SIP: Subasta de frecuencias de Chaves amenaza la libertad de expresión y el pluralismo
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por el proceso de subasta de frecuencias de radio y televisión impulsado por el Gobierno de Costa Rica, al considerar que el mecanismo propuesto representa un riesgo directo para el pluralismo, la diversidad y el derecho a la libertad de expresión en el país.
Con el supuesto propósito de "democratizar" el uso de los recursos estatales y hacer que las empresas paguen "lo justo" por su operación, el gobierno del presidente Rodrigo Chaves anunció semanas atrás una subasta de frecuencias de radio y televisión.
Emisoras quedaron por fuera de subasta
Tras el cierre del plazo de licitación el pasado 21 de noviembre, decenas de emisoras denunciaron que no pudieron presentar una oferta. Según medios, afectados, gremios, especialistas, partidos opositores y organizaciones —incluida la Iglesia Católica— "esta situación supondría un golpe a la libertad de expresión y a la pluralidad democrática en Costa Rica".
El pasado 26 de noviembre, la Sala Constitucional ordenó como medida cautelar la suspensión inmediata de la subasta convocada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), mientras se resuelve un recurso de amparo interpuesto contra el proceso, tal y como informó CR Hoy.
Experiencias regionales
"Los estándares internacionales y la jurisprudencia del sistema interamericano establecen que los procedimientos de asignación del espectro radioeléctrico no pueden basarse únicamente en criterios técnicos, económicos o fiscales, pues ello resulta incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión", señaló la SIP.
Asimismo, el artículo 7 de la Declaración de Chapultepec de la SIP afirma que las políticas fiscales, las licencias para la importación de insumos periodísticos, el otorgamiento de frecuencias y la publicidad estatal no deben utilizarse para premiar o castigar a medios o periodistas.
La experiencia comparada en la región demuestra que los modelos de concesión que excluyen a sectores por razones económicas o que favorecen la concentración afectan gravemente el derecho de la ciudadanía a recibir información plural, diversa y de calidad.
El presidente de la SIP, Pierre Manigault, quien también encabeza Evening Post Publishing Inc. (Charleston, Carolina del Sur), señaló que "el espectro radioeléctrico no es un bien comercial sujeto a la lógica de la puja más alta; es un recurso público esencial para la democracia. Un mecanismo que excluye a medios por razones económicas atenta contra la pluralidad y debilita el ecosistema informativo".
Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM), enfatizó que "los estándares interamericanos son claros: las concesiones deben promover diversidad, no excluirla. Cuando el costo de participar en una subasta deja fuera a emisoras, la libertad de expresión se ve comprometida. La democracia necesita todas las voces".
Pronunciamientos en Costa Rica
El Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica (Colper) advirtió que el proceso carece de una visión integral centrada en el interés público y que el énfasis fiscalista del Ejecutivo no garantiza el derecho ciudadano a recibir contenidos diversos, educativos, culturales y regionales.
A estas preocupaciones se suma la alerta del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX). Su presidente, Raúl Silesky, indicó que los altos costos definidos por el Gobierno están llevando a numerosas emisoras AM, FM y canales de televisión —algunos con más de 60 años de trayectoria— a anunciar su eventual salida del aire ante la imposibilidad de asumir las condiciones de la subasta.
"Las características con las que fue lanzado el proceso son prohibitivas; muchas emisoras ya han dicho que no participarán porque no tienen recursos, y lo más lamentable es que esto va disminuyendo las voces en Costa Rica", afirmó.
"Aunque Costa Rica ha sido históricamente un referente regional en materia de libertad de expresión, una misión internacional de la SIP realizada en enero constató un creciente deterioro. Según el informe, el Poder Ejecutivo mantiene una actitud de estigmatización e intimidación hacia el periodismo crítico, lo que genera un ambiente de tensión que afecta el trabajo de los medios y fomenta el temor y la autocensura", finalizó la SIP.
De momento, la subasta de frecuencias de radio y televisión está frenada por la Sala Constitucional.