Chaves incumplió promesa de resolver situación de 73 familias desalojadas en Chorreras
Desalojo en Chorreras. (Fotografía del Minae).
En total, 73 familias del asentamiento rural Chorreras, ubicado dentro de la milla fronteriza, en San Carlos, Alajuela, fueron desalojadas de las propiedades que ocupaban, a pesar de que el presidente Rodrigo Chaves prometió ayudarlas.
Una de esas personas es Óscar Rojas, un ganadero de la finca Río San Juan en Chorreras, a quien un video mostró llorando mientras dejaba la propiedad y arreaba su ganado.
Ellos vivían en la comunidad de Chorreras, situada en la franja fronteriza norte y dentro del "Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo".
Esta franja tiene dos kilómetros de ancho a lo largo de las fronteras con Nicaragua y Panamá. Esas tierras son propiedad del Estado costarricense y no pueden ser adquiridas de forma privada.
Durante décadas, muchos de los habitantes nacieron, se criaron y estudiaron en Chorreras, un lugar donde fue el propio Estado el que construyó una escuela, instaló torres de comunicación, abrió caminos y llevó electricidad.
De la promesa a la acusación
El Gobierno acusa ahora a esas familias de la deforestación de algunas hectáreas y de ocupar la milla fronteriza.
Sin embargo, en noviembre de 2023, el presidente Chaves prometió entregar papeles equivalentes a escrituras a personas que habitan en terrenos dentro del "Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte Costa Rica-Nicaragua", en la franja fronteriza norte, los cuales les darían seguridad jurídica, acceso a servicios públicos y beneficios como el bono de vivienda.
Aseguró públicamente que este asunto se resolvería "en menos de un año" para convertir en ocupantes legales a cientos de familias que viven a lo largo de la frontera. Esto jamás sucedió.
No obstante, el 17 de julio de este año fueron notificados de la resolución 25-000857-306-PE del Tribunal Penal del II Circuito Judicial de Alajuela, mediante la cual se les instó a abandonar voluntariamente el sitio por encontrarse en ocupación ilegal dentro de un área silvestre protegida, considerada de alta fragilidad ambiental. Se les otorgó un plazo de dos meses para hacerlo.
La resolución judicial se emitió tras una denuncia planteada este año por el Sistema de Áreas de Conservación (Sinac) del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
El Minae informó que el desalojo se realizó en cumplimiento de la sentencia judicial y que se trató de un operativo coordinado entre los ministerios de Seguridad Pública (MSP), Ambiente y Energía, Salud, la Municipalidad de San Carlos, el Poder Judicial, la Policía Profesional de Migración y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).
"Se procedió al retiro de las personas ilegales que permanecían en el lugar, la mayoría de ellas dedicadas a la minería ilegal, y a la demolición de las estructuras levantadas sin autorización. Cabe resaltar que, según datos de Seguridad Pública, esta es una zona cargada de ocupaciones irregulares, que funge como puerta ancha de acceso a Vivoyet (Crucitas) y es el acceso principal a delitos como extracción ilegal de oro, tráfico y trata de personas, trasiego de drogas, deforestación, contaminación de fuentes hídricas, presión sobre la fauna silvestre y la habilitación de actividades no autorizadas, incluyendo comercio informal y movimientos transfronterizos sin control", argumentó el Minae en un comunicado.
Sin embargo, las familias denuncian que la mayoría tiene muchos años de vivir en el sitio y aseguran que el Gobierno las acusa injustamente por el problema causado por la extracción ilegal de oro en Crucitas.