto”, sobra explicar quién juega cada papel.
Durante muchos años de trabajar para los sistemas preventivos y represivos de este país en la lucha contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo, siempre llego a la misma conclusión: Las bandas organizadas cuentan con grandes fortunas que les permiten comprar cuanto necesitan para realizar sus actividades ilícitas, desde sociedades, negocios, lo último en equipo tecnológico, vehículos, hasta aviones, lanchas, helicópteros, construir aeropuertos, helipuertos, puertos y también comprar almas y conciencias de las personas que necesitan para mover sus tentáculos. Mientras que nuestro sistema burocrático, lento, improvisado y sin determinación de prioridades, debe navegar en procesos administrativos interminables para poder adquirir una computadora o cualquier otro equipo especial, además de sortear las posibles apelaciones, el refrendo de la Contraloría o las directrices presidenciales de recorte de presupuestos.
Basta con observar la realidad de países vecinos en los cuales las cúpulas de los principales poderes del estado han sido vulneradas por las mafias criminales del narcotráfico y la legitimación de capitales; Colombia en los años del congresista suplente Pablo Escobar, alcaldes y gobernadores, Guatemala, donde la policía está infiltrada por el Narco, en México, procuradores, generales, alcaldes, gobernadores y la lista continúa. Cuidado Costa Rica, de que no estemos ya en esa lista de países corroídos por tan peligrosos grupos del mal.
¿Y a qué nos atenemos? Como muchos de los problemas en nuestro país, la lucha contra el crimen de “alta esfera” no juega una suerte distinta, mal panorama nos espera cuando jerarcas de instituciones importantes en esta lucha expresan que el problema de la delincuencia en Costa Rica es un asunto de “percepción” y no ha faltado alguno que diga que “en Costa Rica no hay crimen organizado”. ¡Vaya visión de estos “líderes políticos”!
Tenemos un sistema preventivo colapsado de tantas normas y poco apoyo, con supervisores cuadrados que lejos de buscar el mejoramiento continuo de los sistemas financieros, buscan los cincos y pesetas mientras pasan los elefantes blancos frente a sus narices. Un sistema institucional, nacido para dictar las políticas nacionales en prevención y combate a estos flagelos, en manos de personas con poco o cero conocimiento, pero colocados por las esferas políticas en señal de compadrazgos o pagando favores personales. Un sistema policial, con mucha voluntad pero con poco recurso para actuar – sin cacao, por más amor, no hay chocolate- y un sistema judicial enredado en sus propios mecates, donde son juez y parte (literalmente). Además tenemos un ministerio público desactualizado, por criterios propios o por falta de cambios legislativos, pero sin la intención de generar esos cambios en las leyes que los atan de manos.
Verbigracia de ello es que en Costa Rica un delincuente que trasiega drogas y lava sus ganancias no puede ser enjuiciado por lavado solo por tráfico, debido a que en nuestra legislación no existe el autolavado.
Y seguimos durmiendo en los laureles. Mientras países como Colombia, Perú, Uruguay, Guatemala, El Salvador, España y México han realizado cambios importantes en sus legislaciones en los últimos dos años, tipificando el autolavado, creando figuras jurídicas como la extinción de dominio o el decomiso ampliado o modernizando sus sistemas de administración de bienes decomisados y comisados, aquí nos damos el lujo de rechazar el apoyo de organizaciones internacionales dispuestas a mejorar nuestro sistema judicial.
Una vez se le consultó a un ex-presidente de un importante banco público el motivo por el cual el tipo de cambio se mantiene pegado al piso, y su respuesta refleja, la poca consciencia de nuestra clase política respecto al verdadero problema del crimen en nuestro país. El señor dijo:- “es porque hay mucha liquidez en la calle, debido al aumento de las exportaciones en el país”…
Esperemos que algún día le podamos comprar una moto al burro para que pueda alcanzar al tigre, claro, eso si la Contraloría nos lo permite o si no interponen alguna apelación a la adjudicación o, peor aún, si la Sala IV no lo considera inconstitucional.
Lic. Ever Navarro Ramírez. CPA
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