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¿Por qué funcionarios del BN cómplices de sustracción millonaria en bóvedas aún no van a juicio?

Casos se separaron para no retrasar expediente contra principal sospechoso, quien está en prisión

Por José Adelio Murillo | 15 de Nov. 2025 | 8:01 am

Siete personas más que entonces laboraban para el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) habrían colaborado con Ricardo Olivas Valle, el exempleado de la entidad financiera acusado de 33 delitos de peculado por la sustracción de más de ₡3.200 millones de las bóvedas en 2023.

No obstante, solo el principal imputado —de momento— afrontará un juicio por el multimillonario atraco. La razón es que la investigación para demostrar la aparente culpabilidad del extesorero ya estaba finalizada y, para no obstaculizar el debate, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) optó por separar los expedientes.

El expediente más avanzado ya está en el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, a la espera de que se designe una fecha para el enjuiciamiento. El caso paralelo, que incluye a los aparentes cómplices de la sustracción, sigue bajo investigación.

Ronald Segura, fiscal anticorrupción a cargo del caso, explicó a CR Hoy que la intención es realizar el juicio contra Olivas en los próximos meses, antes del 8 de marzo, cuando vence la prórroga de prisión preventiva de este exempleado bancario.

Paralelamente, continuarán las indagaciones contra el resto de personas.

"Hay otra parte imputados que tienen otras conductas que esa causa se mantiene abierta, pero para no atrasar el caso principal y obviamente porque esta persona está en prisión preventiva, se decidió acusar una parte. Hacer un testimonio de piezas para separar la otra, de manera que también se pueda lograr un resultado efectivo.

Uno de los grandes desafíos que tienen la justicia en Costa Rica es la impunidad por el paso del tiempo, entonces obviamente lo que queremos nosotros y lo que hemos querido es que las investigaciones se hagan más rápido para que puedan llegar a juicio y no se genere impunidad si el juicio se hace 10 o 15 años después", indicó el fiscal.

Según la hipótesis inicial, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) apunta a que Olivas Valle habría sustraído dinero en efectivo en siete ocasiones distintas entre agosto y setiembre de 2023.

La Fiscalía cree que Olivas se asoció con los otros funcionarios para ejecutar el plan. Todos los investigados laboraban en ese momento para el Banco Nacional. Entre ellos figura un hombre de apellidos Ugalde Morales, supervisor de Tesorería de Procesamiento de Efectivo.

También están bajo la lupa a Blanco Oviedo, supervisor de Procesamiento de Efectivo; Cerdas Martínez, autoevaluadora de Procesamiento de Efectivo; Hernández Saborío, contador de Efectivo; Madrigal Faerrón, jefe de Tesorería; Bolaños Zúñiga, guarda de seguridad; y Ramírez Sandí, supervisor de Procesamiento de Efectivo.

Olivas habría sido el encargado de ejecutar materialmente las sustracciones, valiéndose de la incomunicación entre el Sistema Transaccional Finesse y el Sistema de Control de la Administración de Efectivo (SCAE).

Los imputados Blanco Oviedo, Ugalde Morales, Hernández Saborío, Madrigal Faerrón, Ramírez Sandí y Cerdas Méndez habrían colaborado en ocultar el desbalance contable generado por la extracción del dinero, mediante el registro de información falsa en los arqueos diarios y la omisión de los controles internos que debían ejecutar y verificar.

Al parecer, Olivas entregaba a Ugalde Morales sumas inferiores a las que recibían otros funcionarios del CIPE. De esa manera, habría acumulado una suma injustificada superior a los ₡4.556 millones, de los cuales el 71% fue sustraído directamente de las instalaciones.

La investigación logró acreditar al menos siete presuntas sustracciones ocurridas entre el 25 de agosto y el 26 de setiembre de 2023, bajo un mismo método: Olivas introducía fajos de billetes en un sobre manila amarillo y salía caminando del CIPE con el sobre en la mano derecha.

Olivas afrontará pronto el juicio luego de que el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública acogió en días recientes la petición de la FAPTA. El Juzgado también extendió por cuatro meses más la prisión preventiva contra Olivas.

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