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Bernal Jiménez Chavarría

/ por Academia de Centroamérica

Opinión: Asalto fiscal ¡Digamos no!

Diciembre 3, 2020 4:36 am

Opinión: Asalto fiscal ¡Digamos no!

Bajo el expediente legislativo 22.144, el Ministerio de Hacienda impulsa un proyecto de ley para que el Estado traslade 180,000 millones (unos $300 millones o 0.5% del PIB) a un fondo que cancele a los bancos públicos y privados las pérdidas de los préstamos que no sean pagados por sus deudores. Los beneficiarios de dicho regalo estatal serán los bancos directamente, pues recibirán el pago de todos los préstamos no pagados por personas o empresas “que atraviesen dificultades de carácter temporal como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y que enfrentan insuficiencia de garantías que limita sus posibilidades de financiamiento” (Art 2).

Las pérdidas de todos los bancos que se estime por algún criterio no especificado están relacionadas con el COVID-19 serán pagadas por todos los costarricenses, que deben aportar en promedio 36,000 colones cada uno para crear el fondo.

Recordemos donde estamos: tenemos una crisis fiscal profunda, el Gobierno gasta mucho más de lo que recolecta en impuestos y enfrentamos escogencia inmediata entre bajar el gasto o subir los impuestos. Tenemos la única pandemia de nuestras vidas, una sociedad convulsionada, centenares de miles de personas sin trabajo y más de mil quinientas familias que han perdido alguno de sus miembros al Covid-19. El proyecto pretende trasladar recursos del Estado para pagar los préstamos que no paguen los clientes que
“atraviesen dificultades de carácter temporal” en virtud del Covid-19. Quien no haya atravesado dificultades temporales en virtud del Covid debe haber vivido el 2020 en Marte. Queda únicamente el requisito de “enfrentar insuficiencia en las garantías”, es decir tener una deuda mayor que el valor de las garantías que otorgó. Nótese además que este problema sería fundamentalmente del banco, que no tiene cómo cobrar.

Usemos los criterios de eficiencia y equidad, los únicos válidos en materia de gobierno.

Primero eficiencia: si los préstamos ya se dieron, y ya se determinó que los mismos no se van a pagar, esta situación no cambiaría la eficiencia de la sociedad. Los hechos económicos que ya se dieron son historia y el futuro de las decisiones económicas no se afecta. No hay efecto alguno sobre la eficiencia. El que la garantía sea insuficiente es un error a posteriori del banco, que el Estado terminaría pagando.

Para el caso de los créditos nuevos, si al cliente tiene insuficiente garantía, el fondo le daría aval por la diferencia y se la garantizaría al banco. Entonces el banco podría otorgar préstamos nuevos para los cuales claramente la garantía no alcanza, es decir le prestaría 100 a quien tiene solo 60 de garantía con la seguridad de que todos los costarricenses pagaremos la diferencia. La consecuencia de seguro será que el banco va a prestar con mayor liberalidad, sin escoger con cuidado cuáles proyectos tienen garantías mejores, pues la diferencia siempre la va a cubrir el estado. La crisis de EUA del 2008 se dio por esta razón.

Al mismo tiempo el cliente tiene incentivo para dar menos garantía, y disminuir consecuentemente su riesgo.

La única condición relevante que se les impone es que mantengan, durante todo su plazo del crédito, al menos el número de empleados que tenían en el momento de recibirlo. Como estamos en el peor momento de empleo en años, este nivel será de seguro sumamente bajo. ¡La aspiración del proyecto sería entonces que el desempleo no suba de más del 20% que se está dando en la actualidad!

Este proyecto provoca lo que se llama en inglés “moral hazard”, traducido como riesgo moral, destruyendo a todas luces los incentivos para prevenir las pérdidas y aplicar la precaución, tanto a los clientes como a los banqueros.

Segundo equidad: lo que sí afecta es la distribución del ingreso, pues se retiran 36,000 colones en promedio de la bolsa de cada costarricense y se transfieren a los bancos. ¿Quiénes serían los beneficiados de esta generosidad? Si son públicos, sería el propio gobierno, que a su vez es dueño de los bancos. Esto sería neutro, pues el Estado es dueño de ambos lados de la transferencia, pero introduciría una ineficiencia innecesaria en el proceso. Si en cambio se traslada a los bancos privados, la ganancia iría directo a la bolsa de los dueños de los bancos, la mayoría de ellos extranjeros. Esto explica el origen que debe tener este proyecto. Para los préstamos futuros existe una posibilidad de que los mismos sean beneficiosos para las empresas y algunas se expandan y formen más empleos, pero dudo que esto beneficie en al menos 36,000 colones a cada costarricense y esto no lo demuestra el proyecto. Sería mucho mejor usar transferencias directas a los trabajadores perjudicados.

He visto ideas malas en mi vida de economista, aquí y en muchas latitudes. Este proyecto sin duda se encuentra dentro de las peores de todos los tiempos. Es chapucero, mediocre, sin técnica alguna, tardío, pues estamos al principio del fin de la pandemia, y lo peor de todo, un asalto descarado y carente de ética, empatía humana y mucho menos respeto por la inteligencia y el sufrimiento de los costarricenses. No tengo idea de que está pensando el Ministerio de Hacienda cuando envía a la Asamblea este despropósito de ley. En las escogencias se conocen los valores de las acciones humanas. Costa Rica no tiene programas de ayuda a la gente desempleada, ni a las personas que han perdido sus familiares, ni a los que se han quedado incapacitados por la pandemia. Los programas de entrega de comida se han reducido sustancialmente, por falta de fondos. Si éstas son las prioridades del Presidente y del Ministro de Hacienda, no me imagino como pueden enfrentar a un costarricense de frente y decirle que pague más impuestos.

Los banqueros, sus abogados, asesores o cabilderos, que aparentemente ayudaron a redactar este proyecto deben avergonzarse de lo que están haciendo y más deben hacerlo los funcionarios públicos que intentan elevarlo a Ley de la República. Esto no es otra cosa que un asalto fiscal, disfrazado con poco disimulo de programa de ayuda, inexplicablemente avalado por el Ministerio de Hacienda. Solo una persona con muy poca formación y menos aún, suspicacia, creería que esto es una ayuda a la economía. De ninguna manera deben destinarse recursos para regalar a los banqueros a cambio de que supuestamente sus clientes mantengan el nivel de empleo raquítico que existe en la actualidad.

Cuando nuestros hijos nos pregunten por qué razón estamos en una sociedad en la que la gente ha perdido la fe en el Gobierno, les podemos explicar que actos como éste minan lentamente la confianza y la fe públicas. ¡Digamos NO y hagamos que todo diputado se entere de la realidad de este proyecto!

Bernal Jiménez Chavarría

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