Hacienda recomendó excluir contrabando y delitos tributarios de ley de Extinción de Dominio
Según criterio enviado a Comisión Especial el 26 de julio anterior.
El martes anterior, el proyecto se dictaminó con el respaldo de 5 legisladores. Sólo Víctor Morales del PAC negó el respaldo.
La Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar había recomendado a los diputados, excluir del proyecto de Ley de Extinción de Dominio, el contrabando y delitos tributarios por la existencia de legislación al respecto.
Así se indica en el criterio emitido por la jerarca y enviado a la Comisión Especial que ve el tema con fecha del 26 de julio anterior.
Para su defensa, Aguilar indicó que en el caso de contrabando, ya hay un procedimiento especial y se encuentra tipificado en el artículo 211 de la Ley General de Aduanas, "mismo que establece los supuestos en los cuales se elude el control aduanero, con posible evasión de tributos. Una vez que se materializa el delito, el juez dispone el destino final de las mercancías, generalmente poniéndolas a la orden de la Autoridad Aduanera".
La misiva fue revelada por Gustavo Viales quien preside la Comisión Especial de Extinción de Dominio y expuesta por José María Villalta en el Plenario.
Viales, justificó que esa fue la razón por la cual, excluyeron ambas actividades del proyecto de ley 19.571 a través de un texto sustitutivo aprobado el martes anterior de donde además, se eliminó la corrupción como hecho para la extinción de dominio.
Durante la discusión de ese texto, Víctor Morales, jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) objetó la decisión de excluir todos estos puntos, por lo tanto, advirtió que presentará un dictamen de minoría negativo para ser sometido a discusión en el Plenario.
Argumentó que en otros países incluso se incluyen situaciones como la ciberdelincuencia, la evasión fiscal y la pornografía infantil.
En cuanto a delitos tributarios, Aguilar manifestó lo siguiente:
Rocío Aguilar, ministra de Hacienda. (CRH)
"Se recomienda respetar la normativa especial tributaria, siendo que al detectarse en un procedimiento de control, un incremento no justificado de patriminio, el mismo entra a considerarse como parte de la renta líquida gravable del sujeto pasivo, el cual incide en una determinación mayor de impuesto que, por ende, beneficia la recaudación fiscal a favor del Estado costarricense", detalla el criterio de la Ministra.
Villalta criticó fuertemente esa decisión de Aguilar, pues considera que en vez de centrarse en los impuestos que se recaudan por esas actividades ilegales, se debe entender que se busca extinguir el dominio y desincentivar estas prácticas.
"El argumento de la ministra da vergüenza, nos dice que el contrabando tiene procedimiento especial para sancionarlo, pero ¡por favor, todos los delitos! El narcotráfico, la trata, el tráfico de armas, cómo va a decir que no se incluya porque hay un procedimiento especial si aquí lo que se quiere es recuperar bienes mal habidos por la actividad del contrabando", fustigó el frenteamplista.
Por tanto, consideró esto como indefendible y absurdo de una autoridad hacendaria, tomando en cuenta que a la vez, le piden más impuestos a la población.
Otra de las objeciones de la jerarca sobre esta ley, tiene que ver con el establecimiento de un 40% de los fondos obtenidos para el funcionamiento de la ley a través del Poder Judicial al no ser seguros.
"Si bien se está solventando el tema del financiamiento de las nuevas dependencias y tareas que este proyecto de ley le estaría asignando al Poder Judicial lo cierto es que la fuente de ingresos señalada tiene un carácter variable, que se contrapone con la naturaleza permanente que se derivaría de la creación de nuevos juzgados", señaló la Ministra.
Esa normativa tiene como espíritu golpear al crimen organizado. Para ello crea un proceso independiente, distinto del penal, que busca quitarle los bienes a los delincuentes que los obtuvieron por medio de actividades ilícitas.
La eliminación de esas actividades enoja a autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Ministerio Público y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), quienes criticaron la protección a ciertos grupos.
"Necesitamos una legislación que sirva, no que nos manden a arar el campo con una gacilla, cuando necesitamos un tractor", dijo Wálter Espinoza, jerarca del OIJ.
El texto sustitutivo aprobado detalla que la actividad ilícita es: “toda actividad contraria al ordenamiento jurídico vigente, en conductas vinculadas con el fenómeno de crimen organizado, en relación con:
- Estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
- Tráfico ilícito de armas y explosivos.
- Trata de personas, explotación sexual, tráfico ilícito de migrantes o tráfico ilícito de órganos”.
