Falta de personal lleva al Poder Judicial a enfrentar problemas similares a los de la CCSS
El Poder Judicial sufre un desbalance histórico entre la demanda de servicios y su capacidad para atenderla, debido a la falta de especialistas como: jueces, fiscales, defensores y técnicos judiciales.
Así lo hizo ver la magistrada de la Sala III Patricia Solano, quien comparó la situación con las listas de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Por ejemplo, en 1998, con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal —que cambió las normas sobre cómo se juzgan los delitos en el país—, se contaba con 65 jueces penales para atender un ingreso anual de 10.000 causas.
Para 2020, la cantidad de jueces se duplicó apenas a 130 para todas las fases del proceso (preliminar, intermedia y juicio); pero el ingreso de expedientes se quintuplicó hasta alcanzar las 100.000 causas.
"¿Cuál es la capacidad instalada que usted tiene para dar respuesta a lo que debe hacer? Es exactamente lo mismo que sucede en la CCSS con las listas de espera.
¿Cuál es la capacidad que tienen los profesionales y los horarios para atender la cantidad de pacientes que demandan el servicio? Aquí ocurre exactamente lo mismo, porque nosotros damos un servicio: el servicio de justicia", explicó la alta jueza.
En los primeros cuatro meses del año, el Poder Judicial recibió más de 171.000 casos nuevos, 50.000 expedientes al mes en promedio. La materia penal, dirigida por la Sala que preside Solano, acumula cada vez más saturación.
De acuerdo con Solano, solo en la judicatura hacen falta urgentemente 156 jueces adicionales para brindar una respuesta más rápida que no supere los 24 meses en casos complejos.
Lo mismo ocurre con otros funcionarios que intervienen en el proceso, dado que los jueces no pueden trabajar solos. Se requiere, al menos, un técnico judicial por cada juez para el trámite y la preparación de los juicios.
Fiscales, defensores y procuradores
Por la forma en que funciona el aparato de justicia, también se requieren fiscales y defensores adicionales para completar los equipos de trabajo, ya que el juez actúa junto a estas partes. Si no existen fiscales y defensores suficientes, de nada sirve nombrar más jueces, explicó la magistrada.
Los fiscales tienen, en promedio, 900 expedientes a su cargo, pese a la complejidad de su labor y al estudio minucioso que requiere cada caso, tanto en investigación como en análisis jurídico.
La falta de personal en otras instituciones, como la Procuraduría General de la República, también afecta el sistema. En los delitos relacionados con hechos de corrupción y función pública es obligatoria la intervención de procuradores, pero hay apenas 13 atendiendo todos los procesos penales del país, en los que deben defender los intereses del Estado.
Esta limitación de personal provoca que muchas audiencias se suspendan o se retrasen. Al coincidir múltiples procesos relevantes al mismo tiempo —como los casos Aldesa, Reaseguros y Trocha, en semanas recientes, en el Tribunal de Goicoechea—, se dificulta enormemente señalar y programar audiencias, porque es necesario esperar a que un procurador esté disponible para asistir.
2025: año con más sentencias
Para Solano, pese al complejo panorama, el Poder Judicial ha tomado algunas medidas que han dado resultados.
La magistrada mencionó que, específicamente, 2025 destaca como el año en que más sentencias se han dictado en la historia del Poder Judicial, con un incremento del 27% en comparación con años anteriores.
Mediante la implementación de un plan que utilizó dos equipos de jueces itinerantes desplazados por distintos tribunales del país, se logró resolver el 80% de los asuntos relacionados con delitos sexuales contra mujeres y menores de edad que presentaban mayor retraso, algunos con casi cinco años de rezago.
Esto fue posible gracias a acciones como la revisión de las agendas de los tribunales para optimizar espacios, señalamientos y programación de juicios, logrando así una mayor producción de causas.
Además, como parte del rediseño del proceso penal liderado por la magistrada, se establecieron cuotas mínimas de producción para cada uno de los operadores en todos los tribunales del país, tanto unipersonales como colegiados.
Cuando se requiere apoyo en algún circuito judicial, se asigna el recurso necesario —ya sea un juzgador, un defensor o un fiscal— para asegurar que los juicios se celebren de manera más organizada.
También se logró optimizar los tribunales unipersonales en zonas regionales. Se organizaron equipos mínimos con tribunales colegiados en lugares como Quepos, Sarapiquí, Turrialba y Cañas, donde anteriormente solo existía un juzgador en el tribunal de juicio, lo que permitió multiplicar la capacidad de resolución de asuntos.
Infraestructura influye
Solano destacó que muchos edificios del Poder Judicial no cuentan con la capacidad física necesaria para brindar una respuesta rápida.
Como ejemplo, la magistrada menciona el edificio de Cañas, el cual no tiene celdas para albergar privados de libertad. Debido a esta carencia, los detenidos debían ser trasladados a la Guardia Rural o a la Policía Administrativa.
Sin embargo, en determinado momento se impuso una medida sanitaria que impidió esa práctica. Esto provocó que los vehículos de traslado permanecieran estacionados "debajo de un árbol", con conductores y detenidos dentro, al no existir un espacio físico adecuado para atenderlos.
La falta de edificios propios y adecuados obliga al Poder Judicial a alquilar locales, lo que provoca que usuarios y operadores tengan que "andar bailando de oficina en oficina", como sucedía en Pavas, en lugar de contar con todos los despachos unificados en un mismo sitio.
Además, otras dos trabas afectan al Poder Judicial: la regla fiscal y la asignación de recursos. Anteriormente, la institución acumulaba las partidas presupuestarias no ejecutadas —lo que internamente denominaban una "buchaca"— para financiar construcciones.
Actualmente, cuando se empieza a pagar un edificio bajo la modalidad de fideicomiso, ese gasto entra dentro de la regla fiscal.
