Fiscalía identificó decenas de llamadas de exgerentes de BCR SAFI con grupo de exdiputado investigado
La investigación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) contra las personas indagadas por las presuntas compras con sobreprecio realizadas por la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI), en perjuicio de la hacienda pública, incluyó como insumos probatorios el análisis de comunicaciones telefónicas y la activación de radiobases de los celulares de los imputados en la causa 21-000209-1218-PE.
Los informes derivados de esos datos revelaron que el exgerente de Banca Corporativa del BCR, Juan Carlos Bolaños Azofeifa (imputado en la causa), sostuvo 31 llamadas con Manrique Gutiérrez Loría, señalado en el expediente como supuesto miembro de la mencionada "organización criminal", en la que, según la investigación, el exdiputado Humberto Vargas Corrales habría tenido un rol relevante. Vargas ocupó una curul entre 2018 y 2022 por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Las comunicaciones ocurrieron entre enero y mayo del 2020, periodo en el que Bolaños integraba el Comité de Inversión del BCR, órgano encargado de definir y avalar la compra de bienes que hoy son parte de esta pesquisa.
También se determinó que Marlon Sequeira Gamboa, exgerente de Negocios y Proyectos a. i. de BCR SAFI, y Gutiérrez Loría intercambiaron 214 llamadas desde noviembre de 2019 y durante los meses posteriores a la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), realizada el 20 de febrero del 2020. Esa propiedad se convirtió en una de las más cuestionadas, debido a que se adquirió por $70 millones, aunque su precio real no superaba los $30 millones.
Además, existe registro de otras 20 llamadas entre Vargas Corrales y Sequeira Gamboa durante junio, julio, agosto y octubre del 2020, así como tres más en febrero del 2021.
El informe de la Fiscalía 36-SANT-CI-2024 también incluyó las comunicaciones de Rosnnie Díaz Méndez, exgerente general de BCR SAFI, quien mantuvo llamadas con Manrique Gutiérrez Loría y con Humberto Vargas Corrales.
Hablaron 3 días antes de compra del PEP
El documento detalló la interacción telefónica del imputado Marco Carbajal Soto, entonces supervisor de la Unidad de Ingeniería de BCR SAFI, con Gutiérrez Loría, justo tres días antes de la transacción del PEP.
Asimismo, se registraron llamadas entre ese exfuncionario y Humberto Vargas Corrales. En total fueron cuatro comunicaciones ocurridas en el 2022. También intercambió llamadas con el arquitecto imputado Javier Chinchilla Medina, con un flujo más intenso entre 2019 y 2020.
"(…) detallándose una de ellas en particular la del día 20 de mayo de 2022 que tuvo una duración de 554 segundos así como la comunicación con los dos peritos externos que tuvieron a su cargo la emisión del informe de valoración técnica del Parque Empresarial del Pacífico", señala el documento.
En el caso del encartado Luis Fernando Arce Saborío, arquitecto que participó en el proceso de adquisición, se identificaron dos comunicaciones en febrero, una en agosto y tres en octubre del 2020. "Con duración considerable la del mes de febrero", tres días después de que los peritos visitaran el PEP para realizar la valoración y siete días antes de que emitieran el informe pericial del inmueble.
Radiobases marcaron presencia en Esparza
El informe 092-DICR-SANT-ART-2024 expone la revisión de las activaciones de radiobases, con las cuales se determinó quiénes se presentaron en las instalaciones del PEP y cuándo estuvieron allí.
Para ese análisis se revisaron activaciones en Esparza y Caldera de Puntarenas, sitio donde se ubica el complejo de bodegas. El periodo abarcó del 1.º de septiembre del 2019 al 1.º de abril del 2020, tomando como punto georreferencial el propio Parque Empresarial del Pacífico.
"(…) el analista criminal identificó las radio bases ubicadas en esa zona de interés y se plasmó el mapa para uso como referencia, las cuales de los 18 números aportados y considerados de interés por la Fiscalía, solamente 14 presentaron activaciones en las radio bases localizadas en las inmediaciones del Parque Empresarial del Pacífico, siendo la mayor cantidad de activaciones que se registraron, las pertenecientes a los integrantes del grupo vendedor conformado por Manrique Gutiérrez Loría, Héctor Giovanni Barrantes Marín y Humberto Miguel Vargas Corrales".
También se ubicó en 46 ocasiones a Natalia María Garro Acuña, exjefa de proyectos de BCR SAFI, coincidiendo con días en los que estuvieron presentes Gutiérrez y Barrantes, socios del exdiputado Vargas.
Las radiobases confirmaron la visita del supervisor de Ingeniería de la SAFI, Marco Carbajal Soto; el gerente de Negocios y Proyectos de la SAFI, Marlon Sequeira Gamboa; Giovanni Barrantes Marín; el jefe de Gestión Inmobiliaria, Federico Herrera Oviedo; Luis Carlos Gutiérrez Chaves; Jorge Alberto Chinchilla Medina; y Luis Fernando Arce Saborío.
"De esa información puede concluirse entonces que los funcionarios de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión encargados de valorar, analizar y presentar el proyecto del Parque Empresarial del Pacífico sean Marlon Sequeira Gamboa, Natalia Garro Acuña, Rossnie Humberto Díaz Méndez, Marco Antonio Carbajal Soto y Luis Carlos Gutiérrez Chaves así como el encargado de llevar a cabo el estudio de la debida dililgencia de la SAFI el señor Álvaro Antonio Jiménez Villegas, bien podrían haber conocido plenamente el estado constructivo del inmueble y que este no se encontraba completo al momento de su valoración, descartándose así que no eran construcciones menores las que estaban pendientes de construcción sino eran edificaciones de gran importancia para el buen funcionamiento, de forma que fuese considerado un buen proyecto de inversión la compra del Parque Empresarial del Pacífico".
La Fiscalía también documentó la presencia en el sitio de los arquitectos externos Luis Fernando Arce Saborío y Javier Alberto Chinchilla Medina, quienes estuvieron el 31 de enero del 2020 para realizar la valoración pericial del inmueble. Ellos definieron un valor bajo el supuesto de un inmueble finalizado en sus naves industriales, naves de frío y áreas de predios, situación que no correspondía con la realidad.
La Fiscalía allanó las oficinas centras de BCR SAFI
Inversionistas celebran allanamientos de Fiscalía
El jueves, la Fiscalía Anticorrupción realizó 16 allanamientos en casas de habitación y oficinas, entre ellas la sede de la SAFI, del BCR y el departamento de Auditoría de la entidad bancaria ubicado en sus oficinas centrales, en San José.
El objetivo fue ubicar evidencia documental y electrónica relevante para la investigación, como documentos sobre inversiones dentro y fuera del país, así como contratos y permisos de construcción.
"En la causa se investigan los presuntos delitos de sobreprecio irregular e influencia en contra de la Hacienda Pública, relacionados con actuaciones de la Junta Directiva, el Comité de Inversión, la Junta de Adquisiciones y otros profesionales de la SAFI, respecto de al menos 9 proyectos adquiridos", detallaron.
Estas diligencias fueron celebradas por los inversionistas, quienes desde marzo del 2022 han exigido cuentas a la subsidiaria del banco por las pérdidas generadas debido a las inversiones fallidas.
Las adquisiciones provocaron que sus rendimientos pasaran de 15 dólares trimestrales por acción a menos de 3 dólares, lo que derivó en la imposibilidad de vender activos adquiridos por 1.200 dólares y que hoy difícilmente alcanzarían los 150 dólares, según relataron.
"Finalmente se va viendo la luz al final del túnel. Se están dando resoluciones que el banco ha intentado detener, y ahora hay investigaciones profundas que pronto podrían develar la realidad de los hechos y acercarnos a la justicia que tanto hemos esperado", manifestó Rodrigo Alberto Carazo, vocero del grupo de afectados.
Para muchos, lo ocurrido esta semana marca un antes y un después. "Tienen material suficiente para pedir prisión preventiva a los actores de estos hechos de delincuencia mientras se completan las pesquisas. Los afectados no solo somos los 1.700 inversionistas individuales, sino también las operadoras de pensiones que confiaron recursos de miles de trabajadores en BCR", expresó Dunia Induni, afectada del caso.