Banco alega que discrimina a clientes por salario

Sala IV da curso a acción del Popular contra “Ley de Usura”

Gerardo Ruiz R. [email protected] Septiembre 11, 2020  11:54 am

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  • Intermediario financiero alega que norma le impide cumplir con su objetivo de brindad soluciones financieras a muchas familias en apuros
  • Alega que multas por girar créditos a personas muy endeudadas son irracionales y desproporcionales

(CRHoy.com).- Los magistrados de la Sala Constitucional dieron curso a la acción de inconstitucionalidad que el Banco Popular (BP) presentó en contra de un artículo de la reforma a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, conocida como “Ley de Usura”.

El BP presentó la acción el 4 de setiembre pasado. Según el intermediario financiero, el cambio a la normativa estaría generando exclusión financiera e impidiendo brindar opciones de apoyo crediticio a miles de personas físicas y jurídicas, en medio de la grave crisis económica actual.

La acción del BP que aceptó para su estudio la Sala Constitucional se enfoca en cuestionar la constitucionalidad del artículo 44 ter de la reforma. Según el ente bancario, ese artículo excluye a todas aquellas personas que tengan un salario líquido menor a ¢200 mil  de gestionar un crédito o de poder realizar un arreglo de pago en sus operaciones financieras.

En sus alegatos ante la Sala Constitucional, el BP enfatizó que entre sus fines está dar protección a las personas trabajadoras, a través del fomento del ahorro y también del acceso al crédito sin distingo de ingresos, y subrayó que, con la vigencia de la norma impugnada, no es factible cumplir con “eficacia y efectividad” la protección de un grupo importante de clientes en el acceso al crédito, aspecto que considera esencial en una emergencia sanitaria y económica como la que atraviesa el país actualmente.

La entidad también cuestionó las sanciones que establece el artículo 44 ter contra los intermediarios financieros que aprueben un créditos a personas sumamente endeudadas que ganen menos de ¢200.000 mensuales, que es el salario mínimo inembargable.

Las multas contras los prestamistas, según la reforma que promovieron los diputados Welmer Ramos (Acción Ciudadana) y David Gourzong (Liberación Nacional) son de entre un 1% y un 2% del patrimonio contable de la Institución financiera que llegase a infringir la normativa.

A juicio del Banco Popular esa sanción “es desproporcionada, como desproporcionado y carente de razonabilidad es dejar por fuera del Sistema Bancario Nacional a los clientes más vulnerables”, lo cual, añadió el Banco en sus argumentos, es “contrario a la Constitución, ya que fomenta la discriminación de las personas según su condición salarial”.

La reforma se aprobó el 9 de junio en el plenario del Parlamento y la firmó el presidente de la República, Carlos Alvarado, el día 11 de ese mes.

Los cambios a la legislación fijan una tasa de interés tope anual de un 39% para la mayoría de las operaciones crediticias, incluyendo a las tarjetas de crédito, en el caso de las operaciones en colones. Para aquellas que se negocien en dólares, la tasa tope anual será de un 31,35%.

Esa modificaciones también disponen una tasa diferenciada para los microcréditos iguales o inferiores a los ¢675.000. En este caso, las operaciones que se formalizan en colones no podrán tener una tasa de interés superior a un 55% y las que se negocian en dólares tendrán un límite de un 45,66%. 



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