Esposa y hermano de reo que lideraba call center de estafas desde la cárcel estarán 3 meses más en prisión
Una mujer de apellido Alvarado y un hombre de apellido Tencio, esposa y hermano de un privado de libertad que lideraba un centro de llamadas (call center) de estafas desde la cárcel, deberán permanecer tres meses más bajo prisión preventiva, informó la Fiscalía Adjunta de Puntarenas.
El Juzgado Penal de Puntarenas ordenó la medida a solicitud del Ministerio Público. Ambos son parte de los 38 miembros de una agrupación criminal desarticulada hace casi un año, que tenía su sede en una vivienda alquilada en una exclusiva zona de Sabana Sur, en San José.
Al parecer, lograron sustraer al menos ₡125 millones contabilizados en seis casos concretos. Sin embargo, la cifra podría ser mayor y alcanzar los ₡2.000 millones, dado que, según las investigaciones, la organización operaba desde 2017.
En apariencia, todas estas personas se dedicaban a cometer estafas informáticas millonarias mediante un centro de llamadas que contaba con una estructura compleja y bien articulada.
Este grupo criminal fue desmantelado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía el 27 de noviembre de 2024. Inicialmente, se impuso prisión preventiva a 24 de los 37 miembros.
A cinco de los detenidos únicamente se les tomó declaración indagatoria, pues se les atribuyen roles de menor gravedad, como el préstamo de sus cuentas bancarias que posteriormente la organización criminal utilizaba para depositar el dinero obtenido mediante las estafas.
Los sospechosos tenían funciones claramente distribuidas dentro de la gestión operativa. La mayoría contaba con cubículos, teléfonos, guiones y auriculares asignados, con los cuales se dedicaban a llamar a las víctimas.
Las vigilancias policiales demostraron que había sujetos encargados específicamente de movilizarse en motocicleta con grandes sumas de dinero en efectivo para realizar pagos y distribuir los fondos en otros lugares.
Los integrantes del grupo recibían salarios e incluso viáticos, que se les pagaban para trasladarse a ciertos sitios. La operación se manejaba como si fuera una empresa formal, aunque se trataba de una organización delictiva. Algunos de los participantes habían salido recientemente de prisión y eran rostros conocidos para los oficiales.
Una vivienda de tres niveles, de gran tamaño y alto valor económico, ubicada en barrio Colón, en Sabana Sur, funcionaba como el recinto principal donde operaba el call center de estafadores. Desde ahí se hacían pasar por funcionarios bancarios, municipales o empleadores para obtener información sensible de las víctimas y vaciar sus cuentas bancarias.
No mucho antes de su captura, la organización se había trasladado a esa propiedad, situada a unos 500 metros del Gimnasio Nacional. Los sospechosos habían cambiado de sede recientemente; la casa tenía apenas un mes o menos de funcionar como base de operaciones de la banda.
Este era el nuevo local al que el grupo criminal, aparentemente, se había mudado para continuar con sus actividades ilícitas. Según las autoridades, cambiaban de ubicación aproximadamente cada cuatro meses para tratar de despistar a las fuerzas policiales.