Frenar ingreso de drogas a centros educativos sigue siendo un reto

La lucha por combatir el consumo de drogas tanto dentro como fuera de los portones de los centros educativos, sigue siendo un reto para el Ministerio de Educación Pública (MEP).

El MEP asegura que no baja la guardia ante esta problemática, lo cual ha permitido reducir considerablemente los casos de tenencia y consumo de drogas en los últimos años. Durante 2017, la Contraloría de Derechos Estudiantiles (CDE) recibió alrededor de 10 denuncias tramitadas desde distintos centros educativos del territorio nacional.

Si bien, el número pareciera ser bajo considerando que casi un millón de estudiantes conforman el sistema educativo público, el objetivo que persigue el ministerio es que los centros educativos sean espacios seguros para el aprendizaje, libres de toda forma de violencia, discriminación y de la presencia de los riesgos y consecuencias de las drogas.

De acuerdo con Laura Chacón, coordinadora de la Contraloría del MEP, según las bases de datos de la institución, se han reportado casos en todo el país, siendo las provincias de Heredia, San José, Alajuela, Puntarenas y Limón, los lugares de más incidencia, de igual forma se han identificado algunos centros educativos donde está problemática es más recurrente.

"En el sistema en el que se ingresa la correspondencia de la CDE se incluye, dentro de varios datos, el lugar en el que se encuentra ubicado el centro educativo… Por el derecho a la privacidad el nombre de los centros educativos nos los reservamos", indicó la coordinadora.

El MEP cuenta con un protocolo de actuación el cual establece los procedimientos a seguir desde que se detecta la droga hasta establecer las medidas y acciones correctivas para cada caso.

"El abordaje varía dependiendo del caso, sin embargo en el proceso es importante que se aplique el protocolo de actuación en situaciones de hallazgo, tenencia, consumo y tráfico de drogas. El Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, así como una coordinación interinstitucional para darle los apoyos que la persona menor de edad requiera, así como el seguimiento debido", aseguró Chacón.

En el país, toda actividad relacionada con el tráfico ilegal de drogas está prohibida por ley y es sancionada con penas de cárcel. Cualquier persona mayor o menor de edad (mayor de 12 años) que trafique, se expone a una pena de 8 a 15 años de cárcel.

En el caso de que la persona sea menor de edad (mayor de 12 años), se podrá sancionar con la Ley No. 7576. "Ley de Justicia Penal Juvenil. Artículo 121". Si el estudiante es menor de 12 años es inimputable ante la ley; por tanto, si se sospecha que se encuentra en una situación de posible tráfico, consumo o portación de drogas en el centro educativo se debe dar parte a los padres de familia o encargados legales.

Planes preventivos

Además de las acciones que realiza el MEP en velar porque los estudiantes aprendan y convivan en un ambiente libre de drogas, mediante estrategias de prevención, el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) también hace lo suyo.

Carlos Hidalgo, vocero del MSP, indicó que existe un programa policial preventivo, en el cual los oficiales van a distintos centros educativos para dar charlas, entregar información y propiciar espacios seguros de manera que los jóvenes no incurran en el consumo de drogas.

De igual forma agregó que con la unidad canina se incursiona y se hacen revisiones cuando hay coordinación con los centros educativos, con el fin de detectar casos y darles seguimiento a casos de estudiantes identificados previamente.

"Para nosotros es sumamente importante atender de manera integral este tema para evitar que los centros educativos se conviertan en un blanco fácil, en un mercado potencial de los narcotraficantes y se garantice que los centros educativos se llegue realmente a estudiar y no a otras situaciones que lleguen a incurrir en delitos o bien en afectación a la salud de los estudiantes ", manifestó el vocero.