Aeris enfrenta 2 demandas por supuesta violación a propiedad intelectual en ampliación del Juan Santamaría

La empresa Aeris, concesionaria de la operación del aeropuerto Juan Santamaría, enfrenta dos denuncias por supuesta violación a la propiedad intelectual.

Las demandas están relacionadas con la ampliación de la terminal de pasajeros, obras que iniciaron en marzo de este año y que llevan un 37% de avance.

El demandante es José Pablo Urbina, un empresario costarricense, quien alega poseer los derechos intelectuales del aprovechamiento del subsuelo para parqueos subterráneos en terrenos públicos. Esta propiedad fue inscrita este año pero se remonta al 2006.

Urbina ideó ese año un proyecto que propuso luego a la Municipalidad de Alajuela para construir un parqueo subterráneo debajo del parque Juan Santamaría. En 2011 la iniciativa recibió el apoyo de varias instancias municipales, pero finalmente no se construyó. El proyecto se iba a hacer mediante alianza público-privada con un inversionista y una concesión por 25 años.

Urbina demandó entonces a la Municipalidad por responsabilidad civil extracontractual, aunque no se llegó a firmar contrato, y en el proceso se le otorgaron los derechos intelectuales. Esa misma propuesta la hizo posteriormente a la Municipalidad de San José con el fin de hacer un parqueo así bajo el parque La Merced.

Cuando supo que la ampliación del aeropuerto tendría parqueo subterráneo, Urbina avisó a Aeris de la existencia de esa propiedad intelectual, pero aseguró que la empresa ha minimizado el asunto. Después de meses de intentar conversar al respecto y no tener una respuesta satisfactoria, el empresario presentó una demanda civil y otra penal, y pidió a la Fiscalía el secuestro de los planos constructivos.

"Yo pensé que esta invención necesitaba un respaldo. Esa invención de parqueos subterráneos nace a raíz de la congestión vial que hay en el país. Ahí nace mi idea de proteger mis derechos intelectuales e inscribirlos (…). Lo que yo realizo es una legítima defensa de lo que tengo e intentar una salida alterna, una conciliación", aseguró Urbina a CR Hoy.

El demandante afirmó que en este proceso Aeris interpuso una demanda en su contra por supuesta extorsión simple, acción que luego tuvo una contrademanda de parte de Urbina por calumnia.

Urbina sostiene que los parqueos subterráneos en terrenos públicos posterior a la invención del primer proyecto, en 2006, deben contar con su aval. En la demanda civil contra Aeris, el demandante pide $3 millones más costos, daños y perjuicios.

Aeris confirmó la existencia de estas demandas, aunque la empresa manifestó que no ha sido notificada oficialmente.

"No tenemos ningún expediente oficializado, tenemos reclamos que nos tomamos con toda la transparencia y la seriedad del caso (…). Tenemos plena certeza de que todas nuestras actuaciones siempre son apegadas a la ley", comentó Ricardo Hernández, director ejecutivo de la concesionaria.

Hernández defiende que Aeris está actuando dentro del marco jurídico y afirmó que están en comunicación con el reclamante para exponer el punto de vista de la compañía.

Aunque Urbina dijo que ha propuesto conciliar, Hernández evitó mencionar si están abiertos a esta opción y comentó que dejarán la decisión a las instancias judiciales.

Aeris en medio de venta internacional

Esta polémica sucede mientras Aeris se encuentra en un proceso de una transacción internacional. La empresa forma parte de Motiva S.A., un holding brasileño que vendió su cartera de aeropuertos al mexicano Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur). La compra y venta se compone de 20 terminales aéreas ubicadas en Brasil, Costa Rica, Ecuador y Curazao.

El directivo de la empresa contó que, como parte del proceso, deben informar a diferentes instituciones sobre la transacción, entre esas el Órgano Fiscalizador del Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac) y la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), aprobaciones que está en marcha.

Urbina sostiene que las demandas en marcha pueden complicar la venta de Aeris. No obstante, Aeris considera que estas demandas no influyen en la obtención de los vistos buenos que requiere.

Rodolfo Garbanzo, jefe del Órgano Fiscalizador del Cetac, comentó que conocen de las demandas presentadas contra Aeris, pero el funcionario evitó dar más detalles debido a que el proceso está judicializado.

El Órgano Fiscalizador funciona como enlace entre la administración y Aeris y su tarea es verificar el cumplimiento del contrato de gestión del aeropuerto.

"Tendríamos que esperar a que salga una resolución", manifestó Garbanzo sobre las demandas en curso.

Posteriormente la entidad agregó vía correo electrónico que Aeris ha cumplido con el deber de información, pero que no existe una obligación contractual de solicitar autorización.

"La transacción corporativa a nivel de matriz no está sujeta a procedimiento de autorización ni a pronunciamiento vinculante del Órgano. Cualquier revisión interna que realice forma parte de sus competencias ordinarias, pero no constituye un trámite de aprobación porque no existe acto jurídico que requiera tal autorización", indicó Aviación Civil.

También detallaron que ninguna eventualidad judicial es relevante para la transacción corporativa de la matriz.

CR Hoy también consultó a la Contraloría General de la República (CGR) acerca de su rol en este tema. La entidad contestó que no existe trámite, acción de fiscalización o investigación en relación a esto, por lo que no emitió un criterio al respecto.

Dos áreas de propiedad intelectual en construcciones

En materia de construcciones, existen dos áreas aplicables de propiedad intelectual. Una es el derecho de autor y otra las patentes.

"Si estamos hablando de los planos constructivos o de la cualidad arquitectónica de la construcción desde el punto de vista estético, estamos hablando de una materia reservada al derecho de autor. Si más bien estamos en presencia de la aplicación práctica e industrial de una invención entramos en terreno de patentes de invención. ", explicó Monserrat Soto Roig, socia experta en Propiedad Intelectual de Ecija Legal.

En los dos casos se requiere que la idea  se materialice en un resultado que sea susceptible de apropiación. Ambas categorías dan dos derechos a sus titulares: solo los titulares pueden explotarlos y pueden oponerse a que terceros hagan uso de sus creaciones o invenciones sin su autorización.

Estos derechos se contemplan en legislación especial y también en el artículo 47 de la Constitución Política.

Soto agregó que en esta materia se deben revisar tres elementos. Estos son que el derecho protegido corresponda con el uso transgredido, la titularidad de quien dice ostentar la propiedad y el plazo de protección.

Para patentes el plazo es de 20 años y para invenciones menores es de 10 años, contados a partir de la presentación de la solicitud al Registro de la Propiedad Intelectual. Una vez que la invención pasa al dominio público, puede ser utilizada libremente.

Si se confirma una violación al derecho protegido, la legislación establece un conjunto amplio de remedios que abarcan vías civiles, administrativas y penales.