Minae da la espalda a plan para cerrar Recope y prohibir exploración petrolera

El Ministerio de Ambiente dio la espalda al plan legislativo con el propósito de cerrar la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y prohibir la exploración y explotación de petróleo y gas natural.

Las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y de la empresa estatal comparecieron en la Comisión de Reforma del Estado de la Asamblea Legislativa este jueves 24 de abril, para referirse al expediente 24.139, presentado por el diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Eliécer Feinzaig Mintz.

Según el titular de Ambiente, el proyecto no impulsa acciones concretas hacia el plan de descarbonización, sino que ese avance debe generarse mediante políticas públicas.

Tattenbach recalcó la relevancia de introducir biocombustibles o energías limpias, razón por la cual, a su juicio, la propuesta no representa un aporte real para la transición energética.

Para el jerarca, Costa Rica ya avanza en esa transformación, dado que "el petróleo es menor y la energía eléctrica o biocombustible será más".

A su criterio, al analizar la matriz eléctrica, el país se posiciona como el tercero a nivel mundial con menor uso de combustibles fósiles en la producción de electricidad.

El ministro expresó dudas respecto a la posibilidad de reducir el precio al consumidor, ya que el 73 % del costo proviene de impuestos y factores externos vinculados al comportamiento internacional.

Agregó que, aunque no sea su especialidad, probablemente exista el riesgo de una reducción en la recaudación fiscal, debido a una eventual disminución en las ventas.

Tattenbach señaló que en el país hay una capacidad instalada de generación eléctrica tres veces mayor a la utilizada, con fuentes hidroeléctricas, eólicas, solares, geotérmicas y de biomasa.

En lo referente a la ubicación de esas fuentes, indicó que las hidroeléctricas operan en la zona nacional, mientras que las geotérmicas se localizan en áreas protegidas o patrimonios del Estado.

Consultado sobre un posible beneficio a la empresa privada mediante este proyecto de ley, en detrimento de la administración estatal, el ministro manifestó que la esencia de la iniciativa apunta en sentido contrario.

Afirmó que, aunque no se trata de una certeza, la presencia de intereses económicos suele implicar rechazo a los tributos, a las regulaciones y a la imposición del uso de mezclas en los combustibles, lo que dificultaría alcanzar la descarbonización.

El viceministro de Energía, Ronny Rodríguez Chaves, sostuvo que para avanzar en movilidad eléctrica se requieren tres condiciones clave. Una de ellas consiste en asegurar una regulación tarifaria que evite aumentos al usuario final en el transporte público. Para ese fin, se evaluó junto con la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) la viabilidad de introducir autobuses eléctricos.

Rodríguez explicó que, para lograr esa transición, la flota mínima debe contar con entre 30 y 40 unidades, lo cual permitiría operar con rentabilidad.

El jerarca agregó que debe contemplarse la capacidad de abastecimiento eléctrico y la instalación de sistemas redundantes, debido a que los autobuses eléctricos requieren energía como hoy lo hacen los tanques de combustible.

El tercer aspecto mencionado se relaciona con las concesiones. Afirmó que los precios trasladados al usuario se calculan mediante una depreciación a siete años, fórmula sin sentido para vehículos eléctricos, dado su comportamiento financiero y técnico.

Concluyó indicando que, en el caso de los autobuses de combustión, se genera presión para renovarlos con rapidez, debido a que el paso del tiempo incrementa su ineficiencia y los niveles de contaminación.