17 de enero de 2013

Opinión: Mito o la construcción de una estrategia: el plan de la “ingobernabilidad”

Si buscamos la acepción del término en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), “ingobernabilidad” nos remite al concepto de ingobernable, que a su vez nos indica que dícese “del que no se puede gobernar”.

Con cada vez mayor inquietud, hemos observado como en los últimos cuatro o cinco años, este concepto ha estado en boga y se ha consolidado dentro de la jerga política, principalmente de las instancias que ostentan el oficialismo del poder, donde se usa como muletilla obligatoria a través de la cual se da explicación (o se busca justificación) del creciente ahondamiento del conflicto parental, y que cada vez suena más a divorcio, entre la clase política y la ciudadanía; matrimonio cuya capacidad de interacción, comunicación oportuna y respetuosa suponen la base de cualquier sistema democrático.

Pero hablar de los que no se pueden gobernar, es de suponer que la clase política se enfrenta a una sociedad vuelta al anarquismo que desconoce sus instituciones y rechaza sus potestades. Sin embargo, la realidad es que estamos ante una sociedad, con múltiples sectores -como nunca antes- cada vez más recalcitrantes y que más bien reclaman exactamente lo contrario: desean sentirse gobernados, bien gobernados, que las decisiones políticas sean las que respondan a sus necesidades y prioridades, a las inquietudes de la ciudadanía y no a los intereses de las minorías económicamente consolidadas y políticamente abigarradas al poder.

Quieren que las leyes promovidas y aprobadas sean representativas de las necesidades cotidianas y no entreveros discursivos de mercados, macroeconomías, tasas especulativas y eurobonos, que al fin de cuentas el plus de la ciudadanía no entiende en su extensión, pero sí resiente en su comprensión, al ver que ya con una tarjeta de crédito no alcanza, que su poder adquisitivo disminuye mes a mes, que la educación ya no es la garantía de un mejor futuro para sus hijos o que los servicios públicos (y muchos privados), desmejoran palpablemente. Que las grandes promesas del pasado, son duras realidades del presente. Que ya no somos personas, sino deudas.

Y el oficialismo gobernante se escuda en ese eufemismo de la ingobernabilidad.

Visto desde la periferia, parece una sencilla excusa, una justificante conveniente para disimular el verdadero problema de la incapacidad por gobernar, constructo conceptual que nos remite a entender a una nueva clase política que nació para ostentar el poder, no para alcanzarlo, sino que desde sus cunas, se saben asesores, ministros, diputados y unos pocos, ya predefinidos (y elegidos), como presidentes. Claro, hay quienes se zambullen entre favores, amistades y convenciones (de repente a un diputado oficialista resulta nadie lo conocía en su propio partido).

Pero cuando intentamos desgranar el discurso, ver un poco más allá, de repente el cuadro se nos amplia y lo claramente perfilado, se nos vuelve abstracto e inquietantemente confuso. Cuando vemos el uso que del término ingobernabilidad se le da en un discurso sí, y en otro también, sobre reformas, cambios y reconstituyentes, empiezan a encenderse las alarmas.

Y la pregunta se torna obligatoria: ¿si de cambios sustanciales hablan los que rasgan sus vestiduras porfiando la ingobernabilidad, realmente qué tipo de reformas plantearían para alcanzar su (tergiversada) visión de gobernabilidad?

Dicen, quienes alegan su ingobernabilidad, que un día es culpa de la Sala Cuarta (estos que a todo le dicen que sí, pero también a todo le dicen que no, dependiendo de la pregunta y el interesado); otro día de los tribunales de justicia (que a todos absuelven, y a los que no deberían condenan, diría algún expresidente); al siguiente, de funcionario público; ya el jueves sectores sociales (sospechosamente izquierdistas) salen a la calle; el viernes es de moda, van carros, motos y autobuseros; sábado y domingo, por lo general son días que Dios manda descansar (depende del enfoque divino), pero siempre están las madres, homosexuales, amantes de los animales o defensores de los derechos humanos que sacan un domingo para recorrer San José en grupo.

Pero, ¿por qué va ser culpa de la Sala Cuarta, que una ley esté mal redactada? ¿Un procedimiento mal implementado?; ¿acaso un Tribunal es culpable de los vericuetos legales o malos expedientes con evidencia? Si prácticamente todos los sectores sociales (menos los económicos) llevan una década “ninguneados” y con una carreta de promesas sin cumplir o incluso falsas promesas que siempre va cuesta arriba, ¿cómo culpar que la calle, sea el único espacio para hacerse escuchar? Escucharse, porque ser oído hace años que no es más que una quimera ilusoria entre los gobiernos de turno. Entre menos sea oída la ciudadanía, más altos suelen ser los gritos, y cuando con gritos no alcanza, otros medios no deben resultar extraños.

Entonces, ¿es el discurso de la ingobernabilidad, una excusa construida o más bien una estrategia muy bien elaborada, que finalmente permitirá instaurar las reformas deseadas para alcanzar una supuesta gobernabilidad, por un sector político que lleva casi veinte años, sin que realmente sepa lo que significa gobernar? O más bien, debemos re-preguntarnos ¿Gobernabilidad para quién o quiénes?

Y sin hacer largo el debate, lo acaecido con el magistrado Cruz, me parece, resume en toda su extensión precisamente la visión que de gobernabilidad tienen aquellos políticos que más se quejan de esa ingobernabilidad, que ya no parece imaginada, sino más bien hábilmente construida.

Es una “llamada de atención”, claramente indicó en su momento el jefe de la bancada oficialista. Todos deberíamos hacer acuse de recibo.

Bohián Pérez Stéfanov
Antropólogo
bohianps@gmail.com

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