Subjefa de fracción del PUSC presenta proyecto de ley

Diputada propone incentivos para apurar jubilaciones

La diputada Shirley Díaz, del PUSC, presentó la iniciativa. (Cortesía/Asamblea).

(CRHoy.com) -La subjefa de la fracción parlamentaria del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Shirley Díaz, presentó un proyecto de ley que pretende otorgar incentivos para apurar jubilaciones.

Se trata de una iniciativa -que se tramitará bajo el expediente 22.070- que presentó este jueves a la Asamblea Legislativa, como parte de las acciones para enfrentar la crisis económica ocasionada por el COVID-19.

Según la propuesta, se autorizaría –por una única vez y en un plazo de 90 días naturales– a todo funcionario público que cumpla con los requisitos para su jubilación para que coordine con el empleador o patrono para acogerse a dicho beneficio.

En caso del sector privado, se podría formar un convenio de mutuo acuerdo (en un plazo de 90 días naturales) entre el patrono y el trabajador para el pago de la cesantía supervisado por el Ministerio de Trabajo.

Además, en el artículo 5 de la iniciativa, se propone una bonificación adicional equivalente al monto de tres anualidades y pago por cesantía para quienes se acojan a su jubilación para el sector público.

Díaz sostuvo que esto tendrá como consecuencia una disminución en el gasto corriente por concepto de la partida presupuestaria de remuneraciones y las subpartidas componentes.

“Con esta propuesta, se les inyectarían recursos económicos a los hogares para enfrentar la difícil situación económica producto de los embates de la pandemia, tanto para los pensionados, que gozarían de su remuneración por ley más el incentivo propuesto, así como para muchos jóvenes que engrosan las angustiantes cifras por desempleo en el país, ya que generaría trabajo digno”, comentó la socialcristiana.

El proyecto de ley también propone que el el 50% del total del ahorro por la disminución en las plazas de los jubilados en el sector público se destine a la la contratación de nuevo personal, siempre y cuando se justifique institucionalmente, para sustituir las plazas vacantes de los jubilados.

El otro 50% del ahorro en el gasto corriente sería utilizado para el pago de la amortización a la deuda interna y así mitigar el efecto en el gasto financiero por concepto del pago de intereses.

La legisladora explicó que, de acuerdo con un pequeño muestreo realizado para la justificación del proyecto en el que se analizaron 11 instituciones del sector público, del total de la planilla, aproximadamente 554 funcionarios cumplen ya con el requisito de edad para su pensión.

Mencionó que el Estado ahorraría un aproximado de ¢763,5 millones en el pago de sueldos mensuales, lo que representa un ahorro anual de ¢9.223, 5 millones, sin considerar otros componentes.



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