Causas por casos FCC y OAS

Fiscalía espera que Brasil y España abran puerta para aclarar posible corrupción en obras viales

Pablo Rojas [email protected] Junio 29, 2020  12:00 am

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  • Autoridad costarricense gestionó 2 solicitudes de asistencia penal internacional
  • Ministerio Público procura obtener, fuera del país, pruebas trascendentales para el caso

(CRHoy.com). La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) presentó, en semanas recientes, 2 solicitudes de asistencia penal internacional para obtener pruebas que permitan esclarecer las investigaciones seguidas contra las empresas constructoras Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y OAS por presuntos delitos de soborno trasnacional.

En el caso de FCC el planteamiento se hizo ante las autoridades de España, mientras con OAS la gestión se realizó ante Brasil.

Ambas compañías, de amplio renombre internacional, están bajo la lupa tras revelaciones conocidas durante 2019 que señalaron la posibilidad de comisión de delitos de corrupción en territorio costarricense. Precisamente, en el país esas empresas participaron en importantes proyectos de infraestructura vial.

La FAPTA confirmó a CRHoy.com que las causas penales 19-000046-1218-PE (OAS) y la 19-000166-1218-PE (FCC) se encuentran en la etapa preparatoria (recolección y análisis de pruebas) en colaboración con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

“En ambos casos, el despacho aún está a la espera del resultado de la solicitud de Asistencia Judicial Penal Internacional tramitada por la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (OATRI) del Ministerio Público”, indicó la entidad, a través de una respuesta remitida a este medio el pasado 25 de junio.

En dichas causas penales las investigaciones se dirigen contra ignorado. Es decir, aún no hay imputados individualizados.

“Debido a que la fase actual de los casos es privada, no es posible brindar mayor información respecto a las actuaciones de la Fiscalía, pues así lo establece el artículo 295 del Código Procesal Penal”, puntualizó la FAPTA.

Expediente OAS

Entre 2012 y 2014, la brasileña OAS tuvo la concesión para modernizar el corredor vial entre San José y San Ramón.

Ante dudas con el plan y una creciente oposición comunal, la administración Chinchilla Miranda (2010-2014) puso punto final al vínculo para desarrollar el proyecto. Una decisión que se tradujo en un pago estatal cercano a los $35 millones para la constructora producto del rompimiento contractual.

¿Qué ocurrió años después? El 28 de febrero de 2019 el medio brasileño O’Globo, reveló que un joven abogado y exejecutivo de la constructora sudamericana, identificado como Alexandre Portela Barbosa, confesó ante la Fiscalía de Brasil que -presuntamente- OAS creó contratos ficticios en Costa Rica para desviar dinero que posteriormente se usó en el pago de sobornos en distintos países.

El abogado de 36 años, quien registró 2 visitas ‘relámpago’ a Costa Rica durante 2013, habría fungido como encargado de la contabilidad clandestina de la compañía y habría participado como “burro” para mover dinero hacia los países donde -se presume- se ejecutaron los pagos irregulares.

Según la revelación publicada en 2019, los  contratos fraudulentos firmados por esos brazos clandestinos de la empresa entre 2010 y 2014 sumaron cerca de $120 millones y abastecieron las cuentas de los petroleros que movían los recursos clandestinos de OAS en el exterior o remitían el dinero a Brasil.

Portela Barbosa indicó en la declaración que la empresa también ideó y ejecutó contratos fraudulentos –por obras no realizadas o que no existían- en otros 7 países: Perú, Guatemala, Ecuador, Chile, Trinidad & Tobago e Islas Vírgenes Británicas.

Al parecer, según información obtenida por CRHoy.com, el abogado viajó a Guatemala y luego a Costa Rica para realizar pagos como parte de los sobornos entregados por la gestión del proyecto vial.

Caso FCC

El 13 de junio del año pasado, el diario El País de España informó que la Policía del Principado de Andorra investigaba a la española FCC debido a que en una serie de documentos se citaron supuestos sobornos que se habrían pagado en distintos países de América Latina (entre ellos Costa Rica) a cambio de conseguir el desarrollo de proyectos de infraestructura.

Al parecer y según la información, por medio de un abogado identificado como Mauricio Cort (español nacionalizado panameño), se habría ayudado a la empresa a obtener los contratos y a pagar los presuntos sobornos mediante cuentas bancarias y sociedades domiciliadas en Andorra.

El proyecto en territorio costarricense trató sobre la modernización de la ruta 3 entre Heredia y Alajuela, la cual tuvo un costo cercano a los $20 millones.

¿Cuál es el antecedente del caso? En 2009 FCC ofertó el precio más bajo para desarrollar el proyecto en territorio tico y por eso, entre otros detalles técnicos, resultó adjudicada. La obra, tras varios atrasos, fue concluida entre 2012 y 2013.



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