Nueva República inunda con 103 mociones plan que prohíbe “terapias” de conversión sexual

La fracción del Partido Nueva República (PNR) presentó 103 mociones de reiteración al proyecto 20.970, una propuesta del Frente Amplio (FA) que busca prohibir las terapias de conversión para gais.

El diputado Fabricio Alvarado cumplió así su advertencia de paralizar el avance de este plan cuando el pasado 8 de febrero señaló en la reunión de jefes de fracción que presentarían más de 100 mociones de reiteración para obstruir el plan.

Las mociones de reiteración son la última facultad que da el reglamento legislativo a un diputado para volver a presentar las mociones en plenario que ya fueron rechazadas en la comisión, en este caso en la Comisión de Derechos Humanos.

En aquel momento, Alvarado había solicitado tiempo para presentar una moción de texto alterno, tras varias consultas que se habían hecho a organizaciones religiosas, pero la fracción nunca presentó dicha propuesta.

Las 103 mociones presentadas alargarán la discusión del proyecto en plenario por meses. Esto porque el reglamento legislativo en el artículo 138 indica que los diputados proponentes de la moción tendrán hasta 5 minutos para defenderla.

Pero además, si otro diputado quiere hablar en contra de la moción y otros a favor, se podrá conceder hasta 5 minutos a cada uno.

A esto se suma que a partir del próximo 1 de noviembre entra en vigencia un nuevo periodo de sesiones extraordinarias, donde es el Poder Legislativo quien maneja la agenda de proyectos que se pueden ver en plenario y en las comisiones.

Ya el propio presidente Chaves había adelantado criterio en contra de este proyecto en marzo pasado.

“Estamos en contra de la propuesta del FA y queremos ver el nuevo texto a ver si tiene sentido. No se puede maltratar a nadie por determinada orientación sexual, pero tampoco se puede irse al otro lado de mandar un cura a la chirola -cárcel- o un pastor”, afirmó Chaves.

Es decir, que durante los próximos tres meses (hasta febrero) el plan quedaría congelado por orden del Poder Ejecutivo. 

El diputado del FA, Antonio Ortega, ha insistido que el proyecto no se busca perseguir nadie, sino que cualquier persona que busque un diálogo, terapia o acercamiento con un sacerdote, se deba abordar desde un criterio asertivo o de una manera afirmativa.

“Esto significa que a la persona no se le diga, ni que está enferma, ni que tiene un demonio, ni que tiene que ser sanado, esto porque lamentablemente se usan esos criterios”, mencionó el frenteamplista.

Las personas de la comunidad LGBTIQA+ ya han rechazado este tipo de terapias, alegando que entienden su orientación sexual como “una patología” y se aplican métodos de tortura física y psicológica para “cambiar” su sexualidad.

Mientras que el diputado Alvarado ha insistido que este proyecto es “un intento del FA por atacar la libertad religiosa, por legalizar la persecución religiosa”.