Poder Judicial carece de normativa legal para implementar plataforma informática, según la Contraloría

Según un informe de la Contraloría General de la República (CGR), el Poder Judicial a pesar de los esfuerzos para materializar el proyecto de la Plataforma de Información Policial (PIP); no cuenta con la normativa legal necesaria para implementar dicha plataforma, la cual pretende dar el acceso a las bases de datos, expedientes y otros registros disponibles en las instituciones públicas y las empresas privadas que suministren servicios de carácter público a los ciudadanos.

Además el informe señala que a lo interno del Poder Judicial el proyecto de la PIP no es considerado como prioritario, a pesar de ser una obligación asignada por ley al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), mediante la Ley contra la delincuencia organizada, Nro. 8754.

El estudio dice que “no tiene los recursos económicos necesarios para apoyar las etapas de desarrollo, implementación, mantenimiento y continuidad de la PIP; en este momento no estarían garantizados, en virtud de que el financiamiento previsto en la citada ley es poco probable que se concretice”.

Por esta razón la Contraloría dispuso que se realice un análisis de los artículos de la Ley contra la delincuencia organizada, número 8754 referentes a la Plataforma de Información Policial, a fin de determinar si se requiere una reforma legal, orientada a consolidar dicha plataforma como una herramienta que contribuya a combatir la delincuencia que afecta a la ciudadanía costarricense.

Asimismo, solicita un estudio integral que permita determinar la prioridad institucional que tiene la Plataforma de Información Policial, considerando que es una obligación legal encomendada a esa instancia.

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