3 de enero de 2013

Tres conceptos sobre política fiscal

Conciliar las expectativas de la sociedad sobre los servicios asociados a la inversión social y la disponibilidad de recursos, fue el llamado que durante el 2012 hizo el Ministro de Hacienda, Don Edgar Ayales, en un contexto caracterizado por la contención del gasto, el desencanto popular con la capacidad de gestión de lo público, especialmente en temas de ejecución de proyectos de infraestructura, y la ausencia de nuevos recursos, a pesar de la aprobación del impuesto a las sociedades mercantiles, que ha quedado claro, tampoco es suficiente para financiar correctamente la seguridad.

Pienso que Don Edgar Ayales ha aportado calma a las aguas bravas que tiraron por la borda el plan fiscal y al Ministro de Hacienda anterior, y que permitió al país salir del impasse en el que estaba sumido.

Hace bien un Ministro de Hacienda enviando una señal de tranquilidad al mercado, pero hace mejor cuando confronta a la sociedad con su cruda realidad: no basta con la contención del gasto. Pero el más elocuente de los políticos y el más capaz de los técnicos, no podrán convencernos de aprobar más impuestos… Y esto es un problema, porque como indica el informe 18 del Estado de la Nación: “El desequilibrio fiscal difícilmente puede ser corregido con el solo manejo de los ingresos y los gastos actuales, sin que esto tenga efectos negativos en el desarrollo y el crecimiento económico del país”.

¿Qué hacemos entonces? Seguramente hay que trabajar en varios frentes, tanto en la efectividad del gasto como en la mejora del ingreso pero como el mismo informe lo sugiere, más que socarse la faja habría que trabajar en un “Plan estratégico de manejo fiscal” o sea, algo mucho más amplio que un proyecto de ley para crear nuevos tributos.

Es aquí donde me parece que hay tres conceptos informadores que deberían guiar el camino de los cambios necesarios, que si seguimos haciendo las cosas como hasta ahora, no tendremos resultados distintos.

Primero, debemos hacer cambios en el sistema político para poder tomar acuerdos y moldear nuestro Estado y nuestra sociedad mediante la promulgación de leyes hijas de acuerdos sociales que beneficien a la mayoría y promuevan la productividad. En esta primera línea se incluyen -a mi parecer- la profesionalización de la carrera parlamentaria, la reestructuración de los partidos políticos, la desjudicialización de las decisiones políticas y un sistema donde el ejecutivo sea compartido por las fracciones políticas representadas en el Congreso.

Segundo, está el replanteamiento del papel de Estado, la reducción significativa de sus programas e instituciones, incluyendo las descentralizadas, muy especialmente de su planilla, su fortalecimiento como ente rector de políticas públicas para de esa manera asegurarse que el gasto no sea regresivo, pero lo más importante, que sea capaz de ejecutar dentro de plazos razonables, proyectos de infraestructura. No puede ser que ocupemos de entre 139 países, el lugar 132 en infraestructura portuaria y 111 en vial. El dinero de los impuestos, debe el Estado, estar en capacidad de invertirlo rápidamente, al igual que el dinero de los ahorrantes, debe ser invertido con cautela en proyectos de beneficio público y no en financiar gasto corriente.

Tercero, debemos mejorar la recaudación, descentralizar la iniciativa de creación de tributos y las responsabilidades de las comunidades por su propio desarrollo y ajustar nuestras leyes de impuestos para que eviten los grandes portillos de evasión que hoy existen y para que fomenten al sector productivo nacional, pero especialmente, que sirvan para incentivar la investigación, el desarrollo de tecnologías amigables con el ambiente y el empleo.