Chaves obligó a Bulgarelli a dar pago a “Choreco” a cambio de contrato con el BCIE, dice Fiscalía
Pago de $32 mil se habría dado para "reconocer" aporte de Cruz en campaña presidencial
Rodrigo Chaves, presidente de la República, junto a Federico Cruz Saravanja, alias Choreco. CRH
El presidente Rodrigo Chaves obligó al empresario Cristian Bulgarelli a entregar $32 mil a Federico Cruz "Choreco", provenientes del contrato que el empresario iba a firmar con el Banco Centroamericano de Integración Económica, por concepto de una campaña de imagen para Casa Presidencial, según la acusación presentada por el Ministerio Público contra Chaves, por el delito de concusión.
En el documento de acusación, la Fiscalía detalla que el pago a Choreco no respondía a trabajos encomendados en el contrato, sino más bien, a una retribución por la ayuda que dio a Chaves en la campaña electoral, por sus consejos en Presidencia y por ser un buen amigo del Presidente.
Junto con Chaves, también fue acusado el ministro de Cultura Jorge Rodríguez Vives, quien en ese momento era el jefe de despacho de la Presidencia y el contacto directo entre Casa Presidencial y el BCIE.
La contratación se gestó a mediados de 2022 y la Fiscalía General contó con el testimonio clave de Bulgarelli Rojas, quien se convirtió en “testigo de la corona” y admitió haber entregado los $32 mil a Cruz Saravanja atendiendo la solicitud del presidente Chaves y del actual ministro Rodríguez Vives.
Choreco también figuró entre 2023 y 2024 como presidente del partido chavista Aquí Costa Rica Manda (AQCRM), el cual fracasó en el intento de optar por puestos de alcaldía en las elecciones municipales de febrero de 2024 tras incumplir los requisitos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). De hecho, Cruz renunció un mes después de los comicios municipales.
Chaves solicitó $1 millón al BCIE, de los cuales $405 mil se destinaron a contratar a Bulgarelli. En este contexto, Rodríguez Vives habría jugado un rol clave, pues como jefe de despacho del mandatario se encargó de gestionar la contratación adjudicada al empresario y fue el enlace con el banco.
El productor audiovisual confesó que él mismo redactó los términos de referencia de la contratación y que estos fueron revisados por Rodríguez Vives.
El hecho medular ocurrió entre junio y octubre de 2022, cuando en una reunión sostenida en Casa Presidencial, el presidente Chaves advirtió a Bulgarelli de perder la oportunidad de obtener el contrato si no aceptaba girar los recursos a Choreco a título de “comisión”.
La petición del mandatario, bajo el término de “cariñitos”, quedó grabada por Patricia Navarro Molina, entonces ministra de Comunicación. Dichos audios fueron publicados por el diario La Nación en diciembre de 2023 y fueron secuestrados como prueba por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
"(…) el acusado Chaves Robles como parte de esos ‘cariñitos’ obligó e indujo al empresario Christian Bulgarelli Rojas a dar indebidamente un beneficio patrimonial en favor de Cruz Saravanja, a cambio de la adjudicación del contrato a su empresa, el cual consistía en una retribución económica a título de ‘comisión’, derivado del pago de la contratación, bajo la advertencia de perder la oportunidad de obtener el contrato en caso de no hacerlo. Ante la exigencia del acusado Chaves Robles y el inminente riesgo de no conseguir el ‘Contrato Marco de Prestación de Servicios de Consultoría’, por el cual había trabajado por varios meses, el señor Bulgarelli Rojas se vio obligado a entregarle un beneficio patrimonial indebido al encartado Cruz Saravanja”, detalla la acusación contra el mandatario, comunicada este lunes por la Fiscalía General.
Los $32 mil en favor de Cruz Saravanja fueron utilizados para pactar un contrato de alquiler con opción de compraventa de una casa ubicada en el condominio Barlovento, en La Unión de Cartago.
Según la declaración dada por Bulgarelli Rojas a la Fiscalía General, en principio, Choreco le solicitó a él firmar el contrato de compraventa. El productor audiovisual se negó a la petición, pero el 24 de febrero de 2023 depositó los $32 mil a la propietaria de la casa (una mujer de apellido Fernández) a través de una cuenta bancaria en el Banco Popular (BP).
En agosto de 2024, Choreco fue desalojado del inmueble por falta de pago. Así trascendió públicamente en aquella oportunidad.
Chaves y Rodríguez Vives fueron acusados por el delito de concusión, previsto en el artículo 355 del Código Procesal Penal.
“Este delito sanciona con penas de 2 a 8 años “al funcionario público que, abusando de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o beneficio patrimonial”, subrayó el Ministerio Público, a través de un comunicado de prensa.
La acusación fue entregada a la Secretaría General de la Corte Plena para el trámite debido, de acuerdo con el procedimiento especial de juzgamiento a miembros de Supremos Poderes, y también fue comunicada a la Procuraduría General de la República (PGR), como representante del Estado, a efectos de que manifieste si desea constituirse en querellante o actor civil.
En contra de Bulgarelli se mantiene la causa penal 25-000043-0033-PE, en la cual se solicitará la suspensión de la acción penal hasta que exista una sentencia firme en ese proceso. En caso de que la colaboración no llegue a ser eficiente para los intereses del Ministerio Público, se continuará con la persecución penal en su contra.
