El Proyecto de Ley del Sistema de Garantía de Depósitos y Resolución Bancaria establece que el Fondo de Garantía para los inversionistas en títulos valores emitidos por bancos privados y cooperativos, que en este momento alcanza los 30 millones de dólares y se encuentra ocioso; tendrá que pasar a manos del Banco Central, que se hará cargo de su administración.
El proyecto de ley fue dictaminado el miércoles en la Comisión de Asuntos Económicos y entró a corriente del Plenario este jueves.
El fondo es administrado desde su conformación y hasta la fecha por la Asociación Bancaria Costarricense, pero por vacíos legales, no se le había podido dar utilidad.
Si el proyecto se aprueba este capital formará parte del Fondo de Garantía de Depósitos que crea la ley, con el fin de que los inversionistas que tienen capitales en instituciones financieras que no tienen garantía del Estado, puedan tener un respaldo, en caso de que la institución quiebre.
En la propuesta, se le da un plazo de nueve meses desde la entrada en vigencia de la ley, para que la Asociación Bancaria traslade estos fondos al Banco Central.
El Fondo de Garantías usará estos 30 millones de dólares como un “colchón” para iniciar con el respaldo a los inversionistas, además se nutrirá del aporte de todas las entidades financieras privadas y del Banco Popular, que tendrán que dar el 6% de cada mil.
“Estos recursos se acreditarán a los bancos privados y cooperativos que en su momento realizaron intermediación financiera con los fondos provenientes de los convenios de asistencia, como un adelanto en el pago de la contribución que tengan que sufragar al fondo creado por ley”, dicta el proyecto.
La legisladora Patricia Pérez Hegg, integrante de la comisión, explicó que el transitorio que establece el traslado de los recursos es de suma relevancia, debido a que estos dineros han estado ociosos durante mucho tiempo.
“Lo que se pretende es que los activos buenos no se deterioren y se afecte al inversionista, en Resolución Bancaria se permite, de una forma más ágil, mejor las liquidaciones de las carteras”, explicó Pérez Hegg.
El proyecto se divide en dos asuntos, la primera es la del seguro de depósito para pequeños inversionistas con depósitos de menos de 6 millones de colones. Los bancos y entidades financieras que no cuentan con la garantía del Estado, tendrán que aportar una comisión del 6% por cada mil que registren al Banco Central, que administrará el fondo.
El otro punto establece que si una entidad se encuentra en problemas económicos, se traslade los activos seguros a una entidad bancaria que no se encuentre en aprietos, de esta manera se evita que las personas que tienen créditos dejen de pagar, por la premisa de que la institución podría quebrar.



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