900 casos de acoso escolar empañaron el 2017

  • Cifra disminuyó en comparación con el 2016

Erradicar toda forma de violencia en centros educativos es uno de los retos del MEP.(Ilustrativa).

Durante el 2017, la Contraloría de Derechos Estudiantiles del Ministerio de Educación Pública (MEP) reportó un total de 905 casos de bullying en centros educativos.

Si bien la cifra disminuyó en comparación con el 2016 donde se presentaron 1270 casos, el MEP busca que este curso lectivo los números continúen decreciendo como parte del pronunciamiento del ministerio de cero tolerancia al bullying, violencia y discriminación.

De acuerdo con Laura Chacón, coordinadora de la Contraloría de Derechos Estudiantiles, erradicar todo tipo de violencia en la comunidad educativa es uno de los principales objetivos, sin embargo reconoce que esto no es una tarea sencilla.

Lamentablemente no se erradica cualquier forma de violencia de manera expedita, al ser un proceso educativo e integral donde influyen varios actores como lo son la cultura, la sociedad, el centro educativo y la familia”, indicó.

Prevención es la clave

Para este curso lectivo, el MEP planea retomar los esfuerzos en la promoción de derechos, atención de denuncias y en la articulación con dependencias del ministerio, así como otras instancias inmersas en el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñez y Adolescencia.

Algunas de las acciones diseñadas para frenar estas situaciones, son a través de la sensibilización, capacitaciones, divulgación y promoción de derechos estudiantiles, y talleres en temáticas afines a derechos y deberes dentro de la reglamentación vigente y el marco del Código de la Niñez y la Adolescencia, dirigido tanto a estudiantes, personal docente y administrativo.

“Esta Contraloría de Derechos Estudiantiles trabaja de forma coordinada con el Departamento de Vida Estudiantil para la atención y aplicación de los Protocolos de Actuación; así como en el seguimiento a las diversas denuncias recibidas en ambas dependencias”, aseguró Chacón.

Además desde cada centro educativo, Dirección Regional y oficinas centrales, existen directrices por parte del Despacho de la Ministra donde se indica que no se debe de permitir ningún tipo de discriminación o violencia dentro de la comunidad estudiantil.

También existe la obligatoriedad por parte del funcionario de atender cualquier situación conforme a lo que establece el marco de legalidad vigente y la debida aplicación de los Protocolos de Actuación.

Chacón reconoce que lo primordial es dejar de minimizar cualquier conducta que lesione la integridad del niño y adolescente, así como promover estilos de vida saludable, espacios deportivos, recreativos y la sana convivencia basada en una cultura de paz dentro de los centros educativos.



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