Gobierno bloquea proyecto que reforma régimen disciplinario del Poder Judicial para combatir corrupción
El Poder Ejecutivo mantiene bloqueado un proyecto de ley que pretende reformar integralmente y fortalecer el régimen disciplinario del Poder Judicial, con el cual se busca combatir la infiltración del crimen organizado y la corrupción.
Desde el 1.º de noviembre, el Gobierno tiene el control de la agenda de la Asamblea Legislativa. La Presidencia, mediante decreto ejecutivo, convoca los proyectos de ley que avanzan en su trámite y los que permanecen fuera de la agenda.
El expediente 24.860 ya superó un primer filtro en la Comisión de Asuntos Jurídicos y fue dictaminado de forma positiva. Estaba listo para iniciar su trámite en el Plenario y encaminarse hacia su aprobación en primer debate, con miras a convertirse en ley.
No obstante, el oficialismo se niega a convocarlo. Pilar Cisneros, jefa de fracción y vocera del Gobierno, confirmó —tras conversar con el ministro de la Presidencia a. i., Alejandro Barrantes— que, por ahora, no valoran incluirlo en la corriente legislativa, al no considerarlo prioritario.
"No lo vamos a convocar por ahora. El Ejecutivo tiene otras prioridades", indicó Cisneros.
Uno de los principales objetivos de la iniciativa es reestructurar los plazos y herramientas para indagar a los empleados que incurran en faltas dentro o fuera de sus funciones, tal como reveló CR Hoy desde julio del año anterior, cuando la propuesta estaba en construcción.
Además, se modifican los mecanismos de investigación interna y los procesos disciplinarios, con el fin de imponer sanciones más eficaces. Con la nueva normativa se abarcaría al personal en propiedad, interino y meritorio, es decir, a los trabajadores voluntarios cuyo objetivo es adquirir experiencia y aprendizaje.
Jorge Leiva, magistrado de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y principal impulsor del proyecto, destacó la necesidad de reforzar la forma en que se procesan las faltas disciplinarias y los procedimientos administrativos dentro de la entidad.
"Nosotros en el propio Poder Judicial en el marco de la autocrítica estamos conscientes de que siempre hay cosas que mejorar, no solo las situaciones que la realidad nos han enseñado que no están funcionando bien o que podrían funcionar de una mejor manera, sino aquellos puntos que hace 5 años o hace 10 años funcionaban bien y ya hoy no.
Necesitamos de manera urgente actualizar nuestro sistema para poder tramitar de forma más rápida, pero también con mejores herramientas. Si se me permite la expresión "con colmillos" para hacer mejores investigaciones y más rápidas, a fin de sacar a cualquier persona que esté incurriendo en temas de corrupción. Tenemos un sistema confiable, pero necesitamos mejorarlo", indicó el alto juez.
El proyecto introduce reglas especiales para casos de corrupción, como la ampliación de los plazos de investigación y la eliminación de obstáculos que puedan generar impunidad por formalidades. Además, contempla un papel más activo de los denunciantes.
Entre los nuevos aspectos destaca la posibilidad de trasladar pruebas obtenidas en procesos penales a los procedimientos administrativos disciplinarios, siempre bajo la autorización de un juez de garantías, quien verificará la pertinencia y legalidad de la información.
Otro de los cambios propuestos es la reestructuración del Tribunal de la Inspección Judicial, principal órgano disciplinario. La idea es que una nueva estructura orgánica asuma competencias que actualmente recaen en el Consejo Superior y en la Corte Plena, lo cual permitiría especializar la tramitación de los casos disciplinarios.
Para el magistrado Leiva, estos cambios serán fundamentales para erradicar la intromisión del crimen organizado en el Poder Judicial, ya sea mediante la incorporación de funcionarios dentro de sus filas o infiltrando a personas afines en la institución.
"Lamentablemente, el crimen organizado transnacional y el interno siempre van a estar interesados en poder infiltrar en las organizaciones públicas y dentro de las organizaciones públicas y el Poder Judicial sin lugar a dudas, es uno de los principales objetivos de cualquier organización criminal.
De ahí que el Poder Judicial esté muy interesado en avanzar en tener los controles suficientes para darle reglas claras a los funcionarios, pero también a la sociedad costarricense de que se va a tener tolerancia cero ante las circunstancias de corrupción o de relación con crimen organizado", añadió Leiva.
En cuanto a las sanciones, la reforma establece que, en casos de despido por faltas graves, la persona sancionada no podrá reingresar al Poder Judicial durante un período de diez años y deberá someterse nuevamente a los procesos de selección.
Todo esto ocurre en un contexto de creciente número de empleados judiciales detenidos o imputados en casos de narcotráfico, crimen organizado, legitimación de capitales y corrupción.
Oposición refuta postura de Gobierno
Diputados de diferentes partidos fustigaron la decisión del Ejecutivo y sus diputados afines de mantener congelado el proyecto de ley, el cual está listo para ser sometido a un primer día de mociones para eventuales ajustes.
En Comisión, todas las fracciones estuvieron de acuerdo con la iniciativa, y las pocas mociones que se interpusieron fueron únicamente para pulir aspectos de redacción. Los jefes de bancada manifestaron hace dos semanas su anuencia para impulsar el proyecto hacia su aprobación.
Danny Vargas, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y cofirmante del expediente, destacó la relevancia de los cambios y la urgencia de que el Ejecutivo lo convoque.
"En el periodo de sesiones extraordinarias, la agenda le corresponde al Poder Ejecutivo. Debido a esto, hace unas semanas el magistrado Jorge Leiva participó en una reunión de jefes de fracción donde solicitó que por favor se incorporara en la agenda para que pudiese ser discutido en primer debate.
De parte de la fracción de Liberación Nacional cuenta con todo el respaldo para que sea votado y pronto sea ley de la República", señaló el verdiblanco.
Alejandro Pacheco, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), cuestionó que el oficialismo obstaculice la iniciativa.
"El Poder Judicial ha trabajado en una ley para sancionar a los funcionarios corruptos, es un trabajo que se ha hecho durante años, que llegó aquí a la Asamblea Legislativa, que pasó por la Comisión y ya está en el Plenario para su aprobación.
Es lamentable que el Ejecutivo o el presidente de la República diga que no es prioridad para convocarlo, me parece que palear la corrupción en cualquier institución pública debe ser una prioridad para todos los costarricenses", dijo el socialcristiano.
Gilberto Campos, jefe del Partido Liberal Progresista (PLP) destacó que el resto de partidos han mostrado anuencia a avanzar con esta propuesta y cuestionó la falta de interés del oficialismo.
"Lamentablemente entramos en sesiones extraordinarias en donde la agenda la controla el Poder Ejecutivo al que no le interesa que se persiga la corrupción dentro del Poder Judicial y no han convocado este proyecto.
Ojalá lo podamos tener convocado porque es un proyecto interesante y bueno, que puede plantear una serie de medidas adicionales y fortalecer controles para evitar que la corrupción permee a lo interno", puntualizó Campos.
El Frente Amplio también ve positivo el proyecto y cuestionó las razones del Ejecutivo para no incluir el expediente en la agenda, indicó la jefa de fracción, Rocío Aguilar.
"Desconocemos por qué el Gobierno no lo quiere convocar. El Frente Amplio lo apoya: nos parece que le puede dar el músculo y los recursos a esas necesarias acciones de control, pero con el Gobierno de la República realmente no logramos entender cuáles son sus prioridades.
Normalmente son prioridades vinculadas a agendas de sectores poderosos en este país y me imagino que por eso no tienen interés de convocar", dijo la frenteamplista.
Otra de las actualizaciones que propone la reforma radica en dotar de más instrumentos a los órganos disciplinarios para realizar investigaciones. Por ejemplo, podrían incorporar pruebas de causas penales —como cuentas bancarias, informes policiales o comunicaciones— en los procesos administrativos.
El sistema para supervisar el comportamiento de los funcionarios tiene 30 años de no actualizarse de manera integral; únicamente se han introducido cambios menores. Además, se amplían los plazos de prescripción o caducidad de la potestad disciplinaria.
La Inspección Judicial abre en promedio 14 nuevas causas por día hábil. En los últimos años, ha acumulado más de 17.000 investigaciones iniciadas contra funcionarios judiciales.