11 de enero de 2013

Opinión: ¿Conocemos esta Costa Rica?

Desde mediados del siglo XX, Costa Rica empezó a perfilarse como una nación defensora de los derechos humanos, las garantías individuales y el respeto a la diversidad. Entre sus campos de acción, en diferentes momentos, empezaron a gestionarse acciones que reforzaran el reconocimiento a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.

El tema central siempre fue el acceso a la tierra por parte de estos pueblos, venida a menos desde la época de la colonia, que como una sombra de incertidumbre siempre se cernió sobre las comunidades indígenas, que con acciones u omisiones de las autoridades, o artimañas de los no indígenas, veían como cada vez les quedaban menos tierras para sus cultivos, su ganado o sus viviendas. Y para los indígenas, la tenencia de la tierra es elemento central en su supervivencia, no solo física, sino emocional, social, familiar, económica, pero sobre todo, cultural.

La Ley Indígena 6172, de 1977, marca las pautas para establecer los límites de los 24 territorios indígenas en el país y que sus tierras son de uso exclusivo, usufructo y patrimonio intransferible de las comunidades y sus representantes legítimos.

Sin embargo, en muchas regiones, estas tierras incluían propiedades privadas de no indígenas, que las habían adquirido, legal (o ilegalmente) años o décadas atrás, formalizándose incluso como dueños registrales. El Estado y sus instituciones nunca plantearon una agenda que permitiera la expropiación formal y legal de estos propietarios.

Pero a lo largo de las siguientes tres décadas, la inoperancia estatal y la desidia de sus instituciones permitió que cientos de familias de no indígenas invadieran, se apropiaran y posesionaran dentro de los territorios indígenas, sin que autoridad alguna interviniera y sin que las comunidades, posesoras por derecho legal e histórico, tuvieran las herramientas e instrumentos para defenderlas.

Hoy día, por ejemplo, en el Pacífico Sur existen territorios indígenas cuyo 75 o hasta 80% de tierras están en manos de personas ajenas a las comunidades, incluidos poderosos finqueros que ni siquiera residen en la región. Terratenientes, ganaderos e intereses, incluso foráneos, que hace mucho usufructúan y se enriquecen con estas tierras, por las que no pagan impuestos, no invierten en mejoras, no reconocen nada a municipios o comunidades. Simplemente obtienen ganancias netas, absolutas y al margen del fisco.

Pero hay una diferencia sustancial con hace tres décadas. Los pueblos indígenas de hoy ya no viven en la espesura de la ignorancia institucional y el aislamiento informativo impuestos por el Estado. Tampoco son unos “cuantos indios semibárbaros y desnudos” al decir del obispo Thiel a finales del siglo XIX.

Hoy son más de cien mil según el último censo nacional. Pero también son abogados, economistas, médicos, enfermeras, educadores y profesionales en muchas ramas más. Informados, organizados y conscientes de sus derechos y de la deuda histórica que la nación, el Estado, sus instituciones y su sociedad (nuestra sociedad) tiene para con ellos.

El Convenio Internacional 169 de la OIT confirma la obligación de garantizar la exclusividad de las tierras a los pueblos originarios, caso contrario, nuestro país seguiría siendo un flagrante violador del derecho básico internacional en materia humana.

Algunas comunidades, como el caso de Salitre, en Buenos Aires de Puntarenas, desde hace unos años han empezado a tomar diversas iniciativas por recuperar la pertenencia histórica de sus tierras en manos ilegales de no indígenas. Pero el Estado ha ignorado sus reclamos. Se formó una Comisión de Alto Nivel, pero a la fecha nadie sabe si se han reunido o si han marcado rutas, agendas o tomado decisiones que busquen solución a la problemática en el corto y mediano plazo.

La inoperancia ha generado que la comunidad tome ciertas acciones por su propia iniciativa. Esto ha incluido la restitución forzosa de sus tierras quitando cercas, sembrando sus productos tradicionales en espacios ilegalmente privatizados, etc.

Por supuesto los ocupantes no indígenas no se cruzan de brazos y reclaman posibles derechos al resarcimiento. Quizás algunos tienen razón. Hay quienes simplemente alegan la necesidad del diálogo. Pero otros todavía piensan en los indígenas con el peyorativo y cargado de estereotipos concepto del “indio”, aquel individuo casi con cualidades infrahumanas.

Entonces, en la Costa Rica más feliz del mundo, desde hace varios meses escucho a finqueros asegurar, que “de meterse un indio en mi propiedad (sic.) le disparo”. Otros se reúnen y aseguraron que de seguir esos movimientos comunales pasarán a “matar indios, violar indias y quemar casas”.

Comentarios cada vez más comunes que cada vez escucho con mayor preocupación, pero siempre con cierta nota de incredulidad, de pensar que al fin de cuentas son palabras, peligrosas, si, vergonzosas, totalmente, pero palabras no más.

Sin embargo, el viernes y sábado 4 y 5 de enero, empezando este año, un grupo de finqueros no indígenas, armados con escopetas y revólveres atacaron a un sector de indígenas de la comunidad de Río Azul de Salitre. Hirieron a tres, dos en el hospital, estables, pero con heridas importantes. Hubo niños indígenas, que fueron apuntados con armas y amenazados. Tuvo que intervenir el grueso de la Fuerza Pública de Buenos Aires.

Y de golpe me di cuenta, que ya no son solo palabras.

Me acabo de dar cuenta que el Poder Judicial ha preferido buscar los medios de omitir los hechos y “dejar pasar”. Otras autoridades políticas de “alto nivel” han abogado por “proteger a los blancos” (no indígenas). La Fiscalía de Buenos Aires dice no tener caso probatorio ni a quién acusar, por lo que trabajará, cuando mucho, por “oficio”. El OIJ advierte que es mejor no acercarse a la zona (¿?). Y los medios de comunicación nacionales cubren la noticia de los mapuches insurrectos en armas por la defensa de sus tierras en el centro-sur de Chile.

¿Conocemos esta Costa Rica? Es una deuda histórica que como sociedad tenemos con las comunidades y los pueblos originarios. ¿Estamos dispuestos, nosotros, el país más feliz del mundo, a dejar convertir esta deuda histórica, en una deuda de sangre? ¿Donde está la cobertura, denuncia y acción de los medios de comunicación? ¿La Comisión de alto nivel? ¿La Fiscalía de Asuntos Indígenas (sí, existe algo que se llama así)? ¿Necesitamos realmente muertos, niños y mujeres violadas?

¿Conocemos esta Costa Rica? Porque está a unos pocos kilómetros del Valle Central…

Bohián Pérez Stéfanov
Antropólogo
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