Descubren toma ilegal de combustible en vecindario cercano a concurrida autopista
Acciones desplegadas por OIJ y Fiscalía, en colaboración con Recope, en Río Segundo de Alajuela
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y la Policía Municipal de Alajuela intervinieron este miércoles una toma ilegal de combustible, en el poliducto de la empresa estatal, a la altura de Río Segundo de Alajuela, cerca de la autopista General Cañas (San José-Alajuela).
El punto de extracción representaba un riesgo inminente de incendio o explosión, ya que se encontraba debajo de una comunidad entera, donde residen familias con niños y personas adultas mayores.
La intervención se llevó en un operativo conjunto con el Cuerpo de Bomberos, la Dirección General de Migración, la Fiscalía y la Policía Municipal de Alajuela.
"La detección de la actividad ilegal fue posible gracias a una alerta emitida por el sistema del poliducto, lo cual activó un protocolo de inspección inmediata. Esto coincidió con una denuncia confidencial que ingresó a la línea 1-0-0-2 y permitió al equipo especializado de Recope realizar múltiples diligencias durante los últimos cinco meses para localizar la conexión clandestina", detalló la refinadora, en un comunicado oficial.
Tras las investigaciones, se logró determinar que el combustible era sustraído y almacenado en una casa en Río Segundo, que no contaba con condiciones mínimas de seguridad.
Entre el 1.° de marzo y el 29 de mayo del presente año, se estima que esta organización criminal sustrajo 284.954 litros de diésel, gasolina súper y gasolina regular.
Esta cantidad equivale al contenido de nueve camiones cisterna de 32.000 litros cada uno.
"El robo de combustible ya no es un delito silencioso. Es una amenaza abierta a la vida, porque con una chispa, una fuga o una conexión mal hecha, se puede generar una tragedia", advirtió Karla Montero, presidenta de Recope.
El monto estimado del perjuicio económico podría superar los ₡100 millones, sin contar los costos asociados a inspección, reparación de daños e intervención operativa.
La intervención forma parte de una estrategia nacional de vigilancia que Recope mantiene sobre los 415 kilómetros del poliducto que recorre Costa Rica, desde Moín, en Limón, hasta Barranca, en Puntarenas.
Desde 2020, cuando entró en vigencia la Ley 9852 que penaliza el apoderamiento ilegal de combustibles, Recope ha presentado 848 denuncias, aunque solo 57 personas han sido sentenciadas por este delito. Pese a ese panorama judicial, la institución mantiene una ofensiva constante.
