¿Por qué Tribunal anuló y ordenó nuevo juicio contra banda Los Gary/Gery? 

 

El Tribunal Penal de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO) tomó la determinación de anular por completo el juicio que se llevaba a cabo contra la peligrosa banda narco que opera al este del Valle Central, conocida como Los Gary/Gery.

El juicio arrancó a finales de febrero en medio de múltiples tropiezos e intentos de los defensores por evitar el debate oral y público mediante un proceso abreviado, aceptando los cargos y sometiéndose a una pena de cárcel reducida.

Tras el rechazo y cuatro meses de desarrollo intermitente, los jueces emitieron una resolución que puso punto final al proceso, ordenando su reinicio desde cero.

Se trata del juicio contra un grupo de 31 sospechosos, acusados de narcotráfico y homicidios, dirigidos por dos hermanos: Gary Alexander y Gery Alexander Campos Barrantes.

La razón de la anulación es que el juicio se mantuvo suspendido por un plazo mayor a los 20 días que permite la ley.

El Código Procesal Penal (artículo 336) establece que las audiencias deben realizarse sin interrupciones, aunque autoriza a los jueces a suspenderlas hasta por 10 días bajo ciertas circunstancias, como incapacidades, enfermedad u otras causas de fuerza mayor.

En el caso de causas complejas como las de crimen organizado como esta, el plazo puede extenderse hasta 20 días (artículo 378). Sin embargo, no debe superarse ese límite.

El 26 de mayo se recibió al último testigo, y el plazo para retomar el juicio vencía el 20 de junio. El Tribunal intentó ese día continuar la audiencia, pero los abogados presentaron una recusación: un recurso para separar a los jueces, lo que impidió seguir con la recepción de prueba.

Ante ese panorama, y previendo que una eventual condena podría ser anulada en el futuro por violación al principio de continuidad, los jueces optaron por declarar la nulidad del juicio y reiniciar el proceso desde cero.

A esta banda se le atribuyen múltiples delitos, incluidos homicidios calificados, así como la venta, almacenamiento y transporte de drogas, según el Ministerio Público.

Recuento de atrasos

El 26 de mayo de 2025, el juicio se desarrollaba con cierta normalidad, aunque igual atropellado. Ese día, durante la primera audiencia en horas de la mañana, se recibió el testimonio de un testigo. Después de ello, no se evacuó ninguna otra prueba, pese a los esfuerzos del Tribunal.

Luego el 23 de junio, a eso de las 3:00 p. m., los jueces hicieron pasar al testigo, pero fueron recusados una vez más. A esta incidencia se sumó un altercado protagonizado por casi todos los imputados, calificado por los jueces como un "espectáculo", el cual quedó documentado en la grabación del debate.

Otras incidencias impidieron la reanudación. El 27 de mayo, el Tribunal se constituyó, pero no pudo sesionar porque Gery Alexander Campos Barrantes alegó estar sobremedicado, con dolor intenso y sin condiciones mentales para participar.

Los jueces ordenaron el secuestro de su expediente clínico y su valoración médica y psicológica. También se ordenó la valoración de otro imputado, de apellido Cubillo.

El 28 de mayo no se sesionó debido al dictamen médico legal 2025-3694, que recomendó una valoración adicional en el área de psicología o psiquiatría antes de continuar con el debate. Esta situación impidió sesionar entre el 29 de mayo y el 6 de junio.

El 9 de junio, el Tribunal tampoco sesionó por una incapacidad médica de otro imputado, de apellido Conejo, válida hasta el 11 de junio. Ese mismo día, un abogado presentó un dictamen médico que le recomendaba reposo hasta el 13 de junio.

El lunes 16 de junio no se celebró audiencia porque uno de los defensores tenía programada otra causa. El 17 de junio, el Tribunal se constituyó, pero no pudo sesionar debido a una nueva incapacidad presentada por el imputado David Morales Navarro, vigente hasta el 20 de junio. Ese mismo día, otro abogado presentó incapacidad médica por 24 horas.

El 19 de junio se presentó una incapacidad de otro imputado, Humberto Carvajal Calderón, válida hasta el 20 de junio. Ese mismo día, el imputado Joshua Solano Miranda tuvo un accidente antes de ingresar a la sala, por lo que fue remitido a emergencias. Para avanzar, el Tribunal ordenó separar del juicio a Solano y Carvajal y continuar en causa aparte.

El 20 de junio, con el plazo máximo de suspensión a punto de vencer, el Tribunal intentó evacuar a un testigo. Sin embargo, fue recusado una vez más, esta vez por el abogado Adrián Solano, luego de que se rechazara un recurso de revocatoria.

Una vez presentada la recusación, los jueces quedaron impedidos de continuar hasta que esta fuera resuelta. El trámite se atendió de inmediato y fue resuelto el 23 de junio por otro tribunal, que la rechazó por improcedente.

Ese mismo día, los jueces retomaron la audiencia, pero al intentar recibir otro testimonio, la defensa presentó una nueva recusación. A esto se sumaron distintas incidencias, como intentar recusar al tribunal que debía conocer la recusación anterior. Esto provocó una nueva paralización entre el 23 y el 26 de junio.

Finalmente, el 27 de junio, la defensa desistió de la recusación. No obstante, ya se había superado con creces el plazo máximo legal de suspensión. Según el Tribunal, eso provocó una pérdida de inmediatez respecto a la prueba ya evacuada, en perjuicio del principio de continuidad del juicio.

Múltiples intentos de apartar jueces

Según los jueces, el motivo principal por el que no se pudo reanudar el juicio fue la serie de recusaciones presentadas por la defensa, algunas de ellas justo cuando estaba por vencerse el plazo de suspensión.

Incluso, la última recusación se presentó el mismo día límite, y la defensa desistió hasta que el plazo ya había sido sobrepasado, lo que aprovecharon para alegar su vencimiento.

Los jueces cuestionaron que los abogados de la defensa utilizaron la figura de la recusación como maniobra para evitar la continuidad del debate y provocar la nulidad del proceso.

Aunque el Código Procesal Penal no establece que las recusaciones interrumpen los plazos si no pueden resolverse de inmediato, en este caso el Tribunal concluyó que la defensa actuó con deslealtad procesal, dando uso las recusaciones como táctica para impedir que se recibieran testigos que interrumpieran el conteo de los días de suspensión, lo cual generó un vicio procesal que terminó favoreciendo a los acusados.

El Tribunal reconoció que las únicas interrupciones bajo su control fueron las autorizadas a defensores el 3 de abril y el 6 de mayo para atender otros procesos. Pero incapacidades presentadas por imputados —como Araya y Campos Barrantes— escaparon de su control y debieron ser evaluadas en la Clínica Médico Forense.

Los jueces concluyeron que continuar en esas condiciones solo arrastraría un vicio con altas probabilidades de nulidad posterior. Por ello, resolvieron anular el juicio para garantizar el debido proceso.

¿Nuevo retraso?

La defensa legal de Los Gary/Gery solicitó al Tribunal cambiar la fecha y sede del nuevo juicio, luego de un atentado armado ocurrido el lunes anterior contra el vehículo que usualmente utiliza uno de los cabecillas.

Jean Carlos Mora Ortiz, un mecánico automotriz que probaba el carro, fue asesinado en La Unión de Cartago tras ser interceptado por dos gatilleros en motocicleta, quienes dispararon varias veces, matando al hombre e hiriendo a una mujer.

Según reveló CR Hoy, el vehículo pertenece a Gary Alexander Campos Barrantes, aunque está registrado a nombre de una mujer de apellido Muñoz, presunta testaferro. Se trata de un SUV Honda CR-V 2007, valorado en unos ₡4,5 millones.

El OIJ indicó que Campos era el objetivo real del ataque, que dejó al mecánico como víctima colateral.

Ante esa situación, los abogados solicitaron cambiar la sede del juicio que debe iniciar el lunes 14 de julio, con el fin de evitar más ataques armados. Según la defensa, el riesgo de seguridad no solo afecta a Campos, sino también al resto de los imputados, defensores, fiscales y jueces.

Aseguran que el edificio de los Tribunales del Primer Circuito Judicial de San José no reúne las condiciones necesarias para realizar el debate con tantas partes involucradas, menos aún con los accesos obstruidos por remodelaciones en los costados norte y sur del inmueble.

Pidieron suspender el señalamiento de juicio y reprogramar en un lugar con mejores condiciones de seguridad, acceso e infraestructura, para proteger la integridad de todos los participantes.

Existe el temor de que los autores intelectuales del ataque contra Campos vuelvan a intentar asesinarlo, y se repita un episodio violento con víctimas inocentes.