Condenan al Estado por arresto de surfista en manifestación

Yaslin Cabezas [email protected] Agosto 10, 2020  12:19 pm

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(CRHoy.com) La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de hábeas corpus interpuesto contra la Fuerza Pública, por la detención de la surfista nacional, Andrea Díaz, ocurrido el 24 de junio anterior, en Tamarindo, Guanacaste, mientras ella lideraba una manifestación para pedir el levantamiento de las medidas sanitarias impuestas por el COVID-19. 

“Se ordena a las autoridades recurridas abstenerse de incurrir nuevamente en las actuaciones que dieron base a la estimatoria de este recurso. Se advierte que de no acatar esta orden incurrirán en el delito de desobediencia y que, de conformidad con el artículo 71, de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo”, señala el voto.

El abogado de la deportista, Walter Brenes, dijo en entrevista con CRHoy.com que conocieron el voto de la sala el viernes anterior y que celebran lo dispuesto por los magistrados.

“Es un voto muy importante porque marca un precedente importante, no solo para el caso de Andrea, sino para cientos de costarricenses que han sido afectados por las decisiones arbitrarias que toma Fuerza Pública mientras sucede esta crisis sanitaria. Andrea se siente totalmente amparada y siente que ha sido una gran victoria para el país. Es gratificante que nuestro Estado de Derecho todavía tiene una Sala Constitucional garantista de los derechos fundamentales”, expresó.

Brenes recalcó que el caso aún no termina, pues hay un proceso penal por esto, así como un proceso administrativo en el Ministerio de Seguridad Pública, contra el director general de la Fuerza Pública y el director policial de La Cruz. 

Ese 24 de junio los policías le notificaron a Díaz –como líder de la marcha, que debía parar el movimiento- pues había una gran aglomeración de personas. 

Pese a los intentos, los uniformados no lograron evitar que la manifestación continuara dándose, por lo que procedieron a detener a Díaz y a llevarla a la Fiscalía de Flagrancia.

La marcha de los lugareños, liderados por Díaz, se dio porque la población costera exigía al Gobierno la reapertura de playas para fines comerciales.