Madre Patria: Teléfonos de imputados revelan nuevas comunicaciones sobre supuestos negocios ilícitos

El Ministerio Público notificó al Juzgado Penal de San José que avanzó con la apertura de varios teléfonos decomisados durante los 48 allanamientos del caso Madre Patria, en el cual se investiga la presunta operación de una organización criminal dedicada al lavado de dinero proveniente de fraudes registrales.

Como resultado de las diligencias realizadas en el último año, se halló nueva evidencia en los aparatos electrónicos, la cual será incorporada al expediente 22-005018-0042-PE, que se sigue contra 19 personas por los delitos de legitimación de capitales, uso de documento falso, estafa y falsedad ideológica.

Los sospechosos habrían falsificado documentos para apoderarse de propiedades, venderlas y obtener ganancias; incluso, parte del dinero fue invertido en otras actividades, como el transporte público.

Según la Fiscalía Adjunta Especializada en Crimen Organizado (FAEDO), estos hallazgos aumentan el grado de probabilidad de la comisión delictiva por parte de los imputados, pues se hace referencia a otras situaciones que reforzarían su participación en los hechos investigados.

"(…) se enviaron los dispositivos a Cibercrimen, se cuenta con nuevos elementos, se tienen varios informes que ya fueron puestos en conocimiento de las partes, sobre el coimputado Apú hay llamadas para hacerle mediante un doctor incapacidades falsas a Fernando (Gómez), sobre Edgar Prendas Matarrita: existen llamadas de conversaciones de borrar partes y tramitar visas americanas", dice el documento.

En el teléfono de otro imputado, de apellidos Loaiza Bolandi, abogado, se ubicaron conversaciones con el notario Prendas Matarrita, en las cuales ofrecían comprar hojas de seguridad firmadas con matriz de respaldo por ¢25.000, relacionadas con traspasos de propiedades, además de audios con líderes del grupo.

Este mismo abogado se comunicó con otro coimputado mediante llamadas telefónicas para hablar sobre escrituras y liquidadores falsos. Esta persona en apariencia se encargaba de ejecutar fraudes con los bienes de las sociedades anónimas disueltas que forman parte de la investigación.

"(…) se habla de falsificación de firmas", confirma la resolución.

En el teléfono celular de un sobrino de Loaiza Bolandi, quien es funcionario de la Dirección General de Migración y Extranjería, se confirmaron intercambios de información. El funcionario brindó detalles sobre expedientes internos.

Asimismo, el ciudadano español de apellido Gómez, presunto líder del grupo, le compartió al empleado público información sobre una persona de apellidos Peláez Botero, quien también fue investigada en este caso.

En esa ocasión, Gómez le solicitó un trámite y le ofreció un pago a cambio, por lo que ahora ambos son vinculados con un posible delito de cohecho y penalidad del corruptor.

En uno de los casos se logró identificar que Loaiza solicitaba registros migratorios de las víctimas de los fraudes registrales, con el fin de determinar desde cuándo no ingresaban al país y así poner en marcha el plan para despojarlas de sus propiedades.

Para ello contaban con el contacto del funcionario de Migración, quien les facilitaba esa información utilizando los sistemas de la institución gubernamental. Según la Fiscalía, en estas nuevas conversaciones se detectó la solicitud de datos migratorios de al menos cuatro víctimas, y en uno de los casos lograron apropiarse de un terreno ubicado en la playa.

"Hay un informe de análisis del teléfono de Loaiza, en los que hay consultas a Gustavo su sobrino para obtener estados migratorios, sobre el uso abierto del protocolo de Pinto (notaria), sobre que Loaiza le pagaba el protocolo, las boletas etc. Loaiza hablaba con Gómez González e iban a hacer una reunión para hablar de las tortas de Tijerino, Sandra y Jacqueline tres de los notarios de esta investigación. El 18 de noviembre xxxxx (Muñoz-líder) le envía a Loaiza una cédula y luego le envía una foto de una escritura y luego León le pide hacer un Mcguiver que era falsificar una firma", resalta el expediente.

Búsquedas en internet lo delatan

En el dispositivo de otro imputado de apellidos Barrientos Campos, se encontró búsquedas en internet como:

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Esta misma persona sostenía conversaciones con Gómez, a quien le comentó que sabía que estaba siendo investigado, ya que le estaban cerrando cuentas bancarias. También se detectaron llamadas con otros imputados sobre la apertura de cuentas en el extranjero, inversiones en desarrollos inmobiliarios y la venta de autos de lujo, utilizando como mecanismo la "simulación de cuentas congeladas".

La defensa de Barrientos alegó que los bitcoins que poseían fueron obtenidos como recompensa por actividades de minería, al resolver algoritmos matemáticos, a partir del año 2021.

En otra comunicación con un imputado de apellido Rojas, se menciona la adquisición de relojes y vehículos de lujo, todos localizados durante los allanamientos del año pasado.

"Esta es la nueva prueba, falta más prueba, solo la documentación obtenida en los allanamientos supera los 50 tomos. Ya se hizo congelamiento de productos financieros, se solicitaron  levantamientos secreto bancario, se ampliaron declaraciones indagatorias. Sobre las diligencias en proceso, informa el fiscal que están tramitando el congelamiento de criptomonedas internacional, se está terminando el proceso de aperturas de evidencia de teléfonos", destacó el fiscal a cargo del caso.

Cambio de medidas

El Juzgado Penal de San José aceptó la solicitud del Ministerio Público de imponer arresto domiciliar a 10 imputados, así como extender por cinco meses más la prisión preventiva contra otros 8.

Todos los sospechosos permanecerán en esta condición hasta el próximo 25 de diciembre.

En el caso de las mujeres de apellidos García, González, Herrera y Jiménez, y de los hombres de apellidos Barrantes, Marín (juez), Fernández, Pérez y Rojas, no podrán salir del país, deberán presentarse a firmar dos veces al mes ante el juzgado y no podrán comunicarse entre sí ni con los demás imputados.

Además, a los hombres de apellidos González y Venegas, además de las medidas anteriores, se les impuso la obligación de continuar laborando bajo la modalidad de teletrabajo.

Debido a que la audiencia tuvo atrasos para realizarse, el Juzgado había dictado, el mes pasado, una ampliación de prisión preventiva instrumental para los imputados, debido a que el plazo de las instauradas previamente ya estaban vencidas.

Los que se mantienen en prisión preventiva son los españoles y supuestos líderes de apellidos León y Gómez, así como el empresario autobusero de apellido Herrera y otros implicados de apellidos Loaiza (notario), Prendas, Rodríguez y Barrientos Campos, involucrado con transferencias de bitcoins investigadas.