MOPT aduce incapacidad de gestión para cumplir orden de demoler dos vallas publicitarias
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) aduce que carece de la capacidad de gestión suficiente para cumplir a tiempo con la orden de la Contraloría General de la República (CGR) de demoler dos grandes vallas publicitarias.
La Contraloría ordenó la demolición de dos vallas específicas: una ubicada en Santa Ana, al borde de la ruta 27, y otra en el Parque del Agricultor de Alajuela. Esta tarea tiene como fecha límite el 28 de noviembre.
Sin embargo, el ministro de esa cartera, Efraím Zeledón, reconoció en un recurso de revocatoria enviado a la CGR que el Departamento de Inspección Vial y Demoliciones no tiene los recursos para ejecutar este tipo de acciones.
"La capacidad de gestión y de tiempos que conlleva a la administración activa poder dar cumplimiento a las órdenes, considero oportuno y procedente, recurrir en este acto, los plazos que nos fueron establecidos (…). Es materialmente imposible para la administración ejecutar de forma inmediata estas acciones, con los equipos y personal con el que cuenta en la actualidad para esta clase de labores", argumenta el documento.
Contratación para demoler valla
En el caso de la valla de Alajuela, el MOPT indica que requiere hacer una contratación administrativa para el 2026 de una empresa que se encargue de la remoción.
Para hacer esa contratación, agrega que necesita de una modificación presupuestaria, ya sea de movimientos entre partidas o modificaciones ejecutivas.
En el caso de las modificaciones ejecutivas, se deben realizar en los plazos que establece la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda para el próximo año.
Valla fuera de derecho de vía
Sobre la valla de Santa Ana, el MOPT respondió a la CGR que esa estructura se ubica dentro del Centro de Conservación de Santa Ana, un área protegida a cargo del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y fuera del derecho de vía de la ruta 27.
Por esas razones, el MOPT indica que no cuenta con la competencia legal para demoler dicha estructura publicitaria.
Además, el documento explica que la instalación de las vallas en el Centro de Conservación se realizó bajo un contrato suscrito entre Publiex, JC Decaux Top Media y la Fundación Pro-Zoológicos. Esa firma se dio durante la vigencia del convenio entre el Minae y esa fundación para la administración de las propiedades del Centro. El convenio venció en el 2024 y el Minae decidió no renovarlo.
"Es un contrato privado del cual el Minae no formó parte contractualmente ni tampoco tuvo responsabilidades ni beneficios, ni cualquier otra injerencia similar (…). La situación es bastante particular para nosotros", indicó dicho Departamento del MOPT, incluido en el texto del recurso.
El MOPT asegura que ya había iniciado un estudio y valoración, además de las gestiones legales pertinentes que generaron órdenes administrativas que ya fueron a Publiex y JC Decaux Top Media.
De momento, la gestión legal está en proceso.
¿A quién pertenecen las vallas?
La empresa Publiex, que colocó las cuestionadas vallas y que alcanzó el contrato con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y el Ministerio de Obras Públicas (MOPT) para la colocación de publicidad en postes de alumbrado público en rutas nacionales, pertenece a Geovanny Vásquez, un hombre cercano al presidente Rodrigo Chaves.
De hecho, el exministro Luis Amador afirmó al periódico La Nación que cuando se discutía el acuerdo entre la CNFL y Publiex, el presidente Chaves lo mandó a traer con escolta a Casa Presidencial, para que agilizara los procesos y se concretara el convenio.
Vásquez ha compartido en diferentes momentos con Chaves. Con su fundación Geovanny Vásquez, creó una campaña de educación vial y en la presentación de la actividad, Chaves se deshizo en elogios para él. Además, dicha fundación ha compartido fotografías de reuniones entre el presidente y Vásquez.
También, estableció una campaña con fundazoo y el Ministerio de Ambiente para el embellecimiento del desaparecido espacio Simón Bolívar y también ha mantenido reuniones en el Instituto Nacional de las Mujeres.
Fue la empresa Publiex la que colocó las vallas de bienvenida al presidente de El Salvador Nayib Bukele cuando visitó el país y la campaña que mostraba una imagen de la contralora Marta Acosta, del fiscal Carlo Díaz, del presidente de la Corte Orlando Aguirre y del presidente del Congreso Rodrigo Arias, con la palabra "Renuncien". El empresario y miembro del partido Pueblo Soberano Boris Marchegiani se atribuyó el pago de las vallas que atacaban a los funcionarios públicos, pero nunca se supo quién pago las de la bienvenida de Bukele.
Por medio de un comunicado de prensa, la compañía indicó que está a la espera de que la Contraloría resuelva los recursos de apelación y revocatoria presentados por la CNFL y el MOPT contra la orden de retirar la publicidad de los postes de luz y las vallas ubicadas en terrenos del Estado.
"En Publiex, mantenemos un firme respeto por el marco normativo costarricense y reafirmamos nuestro compromiso de colaboración con las instituciones competentes, a fin de garantizar que todas nuestras operaciones se desarrollen conforme a los mejores lineamientos empresariales", manifestó Armando Solano, personero de la empresa.