Plan para juntar ¢1 billón genera más dudas que certezas

COVID-19 desnuda desorden en equipo económico de Alvarado

Gerardo Ruiz R. [email protected] Marzo 27, 2020  12:01 am

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  • Contradicciones, vacíos técnicos, mala comunicación y cabos sueltos

(CRHoy.com).- La crisis del COVID-19 y sus repercusiones en el país más allá de la salud, dejaron al descubierto el desorden que impera en el equipo económico del presidente de la República, Carlos Alvarado.

Los hechos no se circunscriben al desmentido que el propio mandatario le hizo a su ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, acerca de la creación de un impuesto a los salarios por encima de los ¢500.000.

Desde que el Gobierno anunció que pretende acumular una gran bolsa de ¢1 billón para atender la crisis ocasionada por la pandemia, las contradicciones entre los jerarcas que componen el equipo económico, así como las equivocaciones y aclaraciones posteriores, han sido constantes.

Un ejemplo de esto es la nota que el propio titular de Hacienda se vio en la obligación de mandarle al presidente del Directorio Legislativo, Carlos Ricardo Benavides, por las “interpretaciones” que saltaron en medio de la confusión en torno al uso que el Ejecutivo pretende darle a un crédito financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Francesa de Desarrollo (BID-AFD) para costear el plan de descarbonización del Gobierno.

El crédito por ¢216.000 millones está entre la gran bolsa que el Gobierno pretende engordar para atender el COVID-19, la cual denomina Plan Proteger.

En su nota, Chaves tuvo que aclararle al Parlamento que, en efecto, ahora la intención del Poder Ejecutivo es utilizar esos fondos para hacerle frente a los efectos de la pandemia, pues, en su criterio, el proyecto de ley del crédito le permite al Gobierno cambiar el destino original de los recursos que antes iban a financiar la descarbonización.

¿Y para qué es el Plan Proteger?

Este jueves flotó otra falencia del equipo económico que arrojó más dudas sobre el destino que Casa Presidencial le dará al ¢1 billón para el COVID-19.

La semana pasada el presidente Alvarado anunció con bombos y platillos que parte de esos recursos, equivalentes a un 3,3% del producto interno bruto (PIB), irían dirigidos a asistir económicamente a las personas que se quedarán sin empleo o que verán reducirse sus ingresos a causa de las decisiones que tomen las empresas por los efectos colaterales de la pandemia.

No obstante, Rodrigo Chaves anunció este jueves a los diputados que el Gobierno prepara un presupuesto extraordinario por ¢360.000 millones para financiar planes de ayuda para los afectados por la pandemia, en cuenta las asistencias y prestaciones para desempleados que ya el mandatario había dicho que se financiarían con los recursos de la gran bolsa del Plan Proteger.

La noticia causó extrañeza entre las bancadas de oposición, de por sí quisquillosas por el destino que el Gobierno le dará a los cuantiosos montos que está financiando, en una gran proporción, con más endeudamiento con organismos financieros multilaterales.

Choque entre el Gobierno y Sugese

Ahí no se acaban las confusiones. Otro de los componentes del Plan Proteger, según lo anunció el gobernante Alvarado, es la titularización hoy de los flujos futuros de un impuesto único que el Instituto Nacional de Seguros (INS) le deberá pagar a Hacienda en el futuro, por el orden de los ¢288.o00 millones.

Tanto el presidente Alvarado, como el presidente ejecutivo del INS, Elian Villegas, afirmaron que el proyecto es seguro y que no implica ningún riesgo ni para la institución autónoma, ni para el país.

Desde que el proyecto fue anunciado, la coordinadora del equipo económico del Gobierno, la ministra de Planificación, Pilar Garrido, no ha emitido ningún criterio desmintiendo la seguridad del proyecto para titularizar los flujos tributarios del INS.

Sin embargo, ante una consulta de CRHoy.com, el superintendente general de Seguros (Sugese), Tomás Soley, lanzó serias advertencias sobre las consecuencias que tendría para el mercado de seguros la idea que planteó el equipo económico de la Presidencia de la República.

Entre otras alertas que se encendieron en la Sugese, Soley citó que es innecesario cambiar el esquema tributario actual del INS para que se puedan titularizar los flujos futuros de la institución hacia Hacienda.

El funcionario técnico recomendó mantener el esquema vigente, en el cual el INS paga renta como cualquier empresa en competencia y luego se define la participación de las utilidades disponibles entre el Ministerio de Hacienda y la capitalización de la entidad.

“Solo hace falta cambiar un porcentaje y evitar esta reforma incierta y compleja”, afirmó.

 

Soley concluyó que la autorización que contiene el proyecto para que el INS pueda comprar valores de la titularización de su propios flujos, hasta por ¢75.000 millones, podría poner en riesgo el patrimonio de la institución que es el mayor respaldo que esta ofrece a sus clientes, los asegurados.

También indicó que el plan vendía a crear distorsiones de tal calado que expondrían al Gobierno a reclamos de los operadores privados que compiten con el INS y a quienes se les mantendría el esquema tributario como en la actualidad.

El superintendente también recalcó que ni la Sugese, ni el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) nunca fue consultada durante la construcción del proyecto de ley por el equipo del Gobierno y afirmó que tampoco hay constancia de que se hayan hecho estudios técnicos que respalden la propuesta de ley.

CRHoy.com pidió desde el miércoles por la tarde una entrevista con la ministra Pilar Garrido para consultarle sobre las dudas que hay sobre el Plan Proteger y sobre la demora del Gobierno en desaplicar la regla fiscal, que le pone un tope a su gasto para el 2020. Sin embargo, al cierre de esta entrega la ministra no había respondido a la solicitud.

En medio del galimatías, el Gobierno aún no ha aclarado los porcentajes del Plan Proteger que se destinarían a la crisis del COVID-19 pues, según el titular de Hacienda, de esa gran bolsa de recursos también saldrían dineros para hacerle frente al pago de la deuda soberana, sin que tampoco el Ejecutivo dicho aún qué porcentaje se utilizaría para tal fin.

La aparente descoordinación que adolece el equipo económico contrasta con la mecánica efectiva que han demostrado las autoridades del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en la confección del plan para enfrentar la arista sanitaria de la emergencia del COVID-19.

Hasta este jueves Costa Rica reportaba 231 casos del COVID-19 y miles de desempleados debido a la ola de cierres de empresas ante las medidas sanitarias que ordenó el Gobierno para contener la expansión del virus.

La gestión de Casa Presidencial agrega una preocupación más a todas esas cabezas inquietas.



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