15 candidatos presidenciales plantean acciones para garantizar sostenibilidad de las pensiones

Un total de 15 candidatos a la Presidencia de la República plantearon acciones este miércoles para garantizar la sostenibilidad de los regímenes de pensiones y mostraron su compromiso para que el Estado cancele la deuda millonaria que mantiene con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Así lo manifestaron en un debate organizado por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) para el cual se invitó a los 20 aspirantes presidenciales, pero cinco no asistieron.

En el evento participaron: Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), Ana Virginia Calzada, del Partido Centro Democrático y Social (PCDS), Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), Boris Molina, del Partido Unión Costarricense Democrática (PUCD), Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, Claudio Alpízar, del Partido Esperanza Nacional, y Douglas Caamaño, del Partido Costa Rica Primero.

Además, Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), Fernando Zamora, del Partido Nueva Generación (PNG), José Aguilar, del Partido Avanza, Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Marco Rodríguez, del Partido Esperanza y Libertad, Ronny Castillo, de Aquí Costa Rica Manda, y Wálter Hernández, del Partido Justicia Social Costarricense.

Los riesgos que enfrenta la sostenibilidad de los regímenes de pensiones frente al acelerado envejecimiento de la población costarricense, la reducción de la tasa de natalidad y las presiones fiscales, así como los mecanismos para que el Estado pague la deuda a la CCSS y algunos regímenes de pensiones, como el de Jupema, fueron parte de la discusión.

Ramos mencionó que para la sostenibilidad de las pensiones, el país ya hizo parte de la tarea, pero aseguró que es necesario migrar a la pensión básica universal, la cual complementaría las pensiones básicas contributivas.

Calzada detalló cinco ejes para lograrlo, entre ellos los principios de equidad contributiva, la sostenibilidad solidaria, el equilibrio intergeneracional sin desfinanciar el sistema y el respeto a los derechos adquiridos.

Robles abogó por no manosear ningún régimen de pensiones, como el de Jupema, evitar la unificación de regímenes, que el Estado cancele las deudas y combatir la informalidad.

Por su parte, Molina ratificó la necesidad de impulsar un pacto social y propuso eliminar las desigualdades presentes, así como hacer ajustes que no necesariamente dependan de nuevas leyes.

Dobles subrayó que el país necesita un gobierno dispuesto a dialogar para llegar a acuerdos. Mencionó cuatro puntos: mejorar la competitividad de Costa Rica, sostenibilidad fiscal, posibles aportes extraordinarios y mejorar las condiciones a las operadoras de las pensiones.

Alpízar hizo un llamado a impedir la mercantilización de las pensiones y manifestó su oposición a la pensión básica universal. Planteó la venta de oro para obtener recursos que garanticen la sostenibilidad de las pensiones.

Caamaño también sostuvo que un sistema único de pensiones no es viable y advirtió que hay empresarios y políticos que quieren echar mano a los recursos de los regímenes de pensiones. También destacó la necesidad de fortalecer y proteger el régimen de Jupema.

Mientras, Feinzaig admitió que el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) no es sostenible y aseguró que la única solución es migrar hacia un régimen de cuentas individuales. Sostuvo que aumentar la edad de retiro y las cotizaciones no constituyen una solución y coincidió en usar el oro de Crucitas para fondear las pensiones.

Zamora propuso una combinación de varios factores, entre ellas una directriz para que todos los recursos del presupuesto nacional no utilizados se usen para el pago del Estado con la seguridad social, la posibilidad de impulsar la pensión consumo.

Aguilar dijo que para garantizar la sostenibilidad de las pensiones se debe impulsar un acuerdo con los sectores y ejecutar acciones como fortalecer la educación, mejorar la competitividad de Costa Rica, garantizar el acceso al crédito, impulsar el gobierno digital y utilizar recursos minerales para fortalecer las pensiones.

Hidalgo señaló la importancia de atacar la informalidad en el mercado laboral costarricense, disminuir la carga que pesa sobre el sector patronal, separar el seguro de salud y las pensiones, impulsar los planes voluntarios con afiliación automática, la importancia del ahorro para una pensión y esquemas para que los fondos de pensiones tengan mayores rendimientos.

Luz Mary Alpízar afirmó que Costa Rica debe plantearse cómo sostener la tasa de nacimientos para garantizar mayores nacimientos a futuro, así como que se pueda utilizar fondos de pensiones para invertir en infraestructura pública.

Rodríguez indicó que no se puede mantener pensiones congeladas y reconoció que la tasa de natalidad constituye un reto. También abogó por mejorar la educación financiera y reforzar que la inversión extranjera directa (IED) se garantice para empleos dignos.

Castillo planteó que el Estado debe reconocer la deuda con la CCSS, emitir bonos respaldados y crear un fondo para pagar los intereses. Además, propuso fortalecer la educación financiera, mejorar la competitividad y el desarrollo de industrias emergentes.

Hernández afirmó que en su programa de gobierno el tema de la Caja es una prioridad y se reconoce la deuda del Estado con esa institución, con el fin de impulsar una negociación orientada a disminuir el monto del endeudamiento.

Compromisos

Los aspirantes presidenciales también mostraron su compromiso de impulsar acciones para que el Estado pague la millonaria deuda que mantiene con la CCSS y los sistemas de pensiones.

Ramos aseguró que no es cierto que esa deuda sea impagable y dijo que solo se debe precisar en qué plazo se puede cancelar.

Calzada mencionó que el Estado debe honrar sus obligaciones con la CCSS, las pensiones y el Magisterio.

Robles recordó que el Frente Amplio es parte denunciante de una gestión planteada ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda para obligar al Estado a pagar esa deuda.

Molina propuso despedir a los funcionarios públicos responsables de no pagar la deuda, mientras que Dobles dijo que en un eventual gobierno suyo se impulsaría cancelar la deuda en un plazo menor a tres años.

Alpízar planteó la necesidad de que el Ministerio de Hacienda se siente con las autoridades de la CCSS para definir el monto de la deuda y pidió al Estado ser puntual con los pagos.

Caamaño propuso impulsar la explotación de gas en el país y que la totalidad de ese dinero se utilice para pagarle a la Caja.

Zamora manifestó que está comprometido con que el Estado honre sus pagos a los regímenes de pensiones y aseguró que existen mecanismos concretos para lograrlo, como utilizar los recursos subejecutados del presupuesto para el pago de la deuda.

Hidalgo mencionó que el Estado debe comenzar a pagar sin ninguna excusa y que se debe abrir una negociación responsable para establecer un esquema de pagos, además de hacer una auditoría de la deuda para determinar el monto exacto de la misma.

Luz Mary Alpízar planteó que un porcentaje de los créditos internacionales se destine para abonar a la deuda que el Estado mantiene con la CCSS e impulsar un acuerdo en esa materia.

Rodríguez dijo que el Estado debe saldar la deuda e impulsar acuerdos con los distintos actores.

Castillo dijo que su propuesta es reconocer la deuda del Estado mediante un bono y comenzar a pagar intereses.

Hernández también que el Estado es responsable de atender la deuda mediante una negociación por parte del Poder Ejecutivo con la junta directiva de la CCSS.

Finalmente, Feinzaig dijo que asume el compromiso de honrar todas las deudas del Estado con la Caja, realizar una auditoría, determinar el monto de la deuda y plantear un esquema de pagos, así como generar recursos adicionales, mediante un mayor dinamismo de la economía.