La Sala ordenó al BCCR proceder a informar sobre el resultado de la denuncia presentada el 17 de septiembre del 2012. CRH.
La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar el recurso de amparo interpuesto por el abogado William Chinchilla en donde solicitaba información al Banco Central sobre los nombramientos de José Luis Arce y Pablo Villamichel en el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF).
Según Chinchilla, ambos profesionales tienen serios conflictos de interés. En el caso de Arce, el abogado cuestiona que es socio y director de Programas de Consejeros Económicos y Financieros (CEFSA) y en el caso de Villamichel es socio y consultor de Ecoanálisis, ambas firmas de consultoría y asesoría económica y financiera de los operadores del Sistema Financiero.
La Sala ordenó a Rodrigo Bolaños, presidente del Banco Central, proceder de inmediato a informar sobre el resultado de la denuncia presentada por el recurrente el 17 de septiembre del 2012, y en caso que se ordene una investigación preliminar, comunicar el resultado de conformidad con el artículo 24 del reglamento a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
Según la Sala Constitucional, la administración está en la obligación de comunicarle al denunciante el estado de la tramitación en que se encuentra su queja, así como el resultado de la misma, lo que sí resulta de interés público, habida cuenta de la necesaria fiscalización y evaluación a las que tienen que estar sometidos los servidores públicos por parte de la ciudadanía en el desempeño de sus funciones.
Asimismo se indica que la Sala observa un notorio interés público en la denuncia no solo como instrumento de control político, sino también como mecanismo útil para la evaluación de resultados y rendición de cuentas de la administración, según está establecido en el artículo 11 de la Constitución Política.
BCCR contratará abogado para emitir informe
Por otra parte, en un oficio enviado a finales de la semana anterior por Félix Delgado, gerente del BCCR, se le indicó a Chinchilla que la entidad procederá a la contratación de un profesional externo para que investigue los nombramientos y determine la actuación de la administración. Esta recomendación había sido realizada por la División Jurídica del Banco Central.
En la misiva se indica que el profesional contratado procederá a realizar la investigación en el plazo de tres semanas y luego remitir un informe. La investigación deberá recabar la prueba documental o de cualquier otro tipo para el análisis de la situación denunciada. Además, indicar los daños o perjuicios que pudieron haberse provocado con motivo de la situación investigada señalando a los eventuales responsables.
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